La huelga en la Seguridad Social se intensificará en abril con paros indefinidos

Los secretarios y subdirectores provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), unos 200 empleados públicos, van a intensificar las protestas iniciadas el 10 marzo -y que este jueves ha celebrado la cuarta jornada- con convocatorias de paros indefinidos a partir del 1 de abril durante tres días a la semana. Los convocantes denuncian en un comunicado la falta de respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante lo que definen como una "situación de colapso de la gestión de este organismo".

En la nota detallan que durante las últimos semanas de paros parciales, han tenido un seguimiento masivo, con el 88% de las provincias secundando los paros, y una participación total del 64%. Además, en las principales provincias del país (Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante, Zaragoza, Asturias y Murcia) el seguimiento de huelga ha sido de más del 90%.

"Ante la falta de respuesta de los responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la situación de colapso de la gestión de este organismo que vienen denunciando estos directivos, se intensifican las protestas con convocatorias de paros indefinidos a partir del 1 de abril durante tres días a la semana", señalan. Con estos paros, los directivos territoriales del INSS exigen "soluciones estructurales" para revertir la situación de "caos de una entidad gestora que con una estructura del siglo pasado y con unas plantillas envejecidas y mermadas pretende hacer frente a los colosales retos de la protección social del siglo XXI".

Paralización en la gestión de prestaciones

"Allí donde está coincidiendo con la jornada y horario de los paros, se están viendo paralizadas las comisiones ejecutivas del INSS, por ausencia del secretario de las mismas, así como las comisiones de seguimiento del Convenio de la Incapacidad temporal, las mesas de contratación y los comités de seguridad y salud laboral donde asistan estos directivos provinciales", añaden.

Así, la huelga convocada ha supuesto la suspensión de la actividad regular de los Tribunales médicos (Equipos de Valoración de Incapacidades) en muchas provincias, donde la mayoría de estos directivos son sus presidentes. En concreto, en estas cuatro jornadas de huelga se han visto afectados más de 6.000 expedientes de incapacidad laboral por esta circunstancia, según el comunicado.

En este sentido, denuncian que existen más de 90.000 expedientes de incapacidad permanente pendientes de calificación. Asimismo, reprochan que casi 50.000 trabajadores alcanzan con "enorme facilidad" el plazo máximo legal de 545 días para las bajas laborales, con un incremento del 30% y 10.000 trabajadores en el último año.

"Las consecuencias para empresas y Mutuas y en general para todo el sistema de seguridad social son nefastas, con trabajadores sin un pronunciamiento sobre su situación médico laboral, que se alejan cada vez de sus empresas o negocios, con una generación de falsas expectativas de prestaciones y desconexión del mundo laboral y dificultades para su reinserción", reiteran.

Por otro lado, advierten que la creación de la nueva prestación del Ingreso mínimo vital (IMV) en 2020 se ha tenido que asumir por unas unidades de gestión que "no estaban preparadas ni formadas y que carecían de recursos humanos y materiales" para gestionar una "avalancha de tres millones y medio de expedientes".

"Cuatro años después, una prestación tan importante para las familias se gestiona prácticamente en exclusiva por funcionarios interinos, con decenas de miles de expedientes sin resolver y con cambios continuos de criterio de los requisitos de acceso que han generado inseguridad jurídica con miles de reclamaciones y deudas a estas familias en situaciones de vulnerabilidad", recoge el comunicado.

Por todo ello, las oficinas de atención al ciudadano de la seguridad social están "desbordadas". "La creación de nuevas prestaciones como el IMV, el descontrol de las incapacidades laborales, el aumento de las solicitudes de jubilación por los cambios normativos y la llegada a la edad legal de la generación del baby boom, la dilatación de los tiempos de tramitación, el incremento de las reclamaciones y revisiones está colapsando las oficinas del INSS con dificultades para obtención de cita previa e incrementado la conflictividad y empeorando considerablemente las condiciones de trabajo", aseveran.