Vicentin: imputan a los cuatro exdirectivos que están detenidos

Cuatro exdirectivos de Vicentín comenzaron a ser imputados este jueves, y sumarán nuevas acusaciones en una causa por estafa y asociación ilícita, que se abrió en 2020. El fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos, ordenó la detención el viernes pasado de Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, porque considera que estos exejecutivos de la agroexportadora, que entró en default en diciembre de 2019, usaron fondos de la empresa para gastos personales, como por ejemplo, los honorarios de los abogados, entre otras cosas.

Como los cuatro directivos ya estaban imputados en una causa por estafa y asociación ilícita el fiscal considera que cometieron delitos estando en libertad y por lo tanto, por peligrosidad procesal, corresponde que sigan en prisión. Esto es lo que se definirá en las próximas horas.

La audiencia imputativa arrancó de manera bastante caótica cerca de las 15, una hora después de lo previsto. La defensa de los ex directivos de la cerealera pidió aplazar la audiencia para permitir el traslado de Scarel y Macua desde el lugar donde están detenidos desde el fin de semana pasado. Cerca de las 16 fueron trasladados los dos acusados, que se sumaron a Buyatti y Gazze, que estaban en el recinto.  Cerca de las 18, se dispuso un cuarto intermedio. Antes del receso, los defensores, entre ellos, Jorge Ilharrescondo, se quejó por el tiempo que le dieron para revisar la imputación, que les llegó a la madrugada.

“Si a mis clientes le atribuyen un delito y en base a eso se pide prisión preventiva, lo que corresponde en un estado de derecho es que nos den los tiempos para adoptar los medios adecuados para ejercer la defensa y replicar los delitos que se atribuyen. Y eso no ha acontecido”, afirmó el letrado, que también se quejó de que la Fiscalía reveló datos sobre los honorarios que cobraron. Ilharrescondo actuó en varias causas como “delegado” de Mariano Cúneo Libarona, antes de ser ministro.

Vicentin atraviesa una situación crítica. No sólo no tiene para pagar los sueldos a más de 2000 empleados que tiene en las plantas de Ricardone y San Lorenzo, sino una deuda postconcursal de 5000 millones de pesos, y desde el viernes pasado se sumó otro problema: cuatro exdirectivos de la empresa están detenidos. Por eso, la importancia de la audiencia de este jueves.

Las detenciones fueron ordenadas por la Fiscalía de Delitos Económicos, donde desde 2020 hay una investigación abierta contra la mesa ejecutiva que gerenció la empresa que nació en Avellaneda, norte de Santa Fe. La causa es por estafa y asociación ilícita. A fines del año pasado, el fiscal Miguel Moreno pidió penas de hasta 17 años de prisión para varios directivos, entre los que se encontraban Buyatti, Macua, Gazze y Scarel. El mayo de 2023, cuando la fiscalía imputó a estos ejecutivos, planteó que conformaron una asociación ilícita destinada a la “planificación y comisión de una pluralidad de delitos”, entre los que se encuentran defraudación, estafas y administración infiel.

Este nuevo capítulo surgió a partir de la documentación que presentó un grupo de accionistas minoritarios de la empresa que pedían ser querellantes.

La justicia rechazó ese planteo, pero la Fiscalía de Delitos Económicos analizó la información que presentaron y abrió una investigación sobre el uso de fondos que hacían directivos de la agroexportadora para solventar gastos personales, como, por ejemplo, el pago de honorarios a sus abogados, por un valor estimado de 1,5 millones de dólares. Se detectó también que facturaban viajes en avión de una aeronave que era de la compañía. Los accionistas minoritarios, muchos de ellos con el mismo apellido de los fundadores de la agroexportadora, fueron quienes acercaron esa información. “Los datos estaban en el expediente. Lo que hicimos nosotros fue detectar una serie de irregularidades en desmedro de la empresa”, afirmó a LA NACION una fuente ligada a una de las familias fundadoras.

Cuando el fiscal Narvaja analizó la información, detectó y confirmó estas irregularidades, y ordenó la detención, en momentos en que el foco de la atención estaba en Scarel, expresidente de Vicentin, a quien el extitular de ARCA Carlos Vaudagna había nombrado en su declaración como arrepentido. Narvaja le ganó de mano a los fiscales federal, entre ellos, Roberto Salum, de Reconquista, que investigan la relación tóxica que tenía Vaudagna con Scarel y los favores que le había hecho a la agroexportadora con la liquidación de impuestos.

En su declaración ante la justicia federal, Vaudagna admitió que benefició a la empresa cerealera que entró en default en 2019 al eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por un monto total de $143.254.723,61, cometido en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

El exjefe de la AFIP también reconoció que entre mayo de 2018 y julio de 2019 intercedió y ejerció su influencia ante funcionario de ARCA que estaban a cargo en la fiscalización e inspección de créditos fiscales indebidamente percibidos por Vícentin SAIC. La maniobra de Vaudagna, según admitió fue evitar que sean impugnados y reducir el monto del ajuste fiscal determinado por la exAFIP, con la finalidad de evitar la denuncia penal contra la empresa.

A este problema gigante, Scarel sumó otro, que involucra además a otros capos de la compañía como Buyatti, Macua y Gazze. Los cuatro quedaron presos y Narvaja comenzó a imputarlos este jueves.

La situación es muy complicada para estos exdirectivos que ya venían siendo investigados. Porque estas maniobras prueban que estando en libertad podían realizar operaciones para beneficiarse con dinero de la firma, que se encuentra en una situación crítica.

A la par de esta causa penal, se encuentra el concurso de acreedores de Vicentin, que también está en una situación delicada, luego de que la Corte Suprema de Santa Fe anulara el 18 de febrero pasado la sentencia que homologaba el acuerdo de la empresa con los acreedores.

Esto derivó en que la firma presentara ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe un Recurso Extraordinario Federal (REF) contra esa decisión que llevará a una nueva revisión del caso. El máximo tribunal consideró que la homologación del acuerdo -consentido por 62% de los acreedores que representan el 72% del capital defaulteado de US$ 1573 millones- violó el principio de igualdad, según el reclamo de Commodities SA. Esta madeja judicial llevó a la empresa a transitar por una aguda incertidumbre que afecta a casi 2000 trabajadores.

Esta conjugación de problemas en torno a Vicentin deja a la empresa que fue la cuarta agroexportadora más grande de la Argentina al borde del colapso. La cerealera enfrenta problemas para pagar los sueldos en medio de una agitación cada vez más en ascenso de los trabajadores. Estos frentes de tormenta probablemente influyan en la búsqueda de una salida, que tiene que ver con la posibilidad de evitar la quiebra. En este contexto suma porotos, ante la presión desde distintos costados, el cram down -competencia de propuestas para “salvar” la agroexportadora- permitiría que todos los interesados expongan sus propuestas para que los acreedores vean una salida. Ese será otro capítulo de esta trama plagada de oscuridades y de intereses que se traducen en millones de dólares que están en juego.