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Defraudador confeso por partida doble: el novio de Ayuso también reconoció sus delitos fiscales a la Abogacía del Estado
El caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sumando giros inesperados. No solo admitió ante la Fiscalía su implicación en dos delitos fiscales, sino que también lo hizo ante la Abogacía del Estado. Esta nueva revelación desmonta la estrategia de su defensa, que hasta ahora había centrado sus alegaciones únicamente en la Fiscalía. Según ha desvelado El Español, el 2 de febrero de 2024, el abogado de González Amador, Carlos Neira, envió un correo electrónico a la Fiscalía de Delitos Económicos en el que su cliente reconocía haber cometido fraude fiscal. Apenas doce minutos después, a las 12:58 horas, remitió la misma confesión a la Abogacía del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Presidencia y Justicia. El correo, con el asunto "Propuesta conformidad penal delito contra la HP Maxwell", reflejaba la intención del empresario de llegar a un acuerdo de conformidad penal, asumiendo los hechos y comprometiéndose a devolver el dinero defraudado, incluyendo los intereses de demora exigidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Un dato clave ocultado por la defensa Hasta ahora, la defensa de González Amador había insistido en que la única institución que había recibido la confesión era la Fiscalía. Sin embargo, la confirmación de que también fue enviada a la Abogacía del Estado amplía el número de personas que tuvieron acceso al documento un mes antes de que se filtrara a los medios de comunicación. Esta revelación cobra aún más importancia en el marco de la investigación judicial en marcha. El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. La denuncia partió del propio González Amador, quien acusó a la Fiscalía de haber difundido públicamente información sobre su acuerdo de conformidad antes de que se hiciera oficial. La investigación salpica a Moncloa En paralelo, la exasesora de La Moncloa, Pilar Sánchez Acera, ha declarado ante el Tribunal Supremo que recibió el correo sobre González Amador a través de la prensa y no desde el Gobierno ni la Fiscalía. Según su testimonio, decidió reenviar el documento al entonces líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, para que lo utilizara en una sesión de control de la Asamblea de Madrid. Mientras tanto, nuevos datos revelan la magnitud de la difusión del expediente. La Fiscalía Provincial de Madrid ha admitido que las diligencias fueron subidas a una carpeta interna compartida, accesible para fiscales y funcionarios de la sección de delitos económicos. Posteriormente, debido al volumen de documentos, se trasladaron a otra carpeta alojada en la web de la Fiscalía, a la que tuvieron acceso 499 personas. La investigación sigue abierta y la defensa del fiscal general argumenta que la nota difundida no constituye un delito, al tiempo que denuncia una vulneración de su derecho a la defensa. Por otro lado, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha calificado la filtración del caso como un hecho de "extrema gravedad", al considerar que...
El caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sumando giros inesperados. No solo admitió ante la Fiscalía su implicación en dos delitos fiscales, sino que también lo hizo ante la Abogacía del Estado. Esta nueva revelación desmonta la estrategia de su defensa, que hasta ahora había centrado sus alegaciones únicamente en la Fiscalía. Según ha desvelado El Español, el 2 de febrero de 2024, el abogado de González Amador, Carlos Neira, envió un correo electrónico a la Fiscalía de Delitos Económicos en el que su cliente reconocía haber cometido fraude fiscal. Apenas doce minutos después, a las 12:58 horas, remitió la misma confesión a la Abogacía del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Presidencia y Justicia. El correo, con el asunto "Propuesta conformidad penal delito contra la HP Maxwell", reflejaba la intención del empresario de llegar a un acuerdo de conformidad penal, asumiendo los hechos y comprometiéndose a devolver el dinero defraudado, incluyendo los intereses de demora exigidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Un dato clave ocultado por la defensa Hasta ahora, la defensa de González Amador había insistido en que la única institución que había recibido la confesión era la Fiscalía. Sin embargo, la confirmación de que también fue enviada a la Abogacía del Estado amplía el número de personas que tuvieron acceso al documento un mes antes de que se filtrara a los medios de comunicación. Esta revelación cobra aún más importancia en el marco de la investigación judicial en marcha. El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. La denuncia partió del propio González Amador, quien acusó a la Fiscalía de haber difundido públicamente información sobre su acuerdo de conformidad antes de que se hiciera oficial. La investigación salpica a Moncloa En paralelo, la exasesora de La Moncloa, Pilar Sánchez Acera, ha declarado ante el Tribunal Supremo que recibió el correo sobre González Amador a través de la prensa y no desde el Gobierno ni la Fiscalía. Según su testimonio, decidió reenviar el documento al entonces líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, para que lo utilizara en una sesión de control de la Asamblea de Madrid. Mientras tanto, nuevos datos revelan la magnitud de la difusión del expediente. La Fiscalía Provincial de Madrid ha admitido que las diligencias fueron subidas a una carpeta interna compartida, accesible para fiscales y funcionarios de la sección de delitos económicos. Posteriormente, debido al volumen de documentos, se trasladaron a otra carpeta alojada en la web de la Fiscalía, a la que tuvieron acceso 499 personas. La investigación sigue abierta y la defensa del fiscal general argumenta que la nota difundida no constituye un delito, al tiempo que denuncia una vulneración de su derecho a la defensa. Por otro lado, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha calificado la filtración del caso como un hecho de "extrema gravedad", al considerar que...
