Los sindicatos de Renfe y Adif convocan siete días de huelga a las puertas de la Semana Santa por el traspaso de Rodalies

Los sindicatos de Renfe y Adif cumplen su amenaza y convocan siete días de huelga en marzo y abril por el «incumplimiento» del Ministerio de Transportes en los acuerdos firmados con la representación laboral en noviembre de 2023 respecto al traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña y a la privatización de Renfe Mercancías. A las movilizaciones están llamados todos los profesionales de ambas empresas públicas. Estas se realizarán los días 17,19,24,26 y 28 de marzo y el 1 y 3 de abril. La huelga es a nivel nacional, incumbe a todos los servicios ferrioviarios, y ha sido consensuada por los comités generales de empresa del Grupo Renfe y Adif. Ambas representaciones denuncian que el departamento de Óscar Puente no está cumpliendo ninguno de los puntos firmados hace ahora 15 meses, por los que existía un compromiso para que los sindicatos formaran parte de la mesa de negociación del traspaso de los Cercanías catalanes, y se garantizaba que Renfe y Adif continuaban siendo los prestadores de los servicios de Rodalies y Renfe Mercancías , así como la preservación de la integridad de las plantillas en ambas empresas públicas. «Los comités generales de empresa consideran que estos compromisos han sido vulnerados tras la última reunión con el Ministerio, celebrada el 17 de febrero, en la que se anunció la exclusión de la línea R1 de la Red de Interés General . Además, se comunicó la creación de una empresa mixta ajena al Grupo Renfe para asumir progresivamente todas las actividades operativas de Renfe y Adif», denuncian los convocantes de la huelga. Los sindicatos dicen ser «meros receptores de información» en el proceso de traspaso y aseguran que no están participando en la toma de decisiones. «Estas medidas suponen una ruptura total de los acuerdos previos, dado que las soluciones adoptadas por el Ministerio en coordinación con la Generalitat son diametralmente opuestas a lo pactado», abundan en un comunicado. El acuerdo que mencionan los sindicatos fue firmado de puño y letra por un entonces recién aterrizado Óscar Puente en la titularidad del Ministerio de Transportes. Lo hizo tan solo un día antes de ponerse en marcha la primera de las cinco jornadas de huelga que habían convocado entonces los sindicatos en protesta por el traspaso de Rodalies y la privatización del Renfe Mercancías. Para los representantes sindicales supuso además todo un hito por haber logrado la firma del primer espada de Fomento, algo prácticamente inédito, pues suelen ser los secretarios de Estado los que aportan su rúbrica. Para el exalcalde de Valladolid, supuso entrar con el mejor pie en el cargo, al despejar una amenaza que hubiera puesto contra las cuerdas al transporte ferroviario español como no lo había hecho en muchos años. Pero de un tiempo a esta parte, para los trabajadores de las empresas públicas nada ha cambiado. Ambos comités alertan además de que los planes de Transportes y Generalitat no supondrán una mejora del servicio, pero sí un aumento del coste para los ciudadanos. Según explican, se pretende duplicar el entramado societario con un nuevo presidente, consejeros y estructuras paralelas «para prestar un servicio que ya ofrece una empresa pública». «Esta duplicidad afectará también a las economías de escala en la compra de trenes, materiales, instalaciones de circulación y seguridad, formación y habilitaciones». Los representantes de Adif y Renfe también recuerdan que la Generalitat tiene transferidas las competencias de Rodalies desde 2010 , «pero hasta ahora no las ha ejercido plenamente». Así las cosas, comparan el marco actual, que permite «gestionar y mejorar» el servicio manteniendo como operadores a Renfe y Adif, con el de la sanidad catalana, donde diferentes centros sanitarios no titularidad de la Generalitat prestan servicio público dentro del Siscat. Todo el revuelo llega tras los últimos pasos dados en la negociación por los que se excluirá a la línea R-1 del servicio catalán de la red de interés general de Adif y el anuncio de la constitución este año de la nueva empresa mixta entre el Govern y el Estado, pero con mayoría de la Generalitat. Para los comités de Renfe y Adif, el primero de los avances citados, implica que el primero de los trayectos traspasados dejará de estar sujeto a la normativa de seguridad, operación y material rodante establecida a nivel europeo y regulada en España por la Ley del Sector Ferroviario y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. «Esta situación podría traducirse en una disminución de los estándares de seguridad y en la pérdida de interoperabilidad con el resto de la red ferroviaria española y europea», alertan, añadiendo también que las líneas afectadas han sido financiadas con fondos de la Unión Europea para fomentar la interoperabilidad ferroviaria en el continente, y que este hecho podría derivar en sanciones por incumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos de concesión de estos fondos. «Ante esta situación, los comités generales de Empresa instan al Ministerio de Transportes a respetar los acuerdos firmados y garantizar la estabilidad y continuidad de los servicios ferroviarios bajo la gestión de Renfe y Adif», piden para anular las siete jornadas de huelga. En cuanto a Renfe Mercancías, la representación legal de los trabajadores denuncia un proceso de privatización encubierta a través de la creación de una nueva sociedad controlada por la compañía logística MSC. Dicen que para facilitar esta transición, se está permitiendo el «deterioro» de la empresa pública mediante acciones como dejar de concurrir a nuevas contrataciones de carga; obstaculizar la labor de los comerciales en la captación de clientes y bloquear la operatividad de los trenes por inacción de los centros de gestión.