Solo un juez de Cádiz investiga aún si el SAS troceó contratos tras la desmontar el juzgado de Sevilla la teoría de la trama
El caso de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no termina de coger vuelo en las provincias andaluzas después de que dos jueces distintos en Sevilla rechazaran la ampliación de la querella presentada por el PSOE para extender las pesquisas desde los servicios centrales del SAS a los encargos realizados por las plataformas de gasto de las ocho provincias. El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla reprochó a los diputados socialistas que trataran de abrir una «causa general» por toda la contratación de servicios sanitarios del Gobierno andaluz del PP cuando «no dispone de indicio alguno». Pero l a izquierda no renuncia a la teoría de la supuesta trama y, en paralelo, se ha dirigido a otros juzgados para tratar de abrir grietas en la gestión sanitaria. El resultado, de momento, es que solo el juzgado de Cádiz mantiene unas diligencias previas, sin imputar por ahora a ningún responsable autonómico la comisión de un delito. A través de un auto dictado el pasado 12 de noviembre adelantado por eldiario.es, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha abierto diligencias por el posible fraccionamiento de contratos menores realizados por el Servicio Andaluz de Salud en esta provincia, según informó ayer en rueda de prensa la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez . Este partido denunció el pasado 1 de octubre que la Intervención de la Junta de Andalucía detectó « un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el Servicio Andaluz de Salud en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén», según indica esta formación. « Estos contratos fueron fraccionados con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público», advertía Podemos en dicha denuncia. El juzgado gaditano solicitó información a la Intervención de la Junta sobre estos contratos, que fue remitida a dicho órgano, según indicaron fuentes del Ejecutivo andaluz. Entre otros documentos, le envió al juzgado un informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública que amparaba la legalidad de los contratos. Al hilo de estas pesquisas, el SAS empezó a preguntar juzgado por juzgado para personarse en estas causas. De este modo, pudo averiguar que hay diligencias en Jaén y Cádiz . Salvo la investigación de Cádiz, nada se sabe del resultado de las denuncias en Córdoba y Huelva, mientras que las diligencias previas en Jaén están muertas, según fuentes de la Junta.
El caso de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no termina de coger vuelo en las provincias andaluzas después de que dos jueces distintos en Sevilla rechazaran la ampliación de la querella presentada por el PSOE para extender las pesquisas desde los servicios centrales del SAS a los encargos realizados por las plataformas de gasto de las ocho provincias. El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla reprochó a los diputados socialistas que trataran de abrir una «causa general» por toda la contratación de servicios sanitarios del Gobierno andaluz del PP cuando «no dispone de indicio alguno». Pero l a izquierda no renuncia a la teoría de la supuesta trama y, en paralelo, se ha dirigido a otros juzgados para tratar de abrir grietas en la gestión sanitaria. El resultado, de momento, es que solo el juzgado de Cádiz mantiene unas diligencias previas, sin imputar por ahora a ningún responsable autonómico la comisión de un delito. A través de un auto dictado el pasado 12 de noviembre adelantado por eldiario.es, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha abierto diligencias por el posible fraccionamiento de contratos menores realizados por el Servicio Andaluz de Salud en esta provincia, según informó ayer en rueda de prensa la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez . Este partido denunció el pasado 1 de octubre que la Intervención de la Junta de Andalucía detectó « un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el Servicio Andaluz de Salud en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén», según indica esta formación. « Estos contratos fueron fraccionados con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público», advertía Podemos en dicha denuncia. El juzgado gaditano solicitó información a la Intervención de la Junta sobre estos contratos, que fue remitida a dicho órgano, según indicaron fuentes del Ejecutivo andaluz. Entre otros documentos, le envió al juzgado un informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública que amparaba la legalidad de los contratos. Al hilo de estas pesquisas, el SAS empezó a preguntar juzgado por juzgado para personarse en estas causas. De este modo, pudo averiguar que hay diligencias en Jaén y Cádiz . Salvo la investigación de Cádiz, nada se sabe del resultado de las denuncias en Córdoba y Huelva, mientras que las diligencias previas en Jaén están muertas, según fuentes de la Junta.
