El Congreso da luz verde a tramitar una ley de Junts para desalojos de okupas en solo 48 horas

El Congreso ha dado este martes un primer paso para tramitar una ley que acelere los desahucios y los desalojos de okupas en un plazo de 48 horas. La Cámara Baja ha dado luz verde a la toma en consideración de una proposición presentada por Junts a la que han sumado sus apoyos PSOE y PP. Populares y socialistas coinciden en reconocer su preocupación por la okupación ilegal de viviendas. Los de Pedro Sánchez recuerdan que el allanamiento de morada ya es un delito, aunque consideran que el ordenamiento jurídico es "susceptible de mejora". A su izquierda, sus socios habituales insisten en que se trata de un problema minoritario alimentado por discursos alarmistas.

La iniciativa a la que el Congreso ha dado el visto bueno inicial plantea que los procedimientos para desalojar inmuebles okupados ilegalmente no están siendo "suficientemente eficaces ni suficientemente rápidas". Por ello, pretende reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ampliar las medidas cautelares en caso de denuncia y garantizar la recuperación de la vivienda en un máximo de 48 horas, "impidiendo dilaciones" cuando se aleguen situaciones de vulnerabilidad. "La aplicación indiscriminada de esta protección se ha convertido en una herramienta que puede ser utilizada para dilatar injustificadamente los procesos", argumenta el texto impulsado por Junts.

"Hay que evitar que la protección de la vulnerabilidad recaiga sobre los titulares de inmuebles", ha recalcado en el debate parlamentario la diputada de Junts Marta Madrenas, que ha enfatizado la necesidad de preservar el derecho a la propiedad privada y ha reconocido que la mayoría de okupaciones ilegales no se producen sobre viviendas habituales. Los de Puigdemont admiten que se ha creado una "alarma ciudadana" que no se corresponde con la realidad, pero creen que la "extrema izquierda" y la "respuesta permisiva legal y judicial" han contribuido a hacer proliferar las okupaciones y que este fenómeno se ha convertido en un "grave" problema que vinculan con la delincuencia y consideran que genera problemas de convivencia.

Además de Junts, la propuesta de los de Puigdemont ha contado con el voto favorable de PP, PSOE, PNV, Coalición Canaria y Vox. Los socialistas han defendido que se trata de una iniciativa para "preservar" el derecho a la propiedad privada. "El ordenamiento jurídico español cuenta con mecanismos suficientes para perseguir la mal denominada ocupación ilegal. No obstante, este marco jurídico evidentemente es susceptible de mejora", ha señalado el diputado socialista Guillermo Hita, que ha recalcado la necesidad de que no se "menoscabe" la protección a los colectivos especialmente vulnerables y ha matizado que el endurecimiento de los desalojos no soluciona por sí solo el problema de la vivienda.

El PP ha dicho compartir la preocupación por la okupación, aunque ha recordado que ellos ya impulsaron su propia ley antiokupación y ha denunciado que se encuentra "congelada" por los socialistas en el Congreso. "Podríamos haber acabado ya con las okupaciones ilegales, porque ya podríamos tener vigente una ley que no tenemos porque Sánchez y Armengol han decidido bloquearla. No les importa convertir España en un país donde un okupa tiene mayor protección que aquel al que le roban su casa", ha expresado la diputada Cristina Agüera, que ha defendido que la iniciativa de los populares es "más completa" que la de Junts.

También ha apoyado la proposición de ley ha sido el PNV, que ha resaltado la necesidad de "mejorar la protección de los ciudadanos en la tenencia y disfrute de sus propiedades" y atender los "perjuicios que este fenómeno puede ocasionar a los vecinos", aunque ha reconocido que apenas se interponen 16.500 denuncias al año y ha pedido no "desatender" las situaciones de vulnerabilidad. "El vigente ordenamiento jurídico no tiene una respuesta ágil y eficiente para recuperar las viviendas", ha asegurado el diputado Mikel Legarda. No obstante, los nacionalistas vascos han subrayado que el debate en torno a al okupación no puede ser una "excusa" para acusar al Gobierno de "gestión criminal" o "complicidad" con los okupas ni para alentar un discurso xenófobo.

Vox ha vinculado precisamente la okupación y la inmigración y ha acusado al Gobierno de "amparar la delincuencia". Según los de Abascal, "la comparsa de okupas extranjeros, islamistas y antifascistas se adueña no solo de las casas sino de las calles". "No estamos ante una ocupación puntual de espacios públicos, sino constante de gente que impone sus mundos en nuestros mundos. Hay códigos postales completamente ocupados por inmigraciones masivas", ha aseverado el diputado Carlos Hernández, que ha asegurado que "hay zonas donde no solo hay que desokupar viviendas, sino barrios enteros".

"Una voluntad permanente de generar temor"

En el extremo opuesto del arco parlamentario, las formaciones a la izquierda del PSOE han rechazado de plano la iniciativa de Junts, al considerar que se trata de un intento de generar alarmismo ante un problema minoritario que afecta a apenas el 0,06% del parque de viviendas español, que roza los 27 millones de inmuebles en todo el país. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 16.426 denuncias de este tipo, un 7,4% más que en 2023.

Sumar, ERC y Bildu recuerdan que la usurpación y el allanamiento de morada están ya recogidos actualmente en el ordenamiento jurídico y reprochan a los de Puigdemont que pretendan equiparar ambos delitos y dar el mismo tratamiento a los casos en los que se okupe una casa vacía que una habitada. "La okupación ilegal de morada ajena es algo rechazable, pero ya existen leyes contra el allanamiento de morada", ha aclarado el diputado de Sumar Gerardo Pisarello, que ha tildado de "clasista" y "racista" el debate en torno a la okupación.

"La ley ya contempla que si te entran en casa puedas sacarlos en 48 horas, el problema es que la Justicia no funciona, porque está colapsada", ha agregado la diputada republicana Etna Estrems, que ha calificado la propuesta de Junts como una "maniobra de distracción" del problema de la vivienda. "Lo que hay detrás de esta iniciativa es una voluntad permanente por generar un estado de temor, ansiedad y miedo en la población en torno a la posibilidad de que se vayan a por el pan y les okupen la vivienda", ha lamentado el diputado de Bildu Oskar Matute.