Una acusación popular pide a la jueza de la DANA que investigue si alguno de los organismos del Cecopi grabó la reunión

Movimientos en la causa de la DANA que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. La acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià ha solicitado a la jueza instructora que requiera a la treintena de organismos convocados el pasado 29 de octubre al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) una copia de la hipotética grabación de la reunión —“completa o parcial”— que “pudiera obrar en sus equipos en caso de haberse conectado telemáticamente”. Una treintena de organismos participaron en el Cecopi del día de la DANA (convocado a las 17.00, a pesar de que la Aemet había elevado a las 07.31 de la mañana el nivel de aviso rojo en la zona del interior norte de la provincia de Valencia). La inmensa mayoría eran organismos públicos (tanto autonómicos como del Gobierno central), aunque en la lista también figura la empresa Iberdrola. No existe una grabación oficial de la reunión; no obstante, un fragmento del audio que desmentía nítidamente una de las mentiras de la entonces consellera, Salomé Pradas, fue publicado por la Cadena Ser.

El escrito de la acusación popular, al que ha tenido acceso elDiario.es, también propone a la magistrada instructora que requiera a Presidencia de la Generalitat la “identificación” del vehículo oficial usado por el president Carlos Mazón el pasado 29 de octubre, día de la catastrófica barrancada. También pide que se requieran a la Conselleria de Emergencias “idénticos datos” sobre el vehículo oficial que usaba la entonces consellera Salomé Pradas, y su equipo: el secretario autonómico Emilio Argüeso, y el director general, Alberto Martín Moratilla, que aún forma parte del Consell a pesar de la desastrosa gestión de la DANA.

La entidad también solicita que se especifique el nombre del conductor y la “hora de salida y de regreso del parque móvil”, además de los desplazamientos en esa franja horaria y las posibles dietas devengadas. El chófer de Mazón, según ha podido saber elDiario.es, es Ernesto S.M. El conductor empezó su jornada del pasado 29 de octubre con el vehículo oficial del jefe del Consell a las 08.00 y acabó a las 02.00 de la madrugada del día siguiente.

La petición de diligencias de la entidad se produce tras la última versión del jefe del Consell sobre su llegada a la reunión del Cecopi en l'Eliana, según la cual entró en el recinto a las 20.28. En una línea similar, Podemos ha pedido que se investiguen los movimientos de los agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana que escoltaron a Mazón aquella jornada, tal como ha informado este diario.

Acció Cultural también pide que se identifiquen los vehículos oficiales utilizados por los escoltas del president Mazón, especificando las tarjetas de identificación profesional (números de placa) de los agentes, las horas de salida y de regreso al parque móvil y posibles dietas “de hospedaje, restauración o por cualquier otro concepto”.

La jueza tiene pendiente resolver esta nueva petición de diligencias de la acusación popular y su solicitud anterior de que se proceda a una “inspección ocular” del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana para “verificar” las cámaras del Cecopi.

Liberum pide que se expulse al PSOE de la causa

Por otro lado, la asociación Liberum (originalmente nacida como un movimiento antivacunas en la pandemia de la Covid-19) ha pedido a la jueza que expulse a la acusación popular que ejerce el PSPV-PSOE. La entidad ha recurrido el auto del pasado 26 de febrero en el que la instructora admitió la personación de los socialistas, tal como había hecho previamente con partidos tan diversos como Vox o Podemos y con el sindicato anarquista CGT.

Un escrito de Liberum, al que ha tenido acceso este diario, considera que el PSPV-PSOE “buscaría su verdad”, por lo que su personación en la causa “atentaría contra la propia naturaleza en la condición de imparcialidad y objetividad que se precie en toda fase de instrucción”.

La asociación, que se declara “apolítica”, prevé que “miembros del Gobierno del PSOE” puedan acabar siendo investigados por la jueza instructora y alude específicamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Aemet y el Ministerio de Transición Ecológica.

'Mai Més València' pide personarse como acusación popular

Por otro lado, una nueva entidad ha solicitado incorporarse a la causa como acusación popular. Se trata de la asociación 'Mai Més València', en cuyo escrito dirigido a la jueza instructora asegura que es “notoria y conocida” la ausencia de “avisos adecuados y eficientes” a la población para resguardarse de las inundaciones del pasado 29 de octubre.

La entidad vincula el “retraso evidente” en el envío del Es-Alert y el contenido inadecuado del aviso a la población con los 224 fallecimientos y las tres desapariciones. El escrito considera que la causa de las muertes, desapariciones y lesiones podría haber sido la “imprudencia” o la “impericia” de las autoridades y de los funcionarios “encargados de prevenir y avisar a la población en caso de alertas climáticas y las emergencias hidráulicas que éstas puedan provocar”.

La asociación 'Mai Més València' asegura que puede existir responsabilidad penal por parte de las autoridades en relación con los presuntos delitos de homicidios imprudentes. Francesc Miralles, portavoz de la entidad, explica que, además de las responsabilidades judiciales y políticas, la asociación pretende establecer una “verdad judicial” de los trágicos hechos del día de la DANA “con vistas a poder revisar los protocolos de prevención y actuación” ante futuras emergencias.