Los juzgados especializados en violencia sobre la mujer vienen denunciando desde hace tiempo que adolecen de una falta de medios humanos y materiales y de una excesiva carga de trabajo, pero la alerta se ha acentuado seriamente en los últimos meses. El motivo es la ley de eficiencia organizativa aprobada por el Gobierno en enero, en virtud de la cual todos los casos de violencia sexual, se den o no en el ámbito de la pareja y la expareja, serán abordados en estos juzgados. Esta medida, aprobada siguiendo directrices del Convenio de Estambul y la ley del 'solo sí es sí', es valorada positivamente entre los jueces especializados, que sin embargo alertan del "colapso total" que se producirá si la norma no viene acompañada de un aumento de medios.

El cambio esencial de la ley de eficiencia organizativa impulsada por el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños, en lo que se refiere a la investigación de casos de violencia sexual, se puede resumir de la siguiente forma: hasta este momento, los juzgados especializados en la violencia sobre la mujer se hacían cargo, aparte de los casos de violencia de género, de los delitos sexuales que se producen en el ámbito de la pareja y la expareja; y ahora asumirán también el resto.

Actualmente, los casos de violencia sexual ajenos a la pareja se tratan en juzgados ordinarios y quedan a cargo de jueces que no necesariamente cuentan con una formación específica —por ejemplo, el caso de la presunta agresión del exdiputado Íñigo Errejón a la actriz Elisa Mouliaá, instruido por el juez Adolfo Carretero—. A partir de octubre, y en virtud de la ley de eficiencia organizativa, todas las violencias sexuales se investigarán en juzgados especializados. Evidentemente, esto supondrá un aumento significativo en la carga de trabajo de estos órganos.

Un total de 135 jueces de violencia sobre la mujer —el 96% del total— dieron muestra esta semana de la inquietud que les produce esta situación a través de un comunicado. El escrito incide en el "salto cualitativo y cuantitativo" que se dará en la competencia objetiva de estos juzgados, que "ya están saturados" de por sí. El cálculo de los jueces es que la carga de los juzgados de violencia sobre la mujer aumentará un 20%, algo que entienden inasumible a no ser que se acompañe de un aumento de medios, especialmente humanos.

Además, apuntan que el cambio se producirá "tres meses antes de la fecha prevista" para la entrada en funcionamiento de otra medida de la ley de eficiencia organizativa, la creación de secciones de instrucción en tribunales de instancia que sustituirán a los juzgados unipersonales. En resumen, los togados están de acuerdo con la "necesidad y bondad" de la reforma, pero auguran un "colapso total" ante la escasez de medios.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunció este sábado a través de su cuenta de 'X' que el Gobierno tiene previsto aumentar "un 50%" el número de jueces especializados en violencia sobre la mujer. "Las secciones de violencia sobre la mujer se ocuparán de todas las violencias machistas", celebró el titular de Justicia con motivo del 8M. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó también esta semana que el Ejecutivo tramitará un decreto por la vía de urgencia para aumentar el número de juzgados y jueces especializados en la materia, de manera que puedan asumir "un 15% más" de carga de trabajo.

Carmen Gámiz es titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Madrid, miembro del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco Vitoria (AJFV) y una de las 135 firmantes del comunicado difundido esta misma semana. En conversación con este periódico, subraya que su trabajo y el de sus compañeros se va a "desbordar" con la nueva atribución de competencias, teniendo en cuenta que los casos de violencia sexual que ya tratan "están subiendo un 10%".

"No vamos a tener tiempo material para escuchar a las víctimas"

"El mayor problema, de todos modos, es la atención a las víctimas, que se va a ver mermada", lamenta, pues no van a "tener tiempo material para escuchar a las víctimas". Según explica Gámiz, los 11 juzgados especializados en violencia de género en Madrid asumieron 1.800 asuntos penales en 2024. Ahora, su previsión es que tendrán que afrontar "200 asuntos más al año en cada juzgado".

Con lo cual, apunta Gámiz, la prioridad es añadir más jueces a la plantilla. "Necesitamos más jueces, el embudo está en nosotros", enfatiza. Además, señala que la mayoría de asuntos que tratan en estos órganos especializados son "urgentes" y, aunque existe un servicio de guardia para las diligencias más acuciantes, el resto de asuntos acabarán retrasándose. Según datos del INE, el número de casos de violencia de género incoados en España se ha incrementado un 20,14% entre 2020 y 2023, pasando de 29.215 a 36.582.

El respaldo de la presidenta del Supremo

La reivindicación de los 135 jueces especializados en violencia sobre la mujer obtuvo este martes el respaldo de la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. Durante su intervención en un acto celebrado en Palma de Mallorca, la magistrada aprovechó para hacer alusión a las denuncias de sus compañeros: "Como presidenta del Consejo no puedo dejar de compartir la preocupación y las reivindicaciones de estos jueces y juezas para que cuenten con los medios necesarios a fin de que la lucha contra este tipo de violencia y la protección de las víctimas no den un paso atrás".

La presidenta del Consejo aseguró que este órgano hará lo posible por "garantizar que la transición hacia este nuevo modelo sea lo más sencilla posible, ayudando a eliminar los problemas y dudas que puede generar su implantación". De todos modos, Perelló mostró optimismo y esperanza en que la reforma legal "ayude a consolidar una Justicia más moderna y eficaz".

El Partido Popular, en cambio, ha reaccionado a las reivindicaciones de la carrera judicial con el registro de una proposición de ley orgánica en el Congreso para que los delitos sexuales ajenos al ámbito de la pareja no se asignen a los juzgados especializados en violencia de género. Los populares coinciden con los jueces en el diagnóstico del problema, auguran que los órganos se verán "desbordados" y que esto tendrá un impacto en las víctimas.

Pero la propuesta del Grupo Parlamentario Popular no consiste en aumentar los medios de los que disponen estos juzgados especializados, sino en anular el traspaso de competencias.