Xenófobo e inconstitucional
No hace falta acudir a las declaraciones de Carles Puigdemont o de Míriam Nogueras para constatar que la proposición de ley orgánica que transfiere la política migratoria a la Generalitat de Cataluña es un texto con un sesgo xenófobo y etnicista incuestionable. Basta leer, exclusivamente, el comunicado que ayer difundió el PSOE con el argumentario que justifica, con razones inadmisibles en una democracia europea, lo que los socialistas disfrazan como ley de delegación de competencias. Tal nota defiende esta cesión competencial en la necesidad de garantizar «la catalanidad» y la «inmersión lingüística» de los inmigrantes que lleguen a Cataluña. Lo dicen los socialistas, no Junts, ni ERC, ni la Aliança Catalana de Silvia Orriols. Además, el partido del progresista Pedro Sánchez define un marco migratorio común para extranjeros y españoles no nacidos en Cataluña y, sobre esta percepción, justifica el PSOE que sea la Generalitat la que gestione el «fenómeno migratorio». Españoles extranjeros en su propio país. Luego vienen los mantras para engañar a incautos, esos con los que se apela a «los derechos fundamentales», a «la cohesión social y el progreso» y a la «cooperación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Pues bien, es una proposición de ley orgánica que se cierne como una amenaza para los derechos fundamentales de los inmigrantes irregulares, expuestos a «devoluciones en caliente» practicadas por los Mossos d'Esquadra en un clima de limpieza social; no busca más cohesión que la del discurso xenófobo del nacionalismo de Junts y ERC, asustados por el empuje de la formación ultra Alianza Catalana; y no va a haber cooperación leal con las Fuerzas de Seguridad del Estado, porque estas se deben al interés del Estado y no a los intereses nacionalistas. El PSOE es un partido enfermo por el ansia de poder, que le lleva a practicar directamente políticas y discursos del nacionalismo predemocrático. Además, su propuesta pervierte el sentido de la delegación de competencias prevista por el artículo 150 de la Constitución; delegación que habría de ser, por otro lado, materia de un proyecto de ley orgánica presentada por el Gobierno de la nación –de nuevo, escondido tras una proposición de ley–, y no por dos grupos parlamentarios. Tan ajena es esta proposición de ley orgánica a la Constitución de 1978 que el PSOE, en su comunicado, la vincula con un sedicente «Acuerdo de Bruselas», título dado al pacto de investidura sellado con el prófugo Puigdemont, como si fuera un tratado internacional entre iguales. Y de esto se trata, de convertir la frontera de España con Francia en una frontera de Cataluña con Francia y en crear esas «estructuras de Estado» que tanto ansían los nacionalistas y que están facilitando los socialistas para provocar una auténtica mutación del orden constitucional y del modelo territorial del Estado. El objetivo a corto plazo es mantener a Sánchez en La Moncloa; pero a medio y largo plazo es derogar el pacto constituyente de 1978, simplemente expulsando al Estado de Cataluña. Lo más sorprendente es que este monumento legislativo a la xenofobia tendrá que ser gestionado por una Generalitat presidida por un socialista, Salvador Illa, convertido en la cara amable que, a modo de máscara, tapa el juego sucio de su partido con un exponente cualificado del nacionalismo predemocrático. Podemos ha anunciado que votará en contra, como tantas veces en las que luego ha tragado con lo que imponía la lógica inmoral del poder socialista. Pero, haga lo que haga la izquierda aliada al PSOE, lo cierto es que la sociedad española se enfrenta a una expectativa cierta de que las fronteras cedidas al nacionalismo catalán sean las del Ebro, sin aduanas ni barreras físicas, solo con políticas de hecho a partir de los recursos de autoridad y poder que el Estado regala a la Generalitat. Esto sucede mientras la UE debate la regulación común de los flujos migratorios, en un difícil equilibrio con el «espacio Schengen», que también corre un riesgo real con este pacto del PSOE con Junts. El internacionalismo del PSOE es falso. Este partido ha roto los vínculos que decía tener con la Ilustración y el racionalismo democrático y se dedica a alimentar a partidos e ideologías que representan lo contrario de los ideales de la socialdemocracia. Mientras Sánchez quiere venderse como el freno progresista a la «internacional ultraderechista», al mismo tiempo firma un acuerdo que podría suscribir íntegramente, por ejemplo, Alternativa por Alemania y cualquier formación que defienda la identidad política a partir del idioma y la tradición. A esto el propio PSOE lo suele calificar como fascismo.
