Bruselas se pone de parte de España y le ordena no pagar la primera indemnización que estudia por el 'hachazo' a las renovables

La Comisión Europea ha dado la razón a España en su negativa de pagar las indemnizaciones a las que le condenan cortes internacionales de arbitraje por litigios que presentan compañías y fondos que habían invertido en parques renovables antes del final de las primas en 2013, por los perjuicios que les supuso en términos de rentabilidad. La estrategia del Gobierno ha sido hacer oídos sordos a reclamaciones que superan los mil millones de euros cuando se produce algún fallo, y este lunes Bruselas le ha conminado a no pagar, porque cumplir con los laudos supondría una ayuda de Estado ilegal. El Ejecutivo espera que esta decisión se traslade al resto de litigios dentro de la UE, aunque está por ver si lo hará también a aquellos que implican compañías y tribunales no comunitarios.

"La Comisión Europea concluye que el laudo arbitral, que ordena a España a pagar una compensación a Antin por la modificación de las ayudas a la electricidad renovable, constituye una ayuda de Estado ilegal", ha informado este lunes la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea que ahora dirige la exvicepresidenta Teresa Ribera, sobre una investigación que empezó en 2021 sobre si el pago de 101 millones a la empresa luxemburguesa Antin -Antin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energia Termosolar- a los que se había condenado pagar a España por lo que se conoce el 'hachazo' a las renovables, el final en 2013 de las primas a las renovables que se habrían aprobado en 2007 para promoverlas.

La Comisión considera que pagar supondría conceder una ayuda de Estado que sería ilegal -de la misma manera que recuerda que las primas a las renovables de 2007, otorgadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no pasaron por la evaluación de su dirección de Competencia- y da "instrucciones a España para no pagar ninguna compensación basada en un laudo arbitral".

"La decisión también pide a España asegurarse de que no se produce ningún pago, ejecución o aplicación del laudo", dice la Comisión Europea. También "recuerda a los jueces a asistir a España para asegurar que se cumple la decisión de la Comisión, incluyendo tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar el reconocimiento, ejecución o aplicación del laudo arbitral en países terceros". Esto podría suceder porque, como recuerda el Gobierno, muchas de las compañías que invirtieron en renovables en España en 2007 y perdieron beneficios por el fin de las primas cinco años más tarde han revendido estos derechos de cobro a "fondos buitre" o intentan que los laudos se ejecuten en tribunales de fuera de la UE, de Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Por ejemplo, en verano de 2023 el Tribunal Superior de Londres ordenó el embargo de una sede del Instituto Cervantes en la capital británica por una deuda impagada a otro inversor afectado por el 'hachazo' a las renovables. Como en todos los demás casos en los que ha sido condenado, el Gobierno se ha negado.

Para justificar esta negativa a pagar las indemnizaciones, el Gobierno se ha venido excusando en la legislación de competencia de la UE y en el riesgo de que tal pago fuera considerado una ayuda de Estado a las empresas demandantes. Esto es lo que precisamente ha determinado ahora la Comisión Europea, sobre una empresa europea demandante y en un tribunal de la UE. La incógnita se mantiene sobre qué sucederá con los laudos de fuera de la UE.

De momento, el Ministerio para la Transición Ecológica "valora positivamente la medida" de la Comisión, que considera que "respalda la posición de España, que no ha abonado cantidad alguna relativa a los laudos a la espera de que concluyan los análisis" desde el punto de vista de la regulación de Competencia de la UE.

Transición Ecológica dice que la evaluación sobre si debía o no pagar la indemnización a Antin se ha tramitado "como piloto" y espera que la instrucción por parte de la Comisión de que no la pague "es trasladable" al resto de casos que tengan lugar dentro de la UE, aunque todavía desconoce cómo va a proceder la Comisión. Lo que no está tan claro a ojos del Gobierno es si el efecto dominó también llegará a laudos dictados por cortes de fuera de la UE. En todo caso, lo intentará y "lo invocará en las distintas jurisdicciones extranjeras".

Impuesto al sol y reclamaciones milmillonarias

El origen de estas disputas comerciales que ponen a España en riesgo de tener que pagar indemnizaciones milmillonarias está en la decisión que tomó en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy de poner fin a las primas a las renovables que había puesto en pie en 2007 el de Rodríguez Zapatero, para animar las inversiones en este sector, por entonces muy incipiente. El final de las ayudas y la imposición de lo que se conoció como el "impuesto al sol" provocó mermas en las rentabilidades esperadas por los inversores y que muchos de ellos recurrieran ante cortes internacionales de resolución de diferencias comerciales, en litigios que años más tarde, en 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez no pudo frenar con la oferta que les hizo para que desistiesen. Podrían acogerse a rentabilidad del 7,39% hasta 2031, que era ventajosa en términos absolutos pero menor de sus retribuciones si no se hubiera dado el "hachazo" a las primas renovables. En el Gobierno afirman que esta norma "frenó radicalmente" las demandas; fuentes jurídicas expertas en estos litigios afirman, por el contrario, que no fue más que "un parche".

En cualquier caso, quedaron pendientes 51 casos contra el Reino de España que, en su momento, sumaban reclamaciones por más de 10.600 millones. De los 43 que ya se han fallado, España ha perdido 30 -otros 10 los ha ganado y otros tres se han anulado- y la respuesta del Gobierno siempre ha sido la misma, negarse a pagar la indemnización y esperar al análisis de la Comisión Europea bajo la lupa de la regulación de ayudas de Estado. La conclusión de este lunes es la primera y, mientras que el Gobierno espera que se replique en arbitrios de la misma naturaleza -esto es, intracomunitarios-, no tiene tan claro si tendrá efecto en los que se dirimen fuera de la UE.

En todo caso, Transición Ecológica ha vuelto a dar por buena su estrategia -confirmada en conversación con el Ministerio de Asuntos Económicos de forma periódica- de no pagar los laudos que "ha conseguido que los tribunales arbitrales rebajen sustancialmente las indemnizaciones reclamadas", hasta un 85% sobre lo demandado, dice en una nota. El Ministerio subraya que los laudos que se fallan en contra de España contemplen indemnizaciones "cada vez más bajas". Frente a los más de 10.600 millones hace años, las reconocidas ahora ascienden 'solo' a 1.514 millones.