Más de ochenta muertos en el cayuco rescatado por un crucero a la deriva sin agua ni comida en 2024
El escrito de la acusación de la Fiscalía ha arrojado luz a una desgracia en la Ruta Canaria aún peor de la esperada. El cayuco que fue rescatado por un crucero a casi 700 kilómetros de la isla de El Hierro en junio del pasado año se cobró la vida de, al menos, 80 migrantes. Estuvo a la deriva casi 20 días , sin agua ni comida, los cuerpos que fueron muriendo en la travesía fueron arrojados al mar. Según el escrito, que solicita la apertura de juicio oral contra cinco hombres de nacionalidad senegalesa, como presuntos patrones de la embarcación, dos ellos en prisión desde el mes de julio, fueron al menos 150 los migrantes que les pagaron a cambio de llevarles hasta Canarias a bordo de un cayuco que partió de la costa de Mauritania el 30 de mayo. Era una embarcación «absolutamente inadecuada « para emprender el viaje, apunta la Fiscalía, al carecer de luces de posición, bengalas o deflector de radar, ni sistemas de comunicación náutica y solo contaba con un GPS y los teléfonos móviles de algunos inmigrantes. Además, la mayoría de los ocupantes del cayuco no disponía de chalecos salvavidas. A los cinco días de navegación quedó a la deriva «sin agua ni combustible» hasta que fue localizado por el petrolero 'Philipp Oldendorff', que lo mantuvo abarloado a su costado hasta la llegada del crucero 'Insignia Master' , que rescató a 68 personas de Mali, Senegal, Burkina Faso, Gambia y Mauritania, junto con los cadáveres de varios migrantes fallecidos. El crucero arribó hasta el Puerto de Santa Cruz de Tenerife a las 5.30 horas 21 de junio de 2024 con 67 personas con síntomas de deshidratación y un fallecido a bordo a pesar de la atención médica recibida en el crucero. La Fiscalía considera que los presuntos patrones se encargaron de las funciones de navegación como la fijación y seguimiento del rumbo operando un dispositivo GPS, del intento de reparación del único motor cuando se averió en alta mar así como del reparto de comida y en el mantenimiento del orden del barco. Sostiene que habrían ordenado arrojar al mar los cadáveres de un número indeterminado, en todo caso superior a 80 de migrantes, afectados por la falta de comida y agua. El escrito apunta que los presuntos patrones generaron un «grave riesgo para la vida, salud e integridad física de los ocupantes» del cayuco pues tenían «pleno conocimiento» de la escasez de víveres y agua, del hacinamiento de los pasajeros así como de la deficiencias estructurales de la embarcación. En el momento en el que el cayuco fue auxiliado por el petrolero se encontraron tres fallecidos , de origen subsahariano, por tromboembolismo pulmonar y fallos multiorgánico derivados de deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico. A su llegada al puerto de Santa Cruz de Tenerife se constató la muerte de un cuatro migrante y cinco de los supervivientes tuvieron que ser trasladados a dos centros hospitalarios debido a su grave estado de salud. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito agravado de favorecimiento de la inmigración irregular, cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave y cinco delitos de lesiones por imprudencia grave, y solicita penas acumuladas de más de 20 años de prisión e indemnizar a los herederos de cada fallecido con 150.000 euros cada uno.
El escrito de la acusación de la Fiscalía ha arrojado luz a una desgracia en la Ruta Canaria aún peor de la esperada. El cayuco que fue rescatado por un crucero a casi 700 kilómetros de la isla de El Hierro en junio del pasado año se cobró la vida de, al menos, 80 migrantes. Estuvo a la deriva casi 20 días , sin agua ni comida, los cuerpos que fueron muriendo en la travesía fueron arrojados al mar. Según el escrito, que solicita la apertura de juicio oral contra cinco hombres de nacionalidad senegalesa, como presuntos patrones de la embarcación, dos ellos en prisión desde el mes de julio, fueron al menos 150 los migrantes que les pagaron a cambio de llevarles hasta Canarias a bordo de un cayuco que partió de la costa de Mauritania el 30 de mayo. Era una embarcación «absolutamente inadecuada « para emprender el viaje, apunta la Fiscalía, al carecer de luces de posición, bengalas o deflector de radar, ni sistemas de comunicación náutica y solo contaba con un GPS y los teléfonos móviles de algunos inmigrantes. Además, la mayoría de los ocupantes del cayuco no disponía de chalecos salvavidas. A los cinco días de navegación quedó a la deriva «sin agua ni combustible» hasta que fue localizado por el petrolero 'Philipp Oldendorff', que lo mantuvo abarloado a su costado hasta la llegada del crucero 'Insignia Master' , que rescató a 68 personas de Mali, Senegal, Burkina Faso, Gambia y Mauritania, junto con los cadáveres de varios migrantes fallecidos. El crucero arribó hasta el Puerto de Santa Cruz de Tenerife a las 5.30 horas 21 de junio de 2024 con 67 personas con síntomas de deshidratación y un fallecido a bordo a pesar de la atención médica recibida en el crucero. La Fiscalía considera que los presuntos patrones se encargaron de las funciones de navegación como la fijación y seguimiento del rumbo operando un dispositivo GPS, del intento de reparación del único motor cuando se averió en alta mar así como del reparto de comida y en el mantenimiento del orden del barco. Sostiene que habrían ordenado arrojar al mar los cadáveres de un número indeterminado, en todo caso superior a 80 de migrantes, afectados por la falta de comida y agua. El escrito apunta que los presuntos patrones generaron un «grave riesgo para la vida, salud e integridad física de los ocupantes» del cayuco pues tenían «pleno conocimiento» de la escasez de víveres y agua, del hacinamiento de los pasajeros así como de la deficiencias estructurales de la embarcación. En el momento en el que el cayuco fue auxiliado por el petrolero se encontraron tres fallecidos , de origen subsahariano, por tromboembolismo pulmonar y fallos multiorgánico derivados de deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico. A su llegada al puerto de Santa Cruz de Tenerife se constató la muerte de un cuatro migrante y cinco de los supervivientes tuvieron que ser trasladados a dos centros hospitalarios debido a su grave estado de salud. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito agravado de favorecimiento de la inmigración irregular, cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave y cinco delitos de lesiones por imprudencia grave, y solicita penas acumuladas de más de 20 años de prisión e indemnizar a los herederos de cada fallecido con 150.000 euros cada uno.