No hace falta acudir a las declaraciones de Carles Puigdemont o de Míriam Nogueras para constatar que la proposición de ley orgánica que transfiere la política migratoria a la Generalitat de Cataluña es un texto con un sesgo xenófobo y etnicista incuestionable. Basta leer, exclusivamente, el comunicado que ayer difundió el PSOE con el argumentario que justifica, con razones inadmisibles en una democracia europea, lo que los socialistas disfrazan como ley de delegación de competencias. Tal nota defiende esta cesión competencial en la necesidad de garantizar «la catalanidad» y la «inmersión lingüística» de los inmigrantes que lleguen a Cataluña. Lo dicen los socialistas, no Junts, ni ERC, ni la Aliança Catalana de Silvia Orriols. Además, el partido del progresista Pedro Sánchez define un marco migratorio común para extranjeros y españoles no nacidos en Cataluña y, sobre esta percepción, justifica el PSOE que sea la Generalitat la que gestione el «fenómeno migratorio». Españoles extranjeros en su propio país. Luego vienen los mantras para engañar a incautos, esos con los que se apela a «los derechos fundamentales», a «la cohesión social y el progreso» y a la «cooperación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Pues bien, es una proposición de ley orgánica que se cierne como una amenaza para los derechos fundamentales de los inmigrantes irregulares, expuestos a «devoluciones en caliente» practicadas por los Mossos d'Esquadra en un clima de limpieza social; no busca más cohesión que la del discurso xenófobo del nacionalismo de Junts y ERC, asustados por el empuje de la formación ultra Alianza Catalana; y no va a haber cooperación leal con las Fuerzas de Seguridad del Estado, porque estas se deben al interés del Estado y no a los intereses nacionalistas. El PSOE es un partido enfermo por el ansia de poder, que le lleva a practicar directamente políticas y discursos del nacionalismo predemocrático. Además, su propuesta pervierte el sentido de la delegación de competencias prevista por el artículo 150 de la Constitución; delegación que habría de ser, por otro lado, materia de un proyecto de ley orgánica presentada por el Gobierno de la nación –de nuevo, escondido tras una proposición de ley–, y no por dos grupos parlamentarios. Tan ajena es esta proposición de ley orgánica a la Constitución de 1978 que el PSOE, en su comunicado, la vincula con un sedicente «Acuerdo de Bruselas», título dado al pacto de investidura sellado con el prófugo Puigdemont, como si fuera un tratado internacional entre iguales. Y de esto se trata, de convertir la frontera de España con Francia en una frontera de Cataluña con Francia y en crear esas «estructuras de Estado» que tanto ansían los nacionalistas y que están facilitando los socialistas para provocar una auténtica mutación del orden constitucional y del modelo territorial del Estado. El objetivo a corto plazo es mantener a Sánchez en La Moncloa; pero a medio y largo plazo es derogar el pacto constituyente de 1978, simplemente expulsando al Estado de Cataluña. Lo más sorprendente es que este monumento legislativo a la xenofobia tendrá que ser gestionado por una Generalitat presidida por un socialista, Salvador Illa, convertido en la cara amable que, a modo de máscara, tapa el juego sucio de su partido con un exponente cualificado del nacionalismo predemocrático. Podemos ha anunciado que votará en contra, como tantas veces en las que luego ha tragado con lo que imponía la lógica inmoral del poder socialista. Pero, haga lo que haga la izquierda aliada al PSOE, lo cierto es que la sociedad española se enfrenta a una expectativa cierta de que las fronteras cedidas al nacionalismo catalán sean las del Ebro, sin aduanas ni barreras físicas, solo con políticas de hecho a partir de los recursos de autoridad y poder que el Estado regala a la Generalitat. Esto sucede mientras la UE debate la regulación común de los flujos migratorios, en un difícil equilibrio con el «espacio Schengen», que también corre un riesgo real con este pacto del PSOE con Junts. El internacionalismo del PSOE es falso. Este partido ha roto los vínculos que decía tener con la Ilustración y el racionalismo democrático y se dedica a alimentar a partidos e ideologías que representan lo contrario de los ideales de la socialdemocracia. Mientras Sánchez quiere venderse como el freno progresista a la «internacional ultraderechista», al mismo tiempo firma un acuerdo que podría suscribir íntegramente, por ejemplo, Alternativa por Alemania y cualquier formación que defienda la identidad política a partir del idioma y la tradición. A esto el propio PSOE lo suele calificar como fascismo.
