El esclarecimiento de la participación de Javier Milei en la difusión de la criptomoneda $LIBRA aglutinó a casi todo el arco opositor en el Senado. Con el radical Pablo Blanco a la cabeza, es probable que en la sesión prevista mañana -cuyo tema principal será la suspensión de las PASO-, la UCR, el kirchnerismo, una porción de Pro y dirigentes provinciales acompañen la creación de una comisión investigadora para determinar la responsabilidad del Presidente y de su entorno más cercano.

Para los opositores no será una tarea fácil. Se necesitan dos tercios del total del cuerpo para adicionar el proyecto al temario, es decir, 48 votos. El camino hacia este objetivo pareció despejarse en la tarde de este miércoles, tras la reunión de bloque de Unión por la Patria, donde se acordó acompañar la iniciativa radical.

En total, estos dos espacios reúnen 47 senadores. Es probable que se le sumen Guadalupe Tagliaferri (Pro), a favor de esclarecer los hechos, y el exoficialista Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso). El mismo camino podría tomar la cordobesa Alejandra Vigo, quien pidió que la Justicia actúe “de inmediato”.

Si esta jugada se materializa, el Gobierno recibirá otro “cachetazo”. Festejará la suspensión de las primarias mientras lamentaría el inusitado abroquelamiento opositor que lo pondrá contra la cuerdas en plena campaña electoral. Habrá fracasado su estrategia de correr el criptogate del eje del debate público.

Las funciones de la comisión

La propuesta de Blanco supone la creación de una comisión que funcionará con 17 senadores por seis meses con el objetivo de “investigar, analizar y esclarecer” la conducta del Presidente. Podrá solicitar informes y documentación a las personas involucradas, así como a organismos públicos, pedir allanamientos, citar testigos, realizar investigaciones y requerir información a los organismos de inteligencia nacional.

Como la culminación de su trabajo, confeccionará un informe que podría derivar en una denuncia penal si existieran elementos jurídicos. El proyecto de resolución para crear la comisión investigadora fue presentado por Blanco junto con las firmas de Martín Lousteau, Flavio Fama, Daniel Kroneberger, así como la del presidente del bloque radical, Eduardo Vischi.

Frente a una oposición dispersa y sin reflejos para frenar la ola libertaria, el Gobierno le sirvió en bandeja la excusa perfecta para reagruparse. “Los peronistas tenemos dos narinas: en una olemos calas y en la otra, el poder”, graficó un dirigente del PJ.

Pedidos de interpelación en Diputados

En la Cámara baja, la oposición más dura presentó una batería de iniciativas para convertir al cuerpo en caja de resonancia del escándalo. Al pedido de juicio político que formuló el kirchnerismo –la iniciativa más extrema– y las propuestas de crear una comisión investigadora adhoc formuladas por otros bloques, en las últimas horas se sumaron pedidos para interpelar en el recinto a las principales figuras de gabinete libertario.

Esta última iniciativa es la que cosecha, por ahora, mayor consenso. Los diputados de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda presentaron sendos pedidos de interpelación para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comparezca al recinto a dar las explicaciones del caso. Algunos legisladores pretenden que la interpelación se amplíe a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y al vocero presidencial, Manuel Adorni.

En cualquier caso, los opositores deberán esperar hasta el inicio de las sesiones ordinarias -el 1° de marzo próximo- y emplazar a las comisiones respectivas para darle curso a cualquiera de las propuestas en danza, conscientes de que el oficialismo y sus aliados intentarán frenarlos.

En efecto, en los bloques de Pro y de la UCR deslizan que, por ahora, no se sumarán a las embestidas que pergeña la oposición más dura. “Vamos a esperar a que actúe la Justicia y ver cómo decanta el tema”, justifican. En ambos bloques hay legisladores que pretenden renovar sus mandatos de la mano de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza; confían en que en los próximos días baje la espuma del escándalo y no se vean en el dilema de apoyar o no un pedido de interpelación.

Esta figura está prevista en el artículo 71 de la Constitución Nacional; para ello, la resolución respectiva debe ser aprobada previamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cual hoy es presidida por el libertario Nicolás Mayoraz. Solo concierne a los miembros del gabinete del Poder Ejecutivo, no al Presidente. Son escasos los antecedentes de una interpelación a un ministro en el Congreso: la más resonante fue la que protagonizó el exministro de Economía Domingo Cavallo en 1995, que duró once horas.

Los opositores insistirán en que el jefe de Gabinete y/o los principales funcionarios involucrados en el episodio comparezcan en el recinto a dar explicaciones.

“La gravedad del hecho radica en que el propio Presidente, en uso de su investidura y de su llegada masiva al público, promovió un activo financiero sin regulación ni respaldo, lo que pudo haber inducido a error a pequeños inversores. Este episodio no solo afectó el patrimonio de los inversores damnificados, sino que generó un grave daño a la confianza en las instituciones argentinas y a la credibilidad del país en los mercados financieros internacionales”, argumentaron Nicolás Massot, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Natalia De la Sota y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, autores del proyecto para interpelar no solo a Francos, sino también a la hermana del presidente, Karina Milei.

Por su parte, el bloque de la Coalición Cívica presentó un pedido para que Francos sea citado al recinto en virtud del artículo 100 de la Constitución. “El jefe de Gabinete es el responsable político ante el Congreso y de la administración general del país”, argumentó Maximiliano Ferraro, autor del proyecto.

Ambos bloques –Encuentro Federal y la Coalición Cívica– incluyen en sus proyectos un amplio listado de preguntas que atañen al escándalo. No solo pretenden indagar sobre la relación entre los empresarios vinculados a las criptomonedas con funcionarios del Gabinete, sino también sobre la presunta existencia de beneficios indebidos y el impacto económico financiero que provocó la maniobra.