Las CCAA del PP chocan con el Gobierno por el "reparto forzoso" de los menores migrantes y Rego les acusa de no hacer propuestas

Todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular han constatado este lunes su rechazo al decreto del Gobierno para reubicar a 4.400 menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta al resto del territorio nacional, un reparto que califican de "forzoso y arbitrario". Lo han hecho en la Conferencia Sectorial de Infancia presidida este lunes por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que ha lamentado que los consejeros populares se opongan a una reforma que considera "sensata", en la que se ha estado trabajando desde hace más de un año, y no propongan una propuesta alternativa.

Lo que se ha puesto sobre la mesa en el encuentro de este lunes son los detalles del decreto convalidado hace casi un mes en el Congreso de los Diputados, el cual fija un mecanismo de solidaridad territorial para aliviar los sistemas de acogida de las autonomías más saturadas. Las comunidades podían modificar, si lo decidían por unanimidad, el procedimiento mediante el cual se declara a un territorio en situación de contingencia migratoria, así como las ponderaciones de los criterios que determinarán a cuántos menores extranjeros le corresponde acoger a cada región. Pero no ha habido consenso, así que el decreto ha quedado intacto tras cuatro horas de reunión.

"Cero propuestas ha traído el PP. Hemos vuelto a asistir a una Conferencia Sectorial que se ha centrado fundamentalmente en el bloqueo", ha lamentado Rego al terminar el encuentro en el que confiaba que las autonomías hicieran sus propias propuestas alternativas de los criterios de reparto. "Desgraciadamente, no ha sido posible debatir ninguna propuesta porque no hemos contado con ninguna aportación de las comunidades gobernadas por el PP, más allá de la exigencia de la desconvocatoria de la Conferencia", ha explicado.

El encuentro termina, así, sin grandes sorpresas. El PP lleva cargando contra esta reforma de la ley de extranjería desde su nacimiento, pues, según los criterios acordados —que tienen en cuenta asuntos como la población, la renta, el paro o el "esfuerzo previo" en la acogida de un territorio—, hay comunidades autónomas, como Cataluña, que saldrán claramente beneficiadas. Así lo ha criticado la consejera madrileña, Ana Dávila, quien, antes de la reunión, ha reprochado que, de los 4.400 menores migrantes que habrá que reubicar, "2.000 irán para tres comunidades autónomas del PP: Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana".

Lo cierto es que el Ministerio de Juventud e Infancia todavía tiene que hacer su propuesta de traslado, con el número concreto de niños migrantes que acogerá cada comunidad autónoma; aunque fuentes del entorno de Sira Rego aseguran que, al no haberse modificado los criterios este lunes, lo más probable es que los cálculos se parezcan mucho a los datos que Junts compartió cuando anunció su acuerdo con el Gobierno para apoyar el decreto en la Cámara Baja: a Madrid le tocaría acoger a unos 700 y a Cataluña unos 20 ó 30.

El PP denuncia no haber podido votar el decreto

Para el PP, esto demuestra que la iniciativa se impulsó "para contentar a un profugado de la justicia", en referencia a Carles Puigdemont, a quien acusan de hacer "cocinado" unos criterios de reparto que, en realidad, y salvo el del "esfuerzo previo", llevan aprobándose por unanimidad en las sectoriales desde 2022. Con todo, Dávila ha cargado contra el Ejecutivo central, a quien afea que haya aprobado un decreto "sin consultar" ni tener en cuenta a todas las autonomías que, según ha recordado, son las que tienen las "competencias exclusivas" para atender a los menores que llegan a sus territorios. "Se está utilizando a menores como monedas de cambio. El Gobierno ha asumido con la cabeza baja que lo va a hacer", ha criticado.

En esa línea, las comunidades del PP han recriminado que la ministra no haya querido someter a votación el real decreto, aunque fuese para que constase en el acta de este lunes. "No nos han permitido votar, y no se puede adoptar un acuerdo de ninguna de las formas si previamente no se ha votado", ha denunciado la consejera madrileña.

Ese es, de hecho, el argumento principal que han alegado todas las autonomías del PP que han recurrido la reforma de la ley de extranjería al Tribunal Constitucional (TC). Mientras los jueces resuelven, no obstante, el decreto ya vigente seguirá su curso, y el objetivo del Gobierno es empezar con el traslado este mismo verano.