Tres menores detenidos por la muerte de una educadora de un piso tutelado en Badajoz

Una educadora de 35 años de un piso tutelado de Badajoz ha fallecido este lunes como consecuencia de una agresión violenta por parte de tres menores, quienes ya han sido detenidos en Mérida, han informado fuentes de la Policía Nacional.

Fuentes de la investigación han indicado que los detenidos son de nacionalidad española. Se trata de dos adolescentes de 14 y 15 años y una joven de 17 años.

Según las primeras pesquisas, la educadora, natual del municipio pacense de Castuera pudo ser asfixiada con un cinturón. Los menores huyeron en el vehículo de la víctima y tuvieron un accidente a la altura de Lobón.

De la investigación de la muerte de esta educadora se ha hecho cargo el grupo primero de la brigada provincial de la Policía Judicial de Badajoz.

Los efectivos policiales mantienen abiertas las investigaciones al objeto de dar cuenta del suceso a la Autoridad Judicial, así como al Ministerio Fiscal y la Fiscalía de Menores. 

Se da la circunstancia de que la auxiliar técnico educativa había denunciado días atrás a uno de ellos por supuestas amenazas en dicho inmueble, que no cuenta con cámaras ni personal de seguridad.

Inserción para jóvenes

La Junta de Extremadura ha lamentado profundamente el fallecimiento de una educadora de un piso de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz tras ser agredida violentamente por tres menores y ha trasladado su más sincero pésame a sus familiares, amigos y compañeros.

“La Consejería de Salud y Servicios Sociales está a disposición de la justicia para todo aquello que se precise”, ha indicado en declaraciones recogidas por Efe.

Según ha precisado, la vivienda donde han ocurrido los hechos se trata de un hogar de inserción sociolaboral para menores jóvenes que se encuentran cumpliendo medidas judiciales.

“Confiamos en el trabajo de las autoridades competentes y reiteramos nuestro respeto al proceso de investigación en marcha”, ha señalado la Administración regional, que no ha realizado más declaraciones al respecto porque la investigación policial y judicial sigue su curso. 

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha trasladado sus condolencias a toda la familia y a los compañeros de la educadora, y ha explicado que la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha estado allí desde el primer momento y se está a la espera de que la Justicia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad “se pronuncien para que nos digan que ha pasado”.

La presidente extremeña ha dicho que se trata de “un tema terrible, dramático” y ha especificado que ella por prudencia ahora lo único que quiere es trasladar su cariño y “toda la fuerza” a la familia de la educadora, natural de la localidad pacense de Castuera.

Concentración en el centro de menores Marcelo Nessi

“Los menores son cada vez más agresivos, por lo que son necesarias más medidas. Quienes cometen estos hechos les sale muy barato matar”, ha afirmado este lunes la educadora Sheila Gómez, quien ha ejercido de portavoz durante una concentración llevada a cabo por profesionales de esta rama asistencial ante las puertas del centro de acogida de menores 'Marcelo Nessi' de Badajoz.

A esta concentración también han asistido representantes de diversas centrales sindicales, que de forma unánime han exigido tanto a la Junta de Extremadura como a las empresas adjudicatarias de estos servicio de acompañamiento a menores que “tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los trabajadores, así a los propios menores”.

En la concentración, donde se han podido leer pancartas con lemas como 'En casa nos esperan' o 'Trabajar no puede costarnos la vida', se ha evidenciado el tenso clima en el que trabajan estos empleados, pues menores residentes en el centro 'Marcelo Nessi' han proferido insultos desde el interior de estas instalaciones cuando en el exterior tenía lugar la concentración y las declaraciones a los medios.

Si en centros de acogida como el 'Marcelo Nessi son “necesarias más medidas de seguridad y personal”, en el caso de las viviendas de cumplimiento de medidas judiciales lo son más, pues no disponen de vigilantes ni de cámaras de seguridad“ , ha lamentado. Tras expresar su ”consternación“ por la muerte de la educadora, de 35 años y natural de Castuera (Badajoz), Gómez ha afirmado que llevan meses reivindicando más seguridad.

Agustina, trabajadora de este sector y madre de una de las auxiliares en la vivienda donde se produjeron los hechos, ha criticado que tanto la Junta de Extremadura como la empresa responsable de este servicio “no hayan hecho caso de nada”.

“La administración debe escuchar a los trabajadores”, ha afirmado Agustina, quien ha afirmado que los menores atendidos “no son niños con problemas como los de antes”.

En este sentido, durante la concentración se han pedido también cambios en la Ley del Menor con el objetivo de evitar situaciones complejas, como puede ser revisar el tope de edad en el que los menores están en este tipo de centros o viviendas tuteladas.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza en el ámbito de gestión de la Junta de Extremadura, ha expresaso su más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de la trabajadora fallecida y ha condenado la agresión mortal.“Lamentamos que se haya tenido que llegar a una situación extrema, en la que ha perdido la vida una trabajadora, para que se tome conciencia del peligro que diariamente soportan estos trabajadores”, han afirmado desde este sindicato.

En este sentido, CCOO, que también ha lamentado y condenado “este trágico asesinato”, ha exigido una investigación “minuciosa” de las circunstancias en las que se ha producido esta agresión mortal. Para este sindicato, la muerte violenta de la trabajora pone de manifiesto “la situación peligrosa y los riesgos para la salud y la vida en los que trabajaba”. “Queremos saber si se habían tomado o no las medidas preventivas necesarias, más aún si se confirma que la propia trabajadora había denunciado previamente la incertidumbre y el miedo en los que vivía por amenazas anteriores”, ha añadido.

Asimismo, UGT ha criticado la precariedad laboral y la falta de seguridad en este tipo de centros financiados con fondos públicos aunque gestionados por asociaciones “sin garantías adecuadas”.

A través de un comunicado de prensa, UGT ha calificado de “especialmente alarmante” que en muchas de estas viviendas “solo haya un profesional por turno para atender a todos los menores, cuando la seguridad y la calidad asistencial exigirían al menos dos trabajadores por turno”. Por ello, UGT considera que deberían existir dos profesionales por turno en todos los pisos tutelados, formación obligatoria en prevención y gestión de conflictos y una evaluación y seguimiento de los perfiles de riesgo de los menores acogidos, así como la instalación de sistemas de alarma y comunicación directa con los cuerpos de seguridad.