Cuando el presidente Javier Milei prometió, al cumplir un año de gestión, bajar 90% de los impuestos, su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aclaró que no era sinónimo de una reducción de las cargas, sino una simplificación. Hasta ahora redujo, eliminó o no renovó, 12. Los especialistas coinciden que queda mucho por ordenar más que borrar y que la Nación, por el esquema federal argentino, no debe avanzar sobre las autonomías provinciales y municipales. Se requiere de una coordinación con gobernadores e intendentes. Además, la dinámica tiene que estar acompañada por la baja del gasto, que tiene un límite.

Un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que dirige Nadín Argañaraz grafica que con nueve años de crecimiento al 5% anual y un gasto público que evolucione al ritmo de la población, se podrían eliminar derechos de exportación, impuesto a los débitos y créditos (al cheque, como se lo conoce), Ingresos Brutos (II.BB.), sellos y Tasa de Seguridad e Higiene municipal (TSH). Es un ejercicio teórico que incluye diferentes jurisdicciones.

El Iaraf calcula que hay unos 155 impuestos, de los que unos 100 son tasas municipales. La recaudación efectiva de todos los niveles de gobierno se concentra en muy pocos.

Andrés Edelstein, exsecretario de Ingresos Públicos, analiza que más allá del número, la frase de Milei marca el rumbo en el sentido de “reducir la maraña impositiva” existente. Agrega que, necesariamente, debe haber una coordinación con los otros niveles del Estado: “Somos un único país y se requieren esfuerzos compartidos, políticas coordinadas, porque por detrás está la atracción de inversiones. Hay que lograr sentarse y comprometerse, no es fácil. Si solo la Nación encarara la reforma deja un espacio para que los otros niveles hagan lo que le parezca”.

“A nivel nacional hay un trabajo para hacer –continúa–. Hay que mantener la meta del equilibrio fiscal y estabilizadas las variables, reducir lo distorsivo. Se está en la senda y, en la medida en que pueda, se seguirá profundizando”.

En materia tributaria hay tres alternativas, aporta Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea: una gradualista (“a medida que la economía crezca y el gasto se achica hay espacio para recortar”), la de la teoría de Laffer (“si se bajan las cargas, pagan más”) y la que hace foco en que “impuestos buenos reemplacen a los malos”. Su evaluación es que sería “erróneo” confiar solo en la primera y que el concepto de Laffer es “aplicable en algunos casos puntuales”.

Giordano se inclina por la última: que el IVA, con una mayor alícuota, sustituya a II.BB. y a la TSH. Brasil avanza en esa línea. “Hay que resolver, en paralelo, el esquema de coparticipación – añade–. No se puede decir solo que se elimina o cambia algo, es necesario un acuerdo Nación-Provincias y de estas con los municipios”. El economista ratifica que todas las modificaciones se deben encarar “sin poner en riesgo el equilibrio fiscal, porque si no son un problema y no una solución. Hay que hacer un shock de innovación y hay evidencias de que es posible”. La referencia es, por caso, a la unificación de impuestos de todos los niveles para pequeños contribuyentes que se hicieron en varios distritos.

Desde su asunción, la administración libertaria no prorrogó el impuesto PAIS; redujo hasta el 30 de junio retenciones a determinados productos del campo (las eliminó a las economías regionales); bajó de 35% a 18% la segunda categoría del impuesto interno a los autos y eliminó la primera, del 20%; bajó los aranceles a la importación para 89 productos y exceptuó del pago de aranceles a las compras al exterior de hasta US$400.

También derogó el impuesto a la transferencia de inmuebles; en Bienes Personales además de dejar de cobrar la percepción del dólar tarjeta, elevó el mínimo no imponible y redujo las alícuotas para el ejercicio fiscal 2023 entre 0,5% y el 1,5% (beneficio especial del 0,45% para quienes paguen cinco años por adelantado); en Ganancias restableció la cuarta categoría, elevó el mínimo no imponible y fijó una actualización semestral de las escalas. En el caso de los autónomos, hubo cambios en los tramos y para los monotributistas en la actualización de la facturación.

El tributarista y exsecretario de Ingresos Públicos José María Farré apunta que el sistema impositivo debe ser “eficiente, efectivo y realista; no debe lesionar el principio constitucional de equidad e igualdad; respetar las incumbencias tributarias por ser un país federal y propiciar la armonía”. Agrega que no caer en el déficit fiscal es la premisa que debe regir cualquier reforma y subraya que el sistema en el que se avance debe ser “permanente, de manera tal de generar seguridad jurídica y previsibilidad”.

Exenciones, afuera

El IVA y Ganancias representan 54% de la presión tributaria total (son coparticipables), mientras que el impuesto a los débitos y créditos y Derechos de Exportación (retenciones) recaudan 12% de la presión tributaria total y financian solo a la Nación. Ingresos Brutos, provincial y el “peor” de todos los impuestos por su efecto cascada, equivale al 21%. Los datos son de la consultora Idesa, que entiende que tanto débitos y créditos como Ingresos Brutos son de eliminación “imprescindible” para ayudar a la competitividad.

