La jueza de la DANA cita como testigos a la delegada del Gobierno y al presidente de la Diputación de Valencia

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la catastrófica DANA que a finales de octubre arrasó media provincia de Valencia y acabó con la vida de 228 personas, ha citado a declarar como testigos el próximo 14 de abril a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, y al presidente de la Diputación de Valencia, el popular Vicent Mompó. Además, el 29 del mismo mes ha llamado a dos técnicos para comparecer también como testigos. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de esta localidad ha fijado también para el 11 de abril la declaración como imputados de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y de su entonces número dos, el ex secretario autonómico Emilio Argüeso.

Tanto Bernabé como Mompó asistieron a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) aquella fatídica tarde. La primera lo hizo de forma telemática, mientras el segundo se personó a primera hora de la tarde en el centro ubicado en l'Eliana, como él mismo confirmó y como atestiguan las cámaras de seguridad del recinto, de cuyas grabaciones informó la Generalitat a la jueza.

Por otro lado, la instructora Nuria Ruiz Tobarra ha dictado este lunes un auto en el que deniega la solicitud de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià de requerir datos sobre los vehículos oficiales usados por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y sus escoltas entre las 8 horas del 29 de octubre y las 8 horas del día siguiente. La magistrada justifica esta negativa en la condición de aforado del jefe del Consell, por lo que "no es factible" la "realización de diligencias de investigación sobre su actuación".

Al respecto, la jueza recuerda que el presidente de la Generalitat tiene la condición de aforado, por lo que el juzgado de Instrucción no puede ordenar la práctica de diligencias de investigación sobre su actuación respecto de esta causa.

Igualmente, deniega la misma solicitud de diligencias respecto de la entonces consellera de Emergencias y de su secretario autonómico, pues "no consta que los mismos no se hubieran incorporado a la reunión" del Cecopi "o que dicha incorporación se hubiera efectuado con retraso", así como con respecto del director y el subdirector general de Emergencias, porque estos dos últimos cargos "no ostentan la condición de investigados".

Finalmente, en relación con las posibles grabaciones de audio por parte de integrantes de la reunión del Cecopi del día 29 de octubre, considera que deben ser éstos quienes manifiesten si poseen ese material y si "voluntariamente prestan su conformidad" para aportarlas al proceso una vez se les reciba declaración. Tanto la providencia como el auto notificados hoy no son firmes y contra ellos caben recurso.