Tráfico de llamadas en Moncloa

El nuevo informe la Unidad Central Operativa (UCO) remitido al instructor del Tribunal Supremo sobre los mensajes entre Víctor de Aldama y Koldo García desvela una gestión directa del consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, con Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, para agilizar el rescate de Air Europa. Hay que recordar que, en el contexto general de crisis empresariales y ayudas públicas del Covid-19, el procedimiento para apoyar a Air Europa destacó por su rapidez y por el volumen del dinero público inyectado a la aerolínea, nada menos que 475 millones de euros. Según dice Aldama a García –con José Luis Ábalos como telón de fondo– en septiembre de 2020, Hidalgo «acaba de llamar a Begoña». Y García responde de forma enigmática, o no tanto, con un «que llame a Pedro o a quien haga falta». Se puede así deducir que este rescate fue un episodio turbio, pendiente de explicación política, económica y judicial. También que fue motivo de influencias y presiones por una trama de comisionistas, que narran en tiempo real la línea directa del principal beneficiario de ese rescate con la esposa del jefe del Gobierno, que luego aprobó esa multimillonaria ayuda. Beneficiario y esposa del presidente con un historial de colaboración en los intereses particulares de esta última. Toca ahora saber a quién llamó o con quién habló Begoña Gómez, porque su interlocutor no era un cualquiera, sino alguien que prestó apoyo personal a sus negocios privados. Antes o después, Javier Hidalgo y Begoña Gómez tendrán que aclarar estos hechos –o acogerse al derecho al silencio–, pero lo importante es que esa conversación tuvo lugar con la esposa del presidente del Ejecutivo. Por eso, también Pedro Sánchez está emplazado a no a callarse, como hizo en sus cinco días de retiro, sino a dar explicaciones muy concretas sobre qué sabía acerca de esa comunicación personal, directa y fluida de Begoña Gómez con Javier Hidalgo. Los indicios apuntan a algo más que a un tráfico de llamadas y llevan la discusión al terreno del tráfico de influencias, otra vez con La Moncloa de escenario. En todo esto hay que preguntarse de nuevo por la Fiscalía. Su actuación en los asuntos que conciernen al presidente del Gobierno adolece de una deplorable parcialidad. La Fiscalía es la promotora de la acción penal, sobre todo en delitos que afectan a intereses públicos. No está obligada a acusar siempre y en todo caso, pero tiene el deber de participar y de instar la investigación de hechos que, como los que rodean al matrimonio Sánchez Gómez, merecen más que explicaciones políticas. Todo cobra sentido en estas circunstancias, porque cuesta creer que en La Moncloa y en la Fiscalía General no temieran novedades como las que revela el informe de la UCO o las que pueden seguir aflorando en sucesivos análisis de esas inagotables fuentes de información que son los teléfonos móviles de Aldama y de Koldo. El juez Peinado ya tienen los indicios sobre Air Europa que le reclamaba la Audiencia de Madrid. Está demostrado que, mientras la investigación de los delitos esté en manos de jueces independientes, la impunidad será más difícil. Esta conclusión no cuestiona el rigor y la capacidad profesionales de los fiscales españoles. Lo que los cuestiona es la forma en que su superior, Álvaro García Ortiz, los somete a los intereses políticos del Gobierno. En este contexto, es mejor para el Estado de derecho que la instrucción judicial siga, como hasta ahora, en manos de los jueces.