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Las inmunidades del poder, por Germán M. Teruel Lozano en ‘La Verdad’
En 1962 la Revista de Administración Pública publicaba el trabajo del maestro de juristas García de Enterría ‘La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho Administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos)’. Un trabajo que, todavía hoy, constituye un testimonio iluminante acerca de lo que el propio autor calificaba como un «atributo definitivo del sistema cultural de Occidente»: el sometimiento del poder público al Derecho, controlado por una Justicia administrativa independiente. La historia del Derecho público es, precisamente, una crónica de progresivos logros para reducir los espacios de arbitrio de quienes han ostentado en cada momento el poder político sometiéndolos al imperio de la ley y, como corolario, al control judicial. Desde los avances para acabar con las viejas inmunidades regias a sujetar al Gobierno y a la administración al Derecho administrativo, hasta llegar a un Estado constitucional donde «los ciudadanos y los poderes públicos [sin excepción] están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», como dicta el art. 9.1 de nuestra Norma Fundamental. Aquí se sitúa el corazón del Estado de Derecho, presupuesto inescindible para la democracia. En España, debemos reconocer la labor de la Justicia contencioso-administrativa a este respecto, que ha sido incluso […]
En 1962 la Revista de Administración Pública publicaba el trabajo del maestro de juristas García de Enterría ‘La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho Administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos)’. Un trabajo que, todavía hoy, constituye un testimonio iluminante acerca de lo que el propio autor calificaba como un «atributo definitivo del sistema cultural de Occidente»: el sometimiento del poder público al Derecho, controlado por una Justicia administrativa independiente. La historia del Derecho público es, precisamente, una crónica de progresivos logros para reducir los espacios de arbitrio de quienes han ostentado en cada momento el poder político sometiéndolos al imperio de la ley y, como corolario, al control judicial. Desde los avances para acabar con las viejas inmunidades regias a sujetar al Gobierno y a la administración al Derecho administrativo, hasta llegar a un Estado constitucional donde «los ciudadanos y los poderes públicos [sin excepción] están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», como dicta el art. 9.1 de nuestra Norma Fundamental. Aquí se sitúa el corazón del Estado de Derecho, presupuesto inescindible para la democracia. En España, debemos reconocer la labor de la Justicia contencioso-administrativa a este respecto, que ha sido incluso […] 
