Un jurista complaciente en la corte de Donald Trump
La reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmando la medida de un juez de distrito en contra de de una orden ejecutiva de Donald Trump ha sido celebrada como la prueba de la subsistencia de los controles al poder –los checks and balances de los que siempre ha presumido el sistema constitucional americano-. Pero la cuestión es más compleja de lo que parece, y el desenlace a medio plazo incierto. Veamos por qué. Siguiendo el relato que hace el propio Gobierno recurrente, estos son los hitos del procedimiento: El 20 de enero el presidente, Donald Trump, dictó una orden ejecutiva que determinaba que la ayuda internacional no estaba alineada con los intereses y valores de los Estados Unidos y ordenaba: «No se desembolsará más ayuda que no esté plenamente en consonancia con la política exterior del presidente» , lo que llevó a paralizar todos los pagos a todos los programas en marcha. Varias organizaciones afectadas acudieron al Juez de Distrito alegando que la orden ejecutiva violaba la Ley de Procedimiento Administrativo de Estados Unidos (la APA) y que era arbitraria, solicitando que como medida cautelar se suspendiera su aplicación respecto de los proyectos en curso antes del 19 de […]
La reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmando la medida de un juez de distrito en contra de de una orden ejecutiva de Donald Trump ha sido celebrada como la prueba de la subsistencia de los controles al poder –los checks and balances de los que siempre ha presumido el sistema constitucional americano-. Pero la cuestión es más compleja de lo que parece, y el desenlace a medio plazo incierto. Veamos por qué. Siguiendo el relato que hace el propio Gobierno recurrente, estos son los hitos del procedimiento: El 20 de enero el presidente, Donald Trump, dictó una orden ejecutiva que determinaba que la ayuda internacional no estaba alineada con los intereses y valores de los Estados Unidos y ordenaba: «No se desembolsará más ayuda que no esté plenamente en consonancia con la política exterior del presidente» , lo que llevó a paralizar todos los pagos a todos los programas en marcha. Varias organizaciones afectadas acudieron al Juez de Distrito alegando que la orden ejecutiva violaba la Ley de Procedimiento Administrativo de Estados Unidos (la APA) y que era arbitraria, solicitando que como medida cautelar se suspendiera su aplicación respecto de los proyectos en curso antes del 19 de […] 
