El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, según sus siglas en inglés) eliminó las restricciones sobre arrestos migratorios en escuelas, hospitales y lugares de culto, tras la asunción presidencial de Donald Trump. Esta medida, que revierte una política vigente por más de una década, generó preocupación entre familias inmigrantes. En este contexto, las autoridades educativas se preparan para posibles redadas y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Las escuelas, en alerta ante cambios en las políticas del ICE sobre redadas y operativos

Educadores y familias inmigrantes han expresado su creciente preocupación ante la posibilidad de operativos en las escuelas. Para muchos alumnos, los establecimientos educativos representan un espacio seguro, pero el miedo a posibles arrestos ha cambiado esta percepción. “Si un niño está demasiado estresado en el aula como para concentrarse, ¿cómo podrá aprender?”, cuestionó Madeline Negron, superintendente de las Escuelas Públicas de New Haven, Connecticut, en declaraciones a PBS News.

Por su parte, Caryn Shapiro, maestra de inglés como segunda lengua, afirmó que varios alumnos han dejado de asistir desde el 20 de enero, día en el que Donald Trump comenzó su segundo mandato no consecutivo. “Me envían mensajes diciendo que tienen miedo. Sus padres no quieren que vayan a la parada del autobús”, relató en la entrevista.

Los protocolos y capacitaciones de las escuelas para proteger a los estudiantes de arrestos

Para hacer frente a la incertidumbre, organizaciones como el Centro Nacional de Leyes de Inmigración realizan capacitación para educadores y distribuyen materiales sobre derechos de los inmigrantes. “Estamos entregando tarjetas informativas para que las personas conozcan sus derechos en caso de una intervención del ICE”, explicó Kica Matos, presidenta de la organización, a PBS News.

Además, recomiendan a las escuelas establecer protocolos claros. “Es fundamental identificar áreas privadas y públicas dentro de las instalaciones, porque la Cuarta Enmienda otorga protección contra allanamientos sin una orden judicial”, señaló Matos. También enfatizó la importancia de que el personal sepa distinguir entre una orden judicial válida y una orden administrativa del ICE, que no tiene el mismo peso legal.

El impacto en la comunidad educativa: temor a detenciones del ICE

El temor a la aplicación de la nueva política no solo afecta a estudiantes indocumentados. “Incluso las familias con estatus legal sienten que podrían ser víctimas colaterales de una redada”, explicó Matos.

El impacto emocional en los niños es otro de los retos que enfrentan los docentes. “Los maestros ahora también deben ser consejeros y terapeutas, prestando atención a signos de trauma”, agregó Matos, que recordó el caso de una niña de 11 años en Texas que se quitó la vida tras ser acosada por su estatus migratorio.

Mientras las tensiones sobre la inmigración continúan, las escuelas buscan maneras de garantizar la seguridad de sus estudiantes y preservar su derecho a la educación.

Trump amenaza con recortar fondos a escuelas que permitan “protestas ilegales”

Donald Trump anunció este martes que su administración cesará el financiamiento federal a las instituciones educativas que permitan “protestas ilegales” en sus campus. Esta medida se suma a otras iniciativas previas del mandatario para condicionar el acceso a recursos federales en el ámbito educativo, según informó AFP.

Trump ya había advertido sobre posibles recortes a universidades y colegios que incluyeran en sus programas de enseñanza contenidos sobre género y raza, permitieran la participación de atletas transgénero en competencias femeninas o impusieran la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19. Ahora, su enfoque apunta a la regulación de las manifestaciones dentro de los centros educativos.

Durante su discurso, el republicano no especificó qué criterios se utilizarán para definir qué protestas serán consideradas “ilegales” ni cómo se aplicarán las restricciones. No obstante, su anuncio ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos civiles y de la libertad de expresión, que ven en esta medida una posible amenaza a la autonomía de las instituciones educativas, de acuerdo con el reporte de AFP.

El financiamiento federal representa una parte significativa del presupuesto de muchas escuelas y universidades en Estados Unidos. Un eventual recorte podría afectar programas de becas, apoyo a estudiantes de bajos recursos y proyectos de investigación. Analistas señalan que la implementación de esta política podría generar un fuerte debate legal sobre los límites de la autoridad presidencial en la educación pública.