La Fiscalía pide que la exjefa del CNI pueda revelar datos secretos sobre el espionaje a dirigentes de ERC

El Ministerio Público considera necesario "habilitar" la comparecencia como imputada de Paz Esteban mediante la retirada de su deber de secreto por parte del GobiernoLa exdirectora del CNI Paz Esteban, imputada por tercera vez por el espionaje a dirigentes de ERC con Pegasus La Fiscalía ha apoyado por primera vez pedir al Gobierno que retire el deber de secreto de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban ante su nueva declaración como investigada por el espionaje mediante el programa Pegasus al exeurodiputado de ERC Jordi Solé. Según ha podido saber elDiario.es, el fiscal ha solicitado a la jueza del caso que, antes de la comparecencia como imputada de Esteban, se mande al Gobierno una solicitud para desclasificar información y datos del CNI con el objetivo de “habilitar” la declaración de la exjefa del CNI ordenada por la Audiencia de Barcelona. El fiscal apoya retirar el secreto a la obligación legal que, como exresponsable de los espías españoles, tiene Esteban de guardar silencio sobre las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de actividades, fuentes, organización, estructura, medios, personal o centros de datos del CNI. “Cualquier explicación que se pretenda en tanto que derivada de su condición de exdirectora del CNI debe ser autorizada expresamente mediante el oportuno acuerdo expreso de desclasificación”, razona el fiscal de delitos informáticos de Barcelona, Roberto Valverde, en un escrito en el que apoya la petición de desclasificación realizada por el abogado de Solé, Andreu Van den Eynde. En su primera comparecencia como imputada, Esteban se acogió precisamente a ese secreto que ahora se pide desclasificar para no dar detalles del espionaje al expresident Pere Aragonès. Cabe recordar además que el Gobierno se ha negado en todas las ocasiones que se lo han pedido los jueces a desclasificar información sobre los centros de datos donde el CNI habría almacenado el resultado del espionaje a los independentistas. Las investigaciones judiciales repartidas por media docena de juzgados de Barcelona (se rechazó asumir todas las denuncias en una sola macrocausa) han empezado a derribar el muro que el CNI y el Gobierno levantaron ante las peticiones de esclarecimiento del espionaje a los independentistas. Pese a que la empresa israelí NSO Group solo vende Pegasus a los estados, el Gobierno ha rechazado contestar a las peticiones judiciales sobre el coste del programa espía. Tan solo ha facilitado los tres autos judiciales (con tachones en varios párrafos) por los que el Tribunal Supremo autorizó el espionaje al expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Hace menos de un año, el Gobierno negó a la jueza haber utilizado ningún software contra Solé. Esteban tampoco incluyó el nombre de Solé en los 18 independentistas que admitió haber espiado, siempre con aval judicial, en su comparecencia a puerta cerrada en el Congreso antes de que el Ejecutivo la cesara para intentar aplacar la crisis abierta con los independentistas a raíz del espionaje. Sin embargo, las distintas investigaciones judiciales han empezado a delatar una coincidencia en los métodos del espionaje a los independentistas. El servidor y el método de infección del móvil de Solé (un SMS malicioso que sirvió para Pegasus entrara en el dispositivo) coincidían con el empleado en la infiltración a Aragonès, que sí está admitió por el CNI. Como la Audiencia de Barcelona centró la declaración como imputada de Esteban en la “misma infraestructura informática” compartida en los espionajes de Solé y Aragonès, la Fiscalía ha pedido que se retire el deber de guardar secreto sobre los medios empleados por el CNI para “habilitar” la declarción como imputada de su exjefa. En caso de que la jueza acuerde la petición de desclasificación, la pelota volverá a la mesa del Consejo de Ministros después de que las distintas pesquisas judiciales hayan aumentado la presión sobre el Gobierno por unos espionajes producidos ya bajo Ejecutivos encabezados por el PSOE y que han evidenciado las carencias en el control de la actividad del CNI. Las investigaciones han constatado que el rastro informático del espionaje coincide tanto en los independentistas cuya infiltración se realizó con aval judicial (el principal argumento del Goberno para defender la legalidad del espionaje) como en los que no consta permiso alguno del Supremo para que el CNI accediera a su teléfono con el programa Pegasus, como el caso de Solé. Es en esta coincidencia en el servidor informático y el método de espionaje donde se apoya la sección 7ª de la Audiencia de Barcelona para ordenar la nueva declaración como investigada de Esteban. El tribunal señaló que parece “indudable” la vinculación entre el espionaje realizado sobre el expresident Aragonès, sí admitido por el CNI, y el infringido sobre

Mar 5, 2025 - 15:48
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La Fiscalía pide que la exjefa del CNI pueda revelar datos secretos sobre el espionaje a dirigentes de ERC

La Fiscalía pide que la exjefa del CNI pueda revelar datos secretos sobre el espionaje a dirigentes de ERC

El Ministerio Público considera necesario "habilitar" la comparecencia como imputada de Paz Esteban mediante la retirada de su deber de secreto por parte del Gobierno

La exdirectora del CNI Paz Esteban, imputada por tercera vez por el espionaje a dirigentes de ERC con Pegasus

La Fiscalía ha apoyado por primera vez pedir al Gobierno que retire el deber de secreto de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban ante su nueva declaración como investigada por el espionaje mediante el programa Pegasus al exeurodiputado de ERC Jordi Solé.

