Acabar con el ruido
Cuestionar la legitimidad del Constitucional o criticar su sistema de nombramientos es, en definitiva, criticar esa Constitución que la derecha tanto enarbola y abraza. Por eso es tan importante vencer al silencio, respetar las instituciones y no lanzarse al ataque de tal o cual posición en función de la persona que la defiende y no de sus argumentos El presidente del Constitucional denuncia presiones de “poderes políticos, mediáticos o económicos” En la política, en el derecho, en el periodismo, en las relaciones humanas y en la vida, en general, las formas lo son todo. Mucho más relevante que lo que se dice es cómo se dice. Sin embargo, hace tiempo que el respeto, la cortesía y la educación mínima han cedido espacio al grito, la grosería, el ruido y la radicalidad. Todos en mayor o menor medida somos responsables de que el sonido ambiente de la conversación pública sea atronador, de haber participado de alguna de las contiendas políticas, jurídicas o periodísticas sin pensar en las consecuencias de una erosión que afecta a la convivencia, al crédito de las instituciones y, en definitiva, a la democracia. Entristece comprobar cómo nos lanzamos al ataque de tal o cual posición en función de la persona o la institución que la defiende y no de sus argumentos. Y así es cómo hemos llegado hasta aquí: a una ofensiva insólita desde la trinchera de la política, pero también desde diferentes ámbitos judiciales, contra el Tribunal Constitucional y su presidente, Cándido Conde Pumpido. Nadie en 45 años de democracia se había atrevido a calificar al máximo garante de la Carta Magna de “cáncer de la democracia” hasta que lo hizo el popular Esteban González Pons. Nadie en 45 años de democracia había acusado al TC, como hizo Feijóo, de “manosear las sentencias”. Nunca antes determinados jueces y fiscales habían proferido descalificaciones tan gruesas contra el órgano de garantías. Nunca antes desde la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo habían advertido a los magistrados del Constitucional de que pueden ser juzgados por “prevaricación” en sus resoluciones. Nunca antes desde una Audiencia Provincial se anunció que no se acatará una sentencias del TC, como ha hecho la de Sevilla respecto a la que rebaja las condenas de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y otros ex consejeros y altos cargos de la Junta de Andalucía por una supuesta vulneración del Derecho Comunitario. Y, lo peor, es que todo ello puede ser solo el prólogo de lo que el Supremo puede llegar a decir o hacer cuando haya sentencia sobre la ley de amnistía antes del verano, tal y como este lunes anunció en Los Desayunos de El Ateneo de Madrid, Cándido Conde Pumpido. El presidente del órgano de garantías rompió por primera vez desde que asumió el cargo el silencio con el que ha respondido a cada ataque a la institución que llegaba del sector conservador de la magistratura, a cada insulto personal desde determinados medios, a cada diatriba política y a cada intento de deslegitimación. Y lo ha hecho para lamentar que los magistrados del tribunal de garantías se vean sometidos a “amenazas de utilizar la vía penal” de organizaciones ultras que, en los últimos meses, se han querellado contra sus miembros, por reducir las condenas de los procesados en el caso de los ERE de Andalucía. Pero también para denunciar que se haya producido “un juicio paralelo” por su decisión de pedir informes internos sobre la intención de la Audiencia de Sevilla de elevar al TJUE la decisión del Constitucional sobre los ERE, ya que “no pretendían cuestionar la autonomía de ningún órgano jurisdiccional” que decida plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Constitucional, añadió su presidente, se enfrenta a “fuerzas o corrientes de opinión muy poderosas, que representan a un poder político, mediático, económico o de otra índole que tiene interés en mantener una norma o en que se declare inconstitucional otra que afecta a sus intereses de una forma u otra”. Algo, por otra parte, que se repite desde que en 2023 hay una mayoría progresista en el órgano de garantías que, como decía Tomás y Valiente y recordó Conde Pumpido, “no puede esperar el aplauso, pero tampoco acobardarse ante la crítica porque es el poder el que debe someterse a la razón y no la razón al poder”. Cuestionar la legitimidad del TC o criticar su sistema de nombramientos es, en definitiva, criticar esa Constitución que la derecha tanto enarbola y abraza. Por eso es tan importante romper el silencio, acabar con el ruido, respetar las instituciones y prestar más atención a los argumentos que a las personas que los expresan. Ojalá ahora que Trump ha logrado un insólito clima de entendimiento entre todos los partidos -con la excepción, claro, de Vox- cunda el ejemplo y se entienda de una vez que desde la lógica discrepancia se pueden respetar las institu
Cuestionar la legitimidad del Constitucional o criticar su sistema de nombramientos es, en definitiva, criticar esa Constitución que la derecha tanto enarbola y abraza. Por eso es tan importante vencer al silencio, respetar las instituciones y no lanzarse al ataque de tal o cual posición en función de la persona que la defiende y no de sus argumentos
El presidente del Constitucional denuncia presiones de “poderes políticos, mediáticos o económicos”
En la política, en el derecho, en el periodismo, en las relaciones humanas y en la vida, en general, las formas lo son todo. Mucho más relevante que lo que se dice es cómo se dice. Sin embargo, hace tiempo que el respeto, la cortesía y la educación mínima han cedido espacio al grito, la grosería, el ruido y la radicalidad.
