Óscar Puente destroza al PP por el "demoledor" golpe judicial a Mazón tras la imputación de Pradas
La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la gestión de la DANA, ha citado a declarar como investigados a Salomé Pradas, exconsellera de Justicia y Emergencias, y a Emilio Argüeso, exsecretario autonómico del mismo departamento, por su actuación el 29 de octubre. Así, se han convertido en los primeros cargos políticos juzgados por la nefasta gestión que ha dejado 225 muertos. Asimismo, ha desestimado la investigación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien le ha ofrecido la posibilidad de declarar de forma voluntaria. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras ahcerse eco de la noticia, ha vuelto a arremeter contra el PP sobre su gestión de la DANA, expresando su opinión en redes sociales sobre la imputación de Pradas: "El auto, con un relato obvio, no solo deja al PP aún más a los pies de los caballos, también a los buleros profesionales dispuestos a inventar cualquier cosa para proteger a estos sinverguenzas". Además, ha añadido: "DEMOLEDOR. Lo inaudito es que haya hecho falta que lo diga un juez, cuando era claro y cristalino desde el primer momento". La magistrada ha considerado que el 29 de octubre hubo anuncios de la "gravedad" de la situación desde diferentes ámbitos --AEMET, medios de comunicación, llamadas al 112 y de la Confederación Hidrográfica del Júcar-- y con "antelación suficiente", en una circunstancia en la que a la Conselleria competente en materia de protección civil le corresponde ejercer el "mando único de la emergencia" dirigiendo esos planes de actuación. En el auto, en el que se cita a declarar como investigados a Pradas y a Argüeso, se señala que el problema residiría "no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real, al alcance de los responsables, ni si la información venía de órganos dependientes de la administración central (CHJ o AEMT) o autonómica (el 112 Comunitat Valenciana) sino en el hecho de que ante dicha información o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance (lo que resultaría igualmente grave), no se supieran por dónde discurría el barranco del Poyo, la situación del resto de poblaciones no relacionadas con dicho barranco, o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión". Del mismo modo, Ruiz ha añadido: "No era preciso la movilización de recursos materiales y humanos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, obligar a la asunción de riesgos por terceros, restringir algún tipo de derecho fundamental, exigir la colaboración de la propia población en la protección civil, obtener la autorización de la Delegación del Gobierno, solicitar la declaración de emergencia nacional para que ulteriormente se acordara la remisión de los avisos por el Ministro del Interior, solicitar la colaboración de las administraciones locales". Además, ha destacado que tampoco era necesario: "contar con el asentimiento o conformidad de hasta 29 personas que integraban el Cecopi". Declaración voluntaria de Carlos Mazón Aunque la jueza ha...
La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la gestión de la DANA, ha citado a declarar como investigados a Salomé Pradas, exconsellera de Justicia y Emergencias, y a Emilio Argüeso, exsecretario autonómico del mismo departamento, por su actuación el 29 de octubre. Así, se han convertido en los primeros cargos políticos juzgados por la nefasta gestión que ha dejado 225 muertos. Asimismo, ha desestimado la investigación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien le ha ofrecido la posibilidad de declarar de forma voluntaria. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras ahcerse eco de la noticia, ha vuelto a arremeter contra el PP sobre su gestión de la DANA, expresando su opinión en redes sociales sobre la imputación de Pradas: "El auto, con un relato obvio, no solo deja al PP aún más a los pies de los caballos, también a los buleros profesionales dispuestos a inventar cualquier cosa para proteger a estos sinverguenzas". Además, ha añadido: "DEMOLEDOR. Lo inaudito es que haya hecho falta que lo diga un juez, cuando era claro y cristalino desde el primer momento". La magistrada ha considerado que el 29 de octubre hubo anuncios de la "gravedad" de la situación desde diferentes ámbitos --AEMET, medios de comunicación, llamadas al 112 y de la Confederación Hidrográfica del Júcar-- y con "antelación suficiente", en una circunstancia en la que a la Conselleria competente en materia de protección civil le corresponde ejercer el "mando único de la emergencia" dirigiendo esos planes de actuación. En el auto, en el que se cita a declarar como investigados a Pradas y a Argüeso, se señala que el problema residiría "no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real, al alcance de los responsables, ni si la información venía de órganos dependientes de la administración central (CHJ o AEMT) o autonómica (el 112 Comunitat Valenciana) sino en el hecho de que ante dicha información o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance (lo que resultaría igualmente grave), no se supieran por dónde discurría el barranco del Poyo, la situación del resto de poblaciones no relacionadas con dicho barranco, o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión". Del mismo modo, Ruiz ha añadido: "No era preciso la movilización de recursos materiales y humanos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, obligar a la asunción de riesgos por terceros, restringir algún tipo de derecho fundamental, exigir la colaboración de la propia población en la protección civil, obtener la autorización de la Delegación del Gobierno, solicitar la declaración de emergencia nacional para que ulteriormente se acordara la remisión de los avisos por el Ministro del Interior, solicitar la colaboración de las administraciones locales". Además, ha destacado que tampoco era necesario: "contar con el asentimiento o conformidad de hasta 29 personas que integraban el Cecopi". Declaración voluntaria de Carlos Mazón Aunque la jueza ha...