Las cuatro “columnas impositivas” nacionales son Ganancias, IVA, cargas laborales y retenciones, explica Edelstein y calcula que una decena de tributos recaudan menos del 1%, sin incluir seguridad social. “Generan complejidad, hay que eliminarlos y/o consolidarlos”, señala. Por caso, hay tres que pesan sobre el tabaco o dos que van sobre combustibles (GNC y líquidos).

Sobre el gasto tributario (denominación técnica de los tratamientos especiales, fuera de la ley general), Edelstein coincide que hay que hacer un análisis detallado para “evaluar la conveniencia de acotarlos o eliminarlos”. Admite que es un tema “sensible y controversial y que cada ítem genera tensión”, pero insiste en que no se puede evitar abordarlo. En ese grupo está, por ejemplo, el régimen especial de Tierra del Fuego.

El exfuncionario indica que las exenciones en el IVA muchas veces cortan la cadena, con lo que no se puede computar el crédito fiscal y terminan teniendo efectos nocivos. Farré añade que el IVA debe tomar como hecho imponible “el momento en que los ingresos se perciben o cobran. Dejar de recaudar por lo devengado. Más simple aún es que la declaración jurada la hagan los bancos y transfieran directamente” al organismo recaudador.

Para Ganancias, agrega Farré, terminar con las exenciones implicaría que “probablemente no haya que modificar el impuesto en sí porque habría más equidad y recaudación”. Sostiene que el peso debe recaer con más fuerza en las personas y menos en las empresas, para que puedan reinvertir.

Por su parte, el exsubdirector general de la DGI, Alberto Gorosito, subraya que en Ganancias hay disposiciones internas y reglamentarias “ilegales que dejan un margen de discrecionalidad y hasta de corrupción que son simples de corregir”. La referencia es a las facturas A: explica que por las apócrifas la autoridad denuncia al usuario y no al emisor “cuando es el propio fisco el que le proporcionó todo”.

Todos los especialistas consultados por La Nación coinciden en que hay un “exceso de impuestos” y en que es conveniente eliminar aquellos que rinden poco y son complejos. “El problema central –precisa Giordano– son los malos que recaudan mucho, como el del cheque y las retenciones; en las provincias II.BB. y Sellos y la TSH municipal. Hacen mucho daño y en ventas y patrimonios están superpuestos. En los países ‘más normales’ los pilares son IVA y la carga a los ingresos”.

Edelstein comparte que hay que avanzar en esa dirección pero que antes de unificar IVA con II.BB. al impuesto provincial hay que “ordenarlo en alícuotas, bases imponibles y percepciones”. En esa línea añade que es conveniente “centralizar” la recaudación, pero para eso se requiere, otra vez, un consenso sobre la coparticipación.

La idea de crear un IVA más fortalecido (en Brasil la alícuota es del 27%, no hay un cálculo para la Argentina) o impuesto a las ventas viene discutiéndose hace años, pero siempre queda trunca. Los especialistas comparten que es un impuesto de mejor calidad, más fácil de controlar, que se puede descontar al exportar. Todos están persuadidos de que II.BB. debe ser eliminado pero, para poder hacerlo, hay que darles financiamiento a las provincias. Por un lado, con un “super-IVA”; por el otro, con tributos patrimoniales con bases imponibles más cercanas a las valuaciones de mercado.

Distorsiones superpuestas

La Argentina, con una alícuota de 21% de IVA, recauda el equivalente a 7 puntos del PBI, mientras Chile, con una de 19% llega a 9,5 puntos del producto. “Hay al menos 2,5 puntos porcentuales de mejora potencial en la recaudación y esa mejora no se puede concretar en medio de la maraña actual de tributos de las tres jurisdicciones estatales”, señala el economista Jorge Vasconcelos. Añade que el IVA recaudado por la Aduana equivale al 34% de la recaudación total del impuesto, cuando las importaciones de bienes y servicios (que no pagan II.BB. ni TSH) equivalen a menos del 15% del PBI.

“Estos números demuestran que los impuestos distorsivos no solo afectan la competitividad de las empresas radicadas en la Argentina, también alimentan la informalidad de la economía, con la vuelta de tuerca adicional de hacer que la presión tributaria sobre las actividades que operan en blanco resulte mucho más pesada”, advierte.

En el caso de bienes personales, Giordano dice que las alícuotas deben ser “moderadas” y reitera que los bienes deben estar “correctamente” valuados. “No es el centro del sistema tributario”, define. Para Farré, en cambio, es un tributo que podría desaparecer: “Son comprados con el esfuerzo de quien ya pagó Ganancias, con lo cual se duplica”.

Con el impuesto al cheque no hay dudas de que debe desaparecer. “Es absolutamente distorsivo y fue puesto en una coyuntura pésima. Evitar la circulación de efectivo es lo mejor para luchar contra la evasión”, dice Farré.

Respecto de la coordinación, Gorosito afirma que un paso clave es que se le dé a la Justicia Federal competencia para actuar sobre impuestos provinciales y tasas municipales, de manera tal de sancionar las conductas abusivas.