8 de marzo: Una lucha imprescindible para la igualdad real

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la celebración y la reivindicación son más necesarias que nunca. En un contexto global donde la igualdad de género sigue siendo un horizonte lejano y amenazado, España no puede permitirse bajar la guardia. Nuestro país ha avanzado en materia de igualdad, pero los datos muestran que las brechas de género persisten con una crudeza inaceptable. Según el informe de UGT sobre igualdad salarial, la brecha salarial en 2022 se situó en un 17,09%, lo que significa que las mujeres siguen ganando menos que los hombres por el mismo trabajo o por trabajos de igual valor. Esta desigualdad estructural nos obliga a seguir movilizándonos y exigiendo medidas concretas y eficaces.

Uno de los factores que ha ayudado a mitigar la brecha salarial ha sido el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Desde 2019, gracias a la presión sindical, las sucesivas subidas del SMI han reducido significativamente la brecha salarial, mejorando las condiciones de las trabajadoras con los sueldos más bajos, que siguen siendo, en su mayoría, mujeres. Sin embargo, es evidente que aún queda mucho por hacer. El empleo precario, el techo de cristal, la penalización por maternidad y la desigualdad en los complementos salariales siguen siendo realidades que impiden una equidad efectiva.

En esta línea, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales no es solo una medida de progreso laboral, sino también una medida feminista porque son ellas las principales beneficiarias de jornadas más reducidas. Tal y como señala el informe de UGT, son las mujeres quienes en mayor proporción tienen jornadas parciales, la mayoría de ellas no deseadas, y quienes piden de forma abrumadora la reducción de jornada por guarda legal. Esto se debe a que son ellas las que tienen los salarios más bajos, lo que hace que la economía familiar se resienta menos si es su sueldo el que se reduce. A ello se suma la persistente resistencia a cambiar malos hábitos, que perpetúa la idea de que sean las mujeres quienes se ocupen mayoritariamente de los cuidados. Reducir la jornada laboral es, por tanto, una forma de corregir esta desigualdad estructural, permitiendo una mejor conciliación sin pérdida salarial.

Pero la amenaza a la igualdad no es solo una cuestión económica. En el panorama internacional, las políticas regresivas de líderes como Donald Trump han mostrado cómo se puede desmantelar en poco tiempo décadas de avances en derechos de las mujeres. La eliminación de protecciones sociales, los ataques al derecho al aborto y la reducción de programas contra la violencia de género en Estados Unidos son un recordatorio de que los derechos de las mujeres no están garantizados y pueden ser arrebatados si no se defienden con firmeza. A ello se suma el ataque directo a las mujeres trans, a quienes se les ha negado protección en múltiples estados y han sido objeto de políticas discriminatorias que las excluyen de espacios seguros, asistencia sanitaria y reconocimiento legal. Europa y España, donde Trump es jaleado por la extrema derecha, deben situarse a la vanguardia de la resistencia y de la lucha por la igualdad de género, consolidando un modelo social que no permita retrocesos.

El desprecio de Trump por la igualdad y por los derechos de las mujeres es, en realidad, un desprecio a los derechos humanos en su conjunto. Su decisión de retirar a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una muestra clara de su desdén hacia la cooperación internacional y la protección de los derechos fundamentales, debilitando incluso los intereses estadounidenses. En un mundo cada vez más interconectado, necesitamos reforzar la cooperación multilateral en torno a intereses compartidos, especialmente en la defensa de los derechos humanos. La igualdad de género no es una lucha aislada, sino una causa global que debe contar con el respaldo de todas las democracias comprometidas con la justicia y la dignidad de las personas.

Este mismo mes, está previsto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) examine la adecuación del complemento de brecha de género, pactado en 2021 por todos los interlocutores sociales —sindicatos, patronal y Gobierno— para reducir la brecha de género existente en las pensiones de nuestro país. La futura decisión del Tribunal de Luxemburgo ni siquiera ha motivado un informe del abogado general, lo que nos genera gran incertidumbre. Si, como nos tememos, la sentencia es contraria al mantenimiento de este complemento para las mujeres, tendremos que solicitar a las autoridades europeas la modificación de la obsoleta Directiva 79/7/CEE, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. Es imprescindible, y urgente, que las legislaciones europeas incorporen medidas de discriminación positiva que permitan reducir, y finalmente eliminar, las grandes diferencias que aún existen entre las pensiones de mujeres y hombres.

Este 8 de marzo, desde UGT llamamos a toda la sociedad a movilizarse. La igualdad real no se alcanzará sin el compromiso de todas y todos. No basta con buenas intenciones; necesitamos medidas concretas, voluntad política y una ciudadanía activa que exija cambios estructurales. La lucha feminista no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad para construir una sociedad más democrática, justa y avanzada. Y en esta lucha, el sindicalismo será siempre un pilar fundamental.