La patronal pide agilizar los desalojos de okupas, eximir a los propietarios de pagar impuestos y que puedan cortar suministros

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) considera que no se están llevando a cabo "esfuerzos sustanciales" para proteger la propiedad privada y combatir la ocupación ilegal de viviendas, un fenómeno ante el que acusan al Gobierno de "tolerancia". El centro de estudios de la CEOE ha publicado este lunes un informe en el que califica de "preocupante" la situación y reclama medidas para agilizar los desalojos, así como eximir a los propietarios del pago de impuestos por la vivienda ocupada y permitirles cortar los suministros sin que sea considerado un delito.

"La ocupación ilegal puede explicarse, en cierta medida, como la consecuencia de un marco regulatorio inadecuado y de una ineficiente intervención pública en el ámbito de vivienda", afirma el estudio, en el que han participado los catedráticos Matilde Cuena Casas y Vicente Pérez Daudí. El análisis del 'think tank' de la patronal apunta a que la ley estatal de vivienda aprobada en 2023 es "insuficiente para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y fomentar un mercado de alquiler estable" y señala que las denuncias por ocupación ilegal de viviendas han crecido un 34,5% desde 2018.

Según datos del Ministerio del Interior, el año pasado se registraron 16.426 denuncias de este tipo, un 7,4% más que en 2023. El peso de estas acciones sobre un parque total que roza los 27 millones de inmuebles es escaso, aunque desde el IEE consideran que las denuncias están "infraestimadas". "Esas denuncias tan solo son un valor aproximado. Muestran parcialmente el fenómeno, ya que muchas veces no se denuncia porque supone un mayor coste y las denuncias solo se recogen por parte de personas físicas, no jurídicas", ha matizado el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, que ha reconocido que se trata de un fenómeno "relativamente reducido" pero en el que ha acusado a los poderes públicos de "dejación de funciones".

Desde el centro de estudios de la CEOE creen que hace falta un plan "urgente" de reformas legislativas que permita garantizar "adecuadamente" el derecho a la propiedad privada. En particular, el informe publicado este lunes hace hincapié en la necesidad de agilizar los procedimientos judiciales, por ejemplo, mediante la adopción de medidas cautelares que favorezcan la recuperación de la vivienda. También se plantea que una denuncia ante las fuerzas de seguridad, acompañada de un documento que acredite la propiedad del inmueble, sea suficiente para que el juzgado de guardia pueda ordenar el desalojo.

El IEE pide también equiparar los delitos de usurpación y allanamiento de morada, argumentando que "esto permitiría obtener de manera casi inmediata la posesión del bien ocupado ilegalmente". La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal va en esa línea, al permitir los juicios rápidos para ambos casos. Sin embargo, el análisis del centro de estudios de la patronal insta a ir un paso más allá y evitar garantizar el derecho a la inviolabilidad del domicilio ocupado ilegalmente. Además, también reclaman que todos los propietarios puedan ejercer estas acciones, ya sean personas físicas o jurídicas, y con independencia de si el inmueble es una vivienda o tiene un uso distinto.

Asimismo, la batería de medidas incluye incrementar los requisitos a la hora de presentar contratos de arrendamiento para alegar la paralización de medidas cautelares, de manera que tenga que acreditarse el depósito de la fianza y la titularidad de quien figura en el contrato. Junto a esta propuesta, se plantea también elevar las penas en caso de falsificación, así como eximir a los propietarios del pago de impuestos por la vivienda ocupada ilegalmente cuando se acredite haber iniciado un procedimiento judicial para lograr el desalojo y permitirles cortar los suministros sin que sea considerado como un delito de coacciones.

Para el IEE solucionar el problema de acceso a la vivienda pasa por abordar la ocupación ilegal. El centro de estudios apunta a que este fenómeno desincentiva la inversión inmobiliaria y disuade a los propietarios de poner sus pisos a alquilar, lo que reduce la oferta de casas disponibles. "Es negativo para las familias más vulnerables, para quienes más dificultades tienen al aumentar los precios", ha añadido en la presentación del informe Fernández de Mesa, que ha instado a las administraciones a no dejar la "responsabilidad" en manos de los propietarios y a buscar "alternativas" de vivienda asequible para los colectivos más vulnerables.

"La incertidumbre que genera el progresivo aumento del fenómeno de la ocupación ilegal, pero en especial la inseguridad jurídica, la complejidad y al dilatación de los procesos judiciales por la vía civil y penal para la recuperación de los inmuebles imponen un sobrecoste para los propietarios", asevera el informe en ese sentido. "La falta de acción para resolver la inseguridad jurídica y la tolerancia hacia la ocupación ilegal, así como las políticas intervencionistas en el sector de la vivienda, generan un entrono de incertidumbre que perjudica la estabilidad de los derechos de propiedad y, por ende, el progreso económico y social", agrega.

Desde el 'think tank' empresarial creen que la propiedad privada en España está "menos protegida" que en otros países vecinos. Se basan en el denominado Índice Internacional de Derechos de Propiedad, elaborado por Property Rights Alliance y difundido a nivel nacional por el IEE, que apunta a que la protección de la estos derechos en España está un 4,3% por debajo de la media de la OCDE, situándose en el puesto 22 de 37. Este indicador no mide específicamente la situación de la propiedad privada en el ámbito inmobiliario, sino que incluye un amplio número de variables que van desde la situación política, la independencia judicial o el control de la corrupción hasta el impulso de patentes y marcas.