Según ha podido saber elDiario.es, el fiscal ha solicitado a la jueza del caso que, antes de la comparecencia como imputada de Esteban, se mande al Gobierno una solicitud para desclasificar información y datos del CNI con el objetivo de “habilitar” la declaración de la exjefa del CNI ordenada por la Audiencia de Barcelona.

El fiscal apoya retirar el secreto a la obligación legal que, como exresponsable de los espías españoles, tiene Esteban de guardar silencio sobre las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de actividades, fuentes, organización, estructura, medios, personal o centros de datos del CNI.

“Cualquier explicación que se pretenda en tanto que derivada de su condición de exdirectora del CNI debe ser autorizada expresamente mediante el oportuno acuerdo expreso de desclasificación”, razona el fiscal de delitos informáticos de Barcelona, Roberto Valverde, en un escrito en el que apoya la petición de desclasificación realizada por el abogado de Solé, Andreu Van den Eynde.

En su primera comparecencia como imputada, Esteban se acogió precisamente a ese secreto que ahora se pide desclasificar para no dar detalles del espionaje al expresident Pere Aragonès. Cabe recordar además que el Gobierno se ha negado en todas las ocasiones que se lo han pedido los jueces a desclasificar información sobre los centros de datos donde el CNI habría almacenado el resultado del espionaje a los independentistas.

Las investigaciones judiciales repartidas por media docena de juzgados de Barcelona (se rechazó asumir todas las denuncias en una sola macrocausa) han empezado a derribar el muro que el CNI y el Gobierno levantaron ante las peticiones de esclarecimiento del espionaje a los independentistas.

Pese a que la empresa israelí NSO Group solo vende Pegasus a los estados, el Gobierno ha rechazado contestar a las peticiones judiciales sobre el coste del programa espía. Tan solo ha facilitado los tres autos judiciales (con tachones en varios párrafos) por los que el Tribunal Supremo autorizó el espionaje al expresident de la Generalitat, Pere Aragonès.

Hace menos de un año, el Gobierno negó a la jueza haber utilizado ningún software contra Solé. Esteban tampoco incluyó el nombre de Solé en los 18 independentistas que admitió haber espiado, siempre con aval judicial, en su comparecencia a puerta cerrada en el Congreso antes de que el Ejecutivo la cesara para intentar aplacar la crisis abierta con los independentistas a raíz del espionaje.

Sin embargo, las distintas investigaciones judiciales han empezado a delatar una coincidencia en los métodos del espionaje a los independentistas. El servidor y el método de infección del móvil de Solé (un SMS malicioso que sirvió para Pegasus entrara en el dispositivo) coincidían con el empleado en la infiltración a Aragonès, que sí está admitió por el CNI.

Como la Audiencia de Barcelona centró la declaración como imputada de Esteban en la “misma infraestructura informática” compartida en los espionajes de Solé y Aragonès, la Fiscalía ha pedido que se retire el deber de guardar secreto sobre los medios empleados por el CNI para “habilitar” la declarción como imputada de su exjefa.

En caso de que la jueza acuerde la petición de desclasificación, la pelota volverá a la mesa del Consejo de Ministros después de que las distintas pesquisas judiciales hayan aumentado la presión sobre el Gobierno por unos espionajes producidos ya bajo Ejecutivos encabezados por el PSOE y que han evidenciado las carencias en el control de la actividad del CNI.

Las investigaciones han constatado que el rastro informático del espionaje coincide tanto en los independentistas cuya infiltración se realizó con aval judicial (el principal argumento del Goberno para defender la legalidad del espionaje) como en los que no consta permiso alguno del Supremo para que el CNI accediera a su teléfono con el programa Pegasus, como el caso de Solé.

Es en esta coincidencia en el servidor informático y el método de espionaje donde se apoya la sección 7ª de la Audiencia de Barcelona para ordenar la nueva declaración como investigada de Esteban. El tribunal señaló que parece “indudable” la vinculación entre el espionaje realizado sobre el expresident Aragonès, sí admitido por el CNI, y el infringido sobre Solé, negado por el centro.

Además de comparecer como investigada por el espionaje de Solé, Esteban también deberá declarar bajo la misma condición por la infiltración en otros dos dirigentes de ERC, la actual eurodiputada Diana Riba y el diputado del Parlament Josep Maria Jové.

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