Las comunidades del PP exigen 85 millones de euros más de los que ofrece Puente para asumir rutas deficitarias de autocar

Desde que en 2022 la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, presentara su plan para renovar el mapa de las concesiones de líneas de autocar, las comunidades del PP han rechazado una idea que supone adelgazar las líneas que conectan grandes ciudades o distintas comunidades, para hacerlas más rápidas y más rentables, y transferir a las comunidades autónomas los trayectos y paradas que dejen de operarse dentro de sus territorios y con menos pasajeros. Sin aparentes grandes variaciones, este plan lo retomó el actual ministro, Óscar Puente, que a cambio de que se hagan cargo de nuevas líneas, ofrece a los gobiernos autonómicos 25 millones de euros de aportación directa que las comunidades populares consideran insuficiente. Por el contrario, reclaman 85 millones más porque calculan que el "coste mínimo" por prestar los servicios que abandonará el Gobierno central en el futuro mapa concesional asciende a 110 millones.

El PP no oculta su "sorpresa" por la cifra que ha puesto sobre la mesa el ministerio en el texto de la proposición no de ley (PNL) que debatirá este martes el Congreso y en la que, en términos genéricos, este partido reclama a Puente que "retire el borrador del nuevo mapa concesional" y presente una "nueva propuesta" que esté consensuada con las comunidades autónomas.

El PP se ciñe a la propuesta de 2022, elaborada por Sánchez, para calcular que la eliminación que contemplaba de 9.305 paradas, 456 rutas en 1.417 municipios supone que "el coste mínimo por la prestación de los servicios que deja de realizar la Administración General del Estado y que pretende que asuman las comunidades autónomas asciende a 110 millones de euros". "Teniendo en cuenta esta información y estos números, sorprende enormemente que el Ministerio haya ofrecido una aportación directa a todas las comunidades de 25 millones de euros, 'de forma temporal'", continúa la PNL del PP, que subraya que esa cifra "supone apenas el 23% de lo necesario, con el añadido de que no es ni permanente ni estable como debería".

Esta cifra de 25 millones son las ayudas directas a la explotación que ofrece el Ministerio a las comunidades, de un total de 40 millones y cuyo reparto Puente modificó sobre la marcha el año pasado. Los 15 millones restantes saldrían de lo que ingresen por la venta de billetes en nuevas rutas autonómicas formadas en buena medida con paradas que el propio Gobierno considera deficitarias porque en ellas apenas suben o bajan pasajeros.

Rutas más rápidas y con menos paradas

El objetivo de reorganizar el mapa concesional tiene que ver con el hecho de que muchas rutas se han quedado obsoletas o han sido superadas por servicios que hoy da el tren con más comodidad, de forma más rápida y en muchos casos a precios similares. Para ello, lo que plantea Transportes -primero Sánchez y ahora Puente- es que mantener la competencia de las concesiones para operar aquellas líneas que unan puntos más distantes -entre distintas comunidades-, que para ser competitivas y rápidas deben eliminar paradas que, según sus datos, utilizan muy pocas personas al año. Junto a esto, Transportes pretende que las comunidades renueven sus propios mapas concesionales para cubrir localidades que queden fuera de las nuevas líneas estatales, con el argumento de que corresponde a los gobiernos regionales dar servicio de transporte dentro de sus territorios, teniendo en cuenta también criterios de dispersión que ya no se tendrán en cuenta en las líneas estatales.

Desde el principio, el PP ha criticado que, con este plan, el Gobierno quiere mantener la competencia sobre las líneas más rentables -de hecho, a ello está encaminado en nuevo mapa- y transferir a las comunidades recorridos que son deficitarios.

De momento, el plan de Puente no se conoce íntegramente -el de Sánchez, de 2022, se filtró poco antes de ser retirado- pero sí que supone que las nuevas líneas estatales eliminarían el 83% de las paradas, unas 3.832 de las 4.405, según datos de Transportes de 2022, que deberían asumir las comunidades. Para ello, Puente les ha ofrecido 25 millones, que primero fueron

En su PNL, el PP insiste además al Ministerio que estas conversaciones sobre cómo deberían ser las nuevas rutas de autobús a cuya concesión opten las empresas y qué administración debe encargarse de cada una de ellas deben tener lugar en la Conferencia Sectorial de Transportes y le reclama que la convoque. Según recuerda a Puente, la ley dice que debería reunirse cada seis meses y la última se celebró en julio de 2022.

Además de querer un planteamiento nuevo, el PP rechaza la propuesta económica de Puente, porque los 25 millones están muy por debajo del coste de 110 millones que esta pero también porque el Ministerio lo plantea como una ayuda "temporal". Por el contrario, la PNL del PP pide "un marco estable y permanente de financiación" que tenga vigencia "durante todo el periodo" que duren los contratos, que, según la ley, pueden ser de hasta 30 años.