Mallorca reducirá en 10.000 hectáreas el área habilitada para parques fotovoltaicos
El Consell de Mallorca buscará reducir en casi 10.000 hectáreas el área habilitada para la instalación de parques fotovoltaicos de pequeño tamaño al excluir a los terrenos que reciben subvenciones de la Política Agraria Común (PAC). Lo ha anunciado este jueves en una rueda de prensa el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, … Continuar leyendo "Mallorca reducirá en 10.000 hectáreas el área habilitada para parques fotovoltaicos"

El Consell de Mallorca buscará reducir en casi 10.000 hectáreas el área habilitada para la instalación de parques fotovoltaicos de pequeño tamaño al excluir a los terrenos que reciben subvenciones de la Política Agraria Común (PAC). Lo ha anunciado este jueves en una rueda de prensa el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, quien ha dado cuenta de la que será la cuarta modificación del Plan Territorial Insular de Mallorca (PTIM).
Ésta ha sido presentada esta mañana a las diferentes fuerzas políticas en la correspondiente comisión informativa, donde ha recibido el voto favorable del equipo de gobierno municipal (PP y Vox) y la abstención de la oposición (PSIB, Més per Mallorca y el PI).
Así, la modificación del PTIM se llevará al pleno del Consell previsto para el próximo jueves para su aprobación inicial, que Rubio ha confiado en que saldrá adelante. Después se abrirá un plazo de exposición pública de 45 días, durante los cuales se podrán plantear alegaciones.
Por último, si cuenta con el aval de los diferentes informes perceptivos de todas las administraciones implicadas, volverá al pleno para su convalidación definitiva. «Esperamos poder tener lo antes posible una modificación que es de obligado cumplimiento y que nos da instrumentos para cumplir los compromisos de descarbonización», ha apuntado Rubio.
Según ha explicado el conseller, la nueva modificación del Plan Territorial -cuyo borrador comenzó a ser redactado en la pasada legislatura- contempla la reducción del área habilitada para estas instalaciones de casi 10.000 hectáreas, pasando de las 26.360 anteriores a las 16.638.
Las zonas que se pretenden excluir, ha detallado, son aquellos suelos rústicos que reciben subvenciones de la PAC. De las que sí se podrán instalar placas, además, quedan excluidas la Serra de Tramuntana y otras áreas que cuentan con un especial grado de protección, informa Europa Press.
La modificación, en cualquier caso, solo afectará a los parques fotovoltaicos de hasta cuatro hectáreas de tamaño -los superiores son competencia del Govern-, que se deberán ajustar a unos criterios específicos para minimizar su impacto paisajístico y su impacto, entre otras cuestiones.
En concreto, estas instalaciones no podrán tener una altura superior a los cuatro metros, deberán estar ubicados a al menos 500 metros de los núcleos urbanos, estarán obligadas a instalar barreras vegetales de visión y estar separadas de las vías de comunicación y las viviendas.
También se deberá priorizar su instalación en zonas de baja visibilidad y el uso de color que se integren con el paisaje, con preferencia por los tonos mate. Las áreas de almacenamiento deberán estar ubicadas en zonas de desarrollo urbano, evitando así el suelo rústico.
Los ayuntamiento tramitarán los parques fotovoltaicos
Otra de las novedades que se pretenden incluir en el PTIM es que sean los ayuntamientos, cumpliendo los requisitos, quienes se encarguen de tramitar y conceder las licencias para la instalación de los parques fotovoltaicos, de modo que ni el Consell ni el Govern deberán tomar parte.
La regulación, ha puntualizado Rubio, afectará a las instalaciones que pretendan poner en marcha las empresas. Los criterios para instalar placas fotovoltaicas para autoconsumo serán diferentes.
El responsable insular de Territorio ha señalado que esta modificación, «que no se llegó a aprobar la pasada legislatura», ha sido fruto del consenso entre las diferentes administraciones -Govern, Consell y ayuntamientos- y cumple con lo establecido en la ley de cambio climático de 2017.
«No queremos sembrar el suelo rústico de parques fotovoltaicos como se hizo en la pasada legislatura fuera de planificación. Creemos que es una buena herramienta para evitar convertir el suelo rústico en un polígono de placas industriales», ha defendido.
Rubio ha sostenido que la responsabilidad del Consell es «defender e impulsar los compromisos de descarbonización de Mallorca» y que con esta modificación se apuesta «por una política absolutamente sostenible».
«En esta modificación hemos querido plasmar este compromiso no solo con la descarbonización, sino también con la protección de nuestro paisaje y entorno», ha añadido.
Preguntado acerca de las reclamaciones de diversas entidades proteccionistas para que las instalaciones fotovoltaicas se ubiquen en zonas urbanas -en cubiertas industriales, por ejemplo-, el conseller ha dicho estar de acuerdo y se ha comprometido a dar apoyo a esas iniciativas siempre y cuando estén dentro de su ámbito competencial.
En cualquier caso, la modificación del PTIM que ahora se someterá a votación es la que permite la competencia en materia de ordenación del territorio de la institución insular y se ajusta a lo que marca la ley de cambio climático, ha zanjado.
El borrador presentado este jueves a los diferentes grupos políticos también detalla que las zonas de desarrollo prioritario se dividen en cuatro tipologías, cada una con sus respectivos requisitos.
Sobre los parques eólicos
Más allá de los parques fotovoltaicos, la modificación cuarta del PTIM pretende establecer que los eólicos puedan contar con un máximo de cinco aerogeneradores de menos de 50 metros de altura y que estén ubicados a al menos un kilómetro de distancia de las zonas urbanas.
Las plantas de generación de biomasa, en cambio, deberán estar a una distancia inferior a 500 metros de los núcleos de población y podrán abarcar una superficie máxima de 1.500 metros cuadrados.
Las de autoconsumo compartido o colectivo, por su parte, deberán tener una superficie inferior a los 3.000 metros cuadrados, lo que implica -según ha apuntado Rubio- que las grandes instalaciones, «que son las que más controversia generan», no se podrán tramitar por procedimientos simplificados.
Todas estas cuestiones, ha concluido, se justifican por «criterios de sostenibilidad ambiental y adaptación paisajística» y serán de obligado cumplimiento pese a que sean los ayuntamientos quienes otorguen las licencias.