La jueza Loretta Preska rechazó el pedido de anular el fallo sobre YPF

La jueza federal Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido de la organización no gubernamental Republican Action for Argentina (RA4ARG) para intervenir en el caso y solicitar la anulación del fallo que condenó al país a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012. 

La magistrada consideró que la solicitud de la ONG era "extemporánea" y carecía de un "interés cognoscible" en el litigio.

RA4ARG, que buscaba intervenir en nombre de la República Argentina, había presentado una serie de comunicaciones ex parte ante la jueza Preska. La organización solicitó una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la suspensión de las actuaciones judiciales y la anulación del fallo que condenó al país. Sin embargo, la jueza desestimó el pedido, argumentando que la solicitud llegó demasiado tarde y que la organización no tenía un interés directo en el caso.

En su resolución, Preska citó precedentes legales que respaldan su decisión. "La solicitud de intervención bajo la Regla 24 (a) o 24 (b) debe denegarse cuando el interviniente se mueve más de un año después de la presentación de la demanda", señaló la magistrada, refiriéndose al caso D'Amato v. Deutsche Bank. Además, agregó que "el interés debe ser directo, en oposición a remoto o contingente", tal como lo estableció el caso Restor-A-Dent Dental Laboratories, Inc. v. Certified Alloy Products, Inc.

La jueza también destacó que, incluso si hubiera permitido la intervención de RA4ARG, no tenía jurisdicción para otorgar la anulación del fallo debido a la apelación pendiente. "El tribunal de distrito puede conceder una moción bajo la Regla 60 (b) después de que se haya interpuesto una apelación solo si la parte solicitante obtiene el permiso del tribunal de circuito", recordó Preska, citando el caso Toliver v. County of Sullivan.

El fallo de Preska se enmarca en un largo litigio que comenzó en 2015, cuando Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management demandaron a la Argentina por la expropiación de YPF. En 2022, la jueza condenó al país a pagar 16.000 millones de dólares, una de las sentencias más grandes en la historia del derecho internacional. Burford Capital, el fondo que financió la demanda, fue el principal beneficiario del fallo.

El Estado argentino, representado por la Procuración del Tesoro, había apoyado el pedido de RA4ARG. Sin embargo, Burford Capital se opuso, argumentando que la solicitud no era pertinente. La jueza Preska finalmente respaldó la posición del fondo de inversión y cerró la puerta a cualquier revisión del fallo en esta instancia.

La decisión de Preska representa un nuevo revés para la Argentina en su batalla legal por YPF. El país ahora deberá esperar el resultado de la apelación presentada ante el Tribunal de Circuito de Estados Unidos, donde espera revertir la millonaria condena.