Todos en mayor o menor medida somos responsables de que el sonido ambiente de la conversación pública sea atronador, de haber participado de alguna de las contiendas políticas, jurídicas o periodísticas sin pensar en las consecuencias de una erosión que afecta a la convivencia, al crédito de las instituciones y, en definitiva, a la democracia. Entristece comprobar cómo nos lanzamos al ataque de tal o cual posición en función de la persona o la institución que la defiende y no de sus argumentos.
Y así es cómo hemos llegado hasta aquí: a una ofensiva insólita desde la trinchera de la política, pero también desde diferentes ámbitos judiciales, contra el Tribunal Constitucional y su presidente, Cándido Conde Pumpido. Nadie en 45 años de democracia se había atrevido a calificar al máximo garante de la Carta Magna de “cáncer de la democracia” hasta que lo hizo el popular Esteban González Pons. Nadie en 45 años de democracia había acusado al TC, como hizo Feijóo, de “manosear las sentencias”.
Nunca antes determinados jueces y fiscales habían proferido descalificaciones tan gruesas contra el órgano de garantías. Nunca antes desde la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo habían advertido a los magistrados del Constitucional de que pueden ser juzgados por “prevaricación” en sus resoluciones. Nunca antes desde una Audiencia Provincial se anunció que no se acatará una sentencias del TC, como ha hecho la de Sevilla respecto a la que rebaja las condenas de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y otros ex consejeros y altos cargos de la Junta de Andalucía por una supuesta vulneración del Derecho Comunitario.
Y, lo peor, es que todo ello puede ser solo el prólogo de lo que el Supremo puede llegar a decir o hacer cuando haya sentencia sobre la ley de amnistía antes del verano, tal y como este lunes anunció en Los Desayunos de El Ateneo de Madrid, Cándido Conde Pumpido.
El presidente del órgano de garantías rompió por primera vez desde que asumió el cargo el silencio con el que ha respondido a cada ataque a la institución que llegaba del sector conservador de la magistratura, a cada insulto personal desde determinados medios, a cada diatriba política y a cada intento de deslegitimación. Y lo ha hecho para lamentar que los magistrados del tribunal de garantías se vean sometidos a “amenazas de utilizar la vía penal” de organizaciones ultras que, en los últimos meses, se han querellado contra sus miembros, por reducir las condenas de los procesados en el caso de los ERE de Andalucía. Pero también para denunciar que se haya producido “un juicio paralelo” por su decisión de pedir informes internos sobre la intención de la Audiencia de Sevilla de elevar al TJUE la decisión del Constitucional sobre los ERE, ya que “no pretendían cuestionar la autonomía de ningún órgano jurisdiccional” que decida plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Constitucional, añadió su presidente, se enfrenta a “fuerzas o corrientes de opinión muy poderosas, que representan a un poder político, mediático, económico o de otra índole que tiene interés en mantener una norma o en que se declare inconstitucional otra que afecta a sus intereses de una forma u otra”. Algo, por otra parte, que se repite desde que en 2023 hay una mayoría progresista en el órgano de garantías que, como decía Tomás y Valiente y recordó Conde Pumpido, “no puede esperar el aplauso, pero tampoco acobardarse ante la crítica porque es el poder el que debe someterse a la razón y no la razón al poder”.
Cuestionar la legitimidad del TC o criticar su sistema de nombramientos es, en definitiva, criticar esa Constitución que la derecha tanto enarbola y abraza. Por eso es tan importante romper el silencio, acabar con el ruido, respetar las instituciones y prestar más atención a los argumentos que a las personas que los expresan.
Ojalá ahora que Trump ha logrado un insólito clima de entendimiento entre todos los partidos -con la excepción, claro, de Vox- cunda el ejemplo y se entienda de una vez que desde la lógica discrepancia se pueden respetar las instituciones del Estado y que ante una sentencia debiera importar más la construcción y los argumentos de la misma que quién sea el presidente del tribunal que la dicta.