Pese a su disconformidad con el real decreto-ley que distribuirá a los menores extranjeros no acompañados (menas) por toda España, las comunidades autónomas gobernadas por el PP –como el resto– tendrán que cumplir la ley y acogerlos a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva sus eventuales recursos de inconstitucionalidad, cuya interposición no dejaría en ningún caso en suspenso la medida, pues solo sucede esto cuando es el Gobierno el que recurre una disposición de una comunidad autónoma, solicita la suspensión de forma explícita y el Constitucional la concede. Así lo aseguran juristas consultados por ABC, que recuerdan que aunque el órgano de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido ha advertido de que el decreto-ley no es la herramienta más...
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