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La jueza decana de Madrid da la espalda al comité de ética del CGPJ para participar en un acto del PP
La jueza decana de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -de carácter conservador-, María Jesús del Barco, fue protagonista este lunes de un acto impulsado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados que llevaba por título Contra la impunidad. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo abrió el evento, mientras que el encargado de bajar la persiana fue el portavoz conservador en la Carrera de San Jerónimo, Miguel Tellado. Entre medias, intervino del Barco en una mesa redonda, desde la que despotricó contra lo que Génova ha calificado como Ley Begoña para limitar la acción de la acusación popular. Al margen de lo que dijera o dejara de decir, la comisión de ética del Consego General del Poder Judicial (CGPJ) desaconseja participar en actos políticos, "aun en condición de ciudadanos", habida cuenta de que puede afectar a su "apariencia de independencia, integridad e imparcialidad". El departamento ético del órgano de gobierno de los jueces lo componen un total de seis miembros adscritos a la carrera judicial: dos magistrados del Tribunal Supremo, tres magistrados y un juez. Todos ellos son elegidos por sufragio universal entre los casi 6.000 jueces que hay en España en activo. Al mismo tiempo, los seis integrantes escogen a una persona "de reconocido prestigio y acreditada trayectoria académica en el mundo de la Ética, la Filosofía del Derecho o la Filosofía Moral". Un sistema de elección que, por otro lado, favorece el carácter conservador del órgano, aunque el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sacó adelante un anteproyecto de ley para democratizar el acceso a la carrera judicial y fomentar el pluralismo en los órganos judiciales. En este caso, a través de la selección de catedráticos designados por las Cortes Generales. El acto del PP El acto tuvo como propósito, según explicaron Feijóo y Tellado, denunciar la reforma impulsada por el PSOE, a la que calificaron como "la ley Begoña". Esta propuesta busca restringir la capacidad de acusación de asociaciones como Manos Limpias y Hazte Oír, conocidas por presentar querellas que, según denunciaron, son aprovechadas políticamente por algunos partidos. Entre estas causas figuran las investigaciones abiertas en el juzgado de Instrucción 41 de Madrid contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y en otro juzgado de Badajoz contra su hermano. En este sentido, la iniciativa socialista prevé la limitación de los partidos políticos como acusación popular y restringir tal papel a colectivos que puedan demostrar interés directo en el caso. Todo ello, con el fin de evitar la filtracion de documentos sensibles en fase de instrucción. Durante su intervención en una mesa titulada La voz de la Justicia, Del Barco respaldó los argumentos de Feijóo y Tellado y rechazó la reforma, señalando que "no existe ninguna necesidad ni urgencia" para regular la acusación popular. Asimismo, criticó una disposición transitoria que permitiría aplicar la normativa a todos los procedimientos en curso, incluidos aquellos que afectan a familiares del presidente del Gobierno. También expresó su...
La jueza decana de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -de carácter conservador-, María Jesús del Barco, fue protagonista este lunes de un acto impulsado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados que llevaba por título Contra la impunidad. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo abrió el evento, mientras que el encargado de bajar la persiana fue el portavoz conservador en la Carrera de San Jerónimo, Miguel Tellado. Entre medias, intervino del Barco en una mesa redonda, desde la que despotricó contra lo que Génova ha calificado como Ley Begoña para limitar la acción de la acusación popular. Al margen de lo que dijera o dejara de decir, la comisión de ética del Consego General del Poder Judicial (CGPJ) desaconseja participar en actos políticos, "aun en condición de ciudadanos", habida cuenta de que puede afectar a su "apariencia de independencia, integridad e imparcialidad". El departamento ético del órgano de gobierno de los jueces lo componen un total de seis miembros adscritos a la carrera judicial: dos magistrados del Tribunal Supremo, tres magistrados y un juez. Todos ellos son elegidos por sufragio universal entre los casi 6.000 jueces que hay en España en activo. Al mismo tiempo, los seis integrantes escogen a una persona "de reconocido prestigio y acreditada trayectoria académica en el mundo de la Ética, la Filosofía del Derecho o la Filosofía Moral". Un sistema de elección que, por otro lado, favorece el carácter conservador del órgano, aunque el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sacó adelante un anteproyecto de ley para democratizar el acceso a la carrera judicial y fomentar el pluralismo en los órganos judiciales. En este caso, a través de la selección de catedráticos designados por las Cortes Generales. El acto del PP El acto tuvo como propósito, según explicaron Feijóo y Tellado, denunciar la reforma impulsada por el PSOE, a la que calificaron como "la ley Begoña". Esta propuesta busca restringir la capacidad de acusación de asociaciones como Manos Limpias y Hazte Oír, conocidas por presentar querellas que, según denunciaron, son aprovechadas políticamente por algunos partidos. Entre estas causas figuran las investigaciones abiertas en el juzgado de Instrucción 41 de Madrid contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y en otro juzgado de Badajoz contra su hermano. En este sentido, la iniciativa socialista prevé la limitación de los partidos políticos como acusación popular y restringir tal papel a colectivos que puedan demostrar interés directo en el caso. Todo ello, con el fin de evitar la filtracion de documentos sensibles en fase de instrucción. Durante su intervención en una mesa titulada La voz de la Justicia, Del Barco respaldó los argumentos de Feijóo y Tellado y rechazó la reforma, señalando que "no existe ninguna necesidad ni urgencia" para regular la acusación popular. Asimismo, criticó una disposición transitoria que permitiría aplicar la normativa a todos los procedimientos en curso, incluidos aquellos que afectan a familiares del presidente del Gobierno. También expresó su...
