El borrador de la sentencia del Constitucional avala la 'Ley Trans' de Irene Montero con algunas modificaciones

El Tribunal Constitucional (TC) estudiará esta semana el recurso del PP contra la Ley Trans a partir de una ponencia que avala los principales aspectos de la norma —que son también los más polémicos—, aunque realizando modificaciones.

Los magistrados analizarán en el Pleno que arranca este martes el recurso presentado por el PP contra varios artículos de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, aprobada en 2023.

La ponencia, redactada por el magistrado progresista Juan Carlos Campo, propone estimar parcialmente la impugnación de los 'populares', pero fuentes consultadas por Europa Press subrayan que se trata de "algún cuestionamiento" menor, por lo que aboga por avalar lo fundamental de la ley.

En cambio, sí que ve inconstitucional dos infracciones disciplinarias: una es sobre la difusión de libros y materiales docentes que presenten tesis sobre la inferiorización de grupos LGTBI+ y otra de incitación a la comisión de infracciones contra la ley.

Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por Efe, de distintas sensibilidades en el tribunal, avanzan que la ponencia de Campo "es solo una propuesta" y que "existe mucha discusión sobre este recurso", por ser "una cuestión compleja y polémica".

Tanto es así, que la ven "difícil de cerrar", entre otras cosas, por las definiciones sobre el sexo y el género y toda la polémica sobre los derechos de las personas trans e intersexuales.

"Se mezclan muchas cosas con este recurso", señalan las fuentes, que advierten del choque que se puede producir entre sensibilidades y pensamientos feministas con la norma, algo que ya sucedió en la tramitación de la ley, que partió en dos al movimiento feminista.

Y esa "tensión" afecta principalmente a la denominada mayoría progresista del tribunal, de ahí que la resolución del recurso sea imprevisible e, incluso, precise de más sesiones plenarias en próximas fechas.

El PP ve un disparate la actual normativa trans, que reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años y que también Vox ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Advierten los populares de consecuencias lesivas, sobre todo en los menores, denuncian que la normativa puede ser un "nuevo sí es sí" y señalan que hay países dando marcha atrás a este tipo de normativas que reconocen la autodeterminación de género.

Artículos recurridos por el PP

En concreto, el PP ha recurrido el artículo 19.2, que permite la modificación genital en menores de entre 12 y 16 años cuando lo pida el propio menor y "siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada".

Los de Alberto Núñez Feijóo han impugnado también los dos primeros apartados del artículo 43, que permite que los menores de 15 y 16 años puedan pedir el cambio de sexo en el Registro Civil asistidos de sus representantes legales y que las personas mayores de 16 años puedan pedirlo por sí mismas.

De la misma forma, han atacado los apartados 3 y 9 del artículo 44, que para realizar dicho trámite exime de presentar informe médico o psicológico y de "la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole".

Han recurrido también el artículo 47, según el cual "transcurridos seis meses desde la inscripción en el Registro Civil de la rectificación de la mención registral relativa al sexo, las personas que hubieran promovido dicha rectificación podrán recuperar la mención registral del sexo que figuraba previamente" siguiendo el mismo procedimiento.

Las tachas del PP se han dirigido asimismo contra el apartado 3.b) del artículo 79, que señala como infracción administrativa "la realización de actos o la imposición de disposiciones o cláusulas en los negocios jurídicos que supongan, directa o indirectamente, un trato menos favorable" para las personas 'trans' "en relación con otra persona que se encuentre en situación análoga".

Y contra los apartados 4 e) y f) del mismo precepto, que definen como infracciones administrativas graves "la elaboración, utilización o difusión en centros educativos de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales"; y "la convocatoria de espectáculos públicos o actividades recreativas que tengan como objeto la incitación a realizar conductas tipificadas como graves o muy graves".