Joaquim Bosch, sobre los excesos de Hurtado con el fiscal general: "Muy discutible jurídicamente"
El juez Ángel Hurtado, encargado de investigar la presunta filtración de la causa del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, insiste en sus acciones cuantas menos polémicas para considerar culpable o no al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Con una doble vara de medir que parece clamorosa, uno de los últimos movimientos del magistrado ha pasado por permitir que el Tribunal Supremo, del que forma parte, traslade a todas las partes miles de datos entre los que se encuentran llamadas y conexiones que datan de los años 2023 y 2024, fechas muy anteriores a los hechos que se investigan. Pero antes de este movimiento, son varios los que se mueven en lo que muchos consideran una mala praxis o, a menos, diferente respecto de la otra parte. Posiblemente las órdenes de volcar el móvil sin indicios o de entrar a su despacho sean las dos que más controversia generan. Tanto es así que incluso la Fiscalía sostiene que este registro -y otro que se realizó en el despacho de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez- es nulo. "No contienen razonamiento alguno que justifique la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas". "No hay proporcionalidad" ElPlural.com se ha puesto en contacto con el magistrado Joaquim Bosch para conocer de primera mano y desde un punto de vista puramente judicial si cabría la posibilidad de que Hurtado terminara querellándose contra el juez por la forma en la que está llevando la causa. "Con los datos de los que disponemos hasta ahora es difícil que pueda ejercer acciones penales", explica; si bien califica algunas de las decisiones de Hurtado como "discutibles jurídicamente" porque "no se cumplen por con los requisitos de proporcionalidad" y "tampoco hay una motivación suficiente sobre indicios". Bosch explica a este periódico que el procedimiento cuando hay disconformidad con una resolución "es el recurso". "Y en este caso el fiscal general sí ha presentado un recurso de apelación contra la resolución en materia de injerencias de derechos fundamentales", expone en primera instancia. Y respecto del punto de filtración de datos, el magistrado indica que "tampoco parece haber materia para que se puedan ejercer acciones penales, sin perjuicio de que sí es posible que García Ortiz pueda pedir actuaciones al Consejo General del Poder Judicial por la difusión de esa información y a la Agencia de Protección de Datos por la misma cuestión". Todas ellas, respalda el magistrado, son acciones que puede ejercer el fiscal general del Estado, pero no son propiamente del tipo penal. Se dirige al CGPJ Para poner pie en pared frente a este modus operandi, el fiscal general se dirigía esta semana por escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para denunciar, en el caso concreto de la documentación de la Guardia Civil enviada por el Supremo a todas las partes, que los datos aportados son "absolutamente innecesarios". De forma más detallada, García Ortiz afirma que la Unidad Central Operativa (UCO) informaba de llamadas...
El juez Ángel Hurtado, encargado de investigar la presunta filtración de la causa del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, insiste en sus acciones cuantas menos polémicas para considerar culpable o no al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Con una doble vara de medir que parece clamorosa, uno de los últimos movimientos del magistrado ha pasado por permitir que el Tribunal Supremo, del que forma parte, traslade a todas las partes miles de datos entre los que se encuentran llamadas y conexiones que datan de los años 2023 y 2024, fechas muy anteriores a los hechos que se investigan. Pero antes de este movimiento, son varios los que se mueven en lo que muchos consideran una mala praxis o, a menos, diferente respecto de la otra parte. Posiblemente las órdenes de volcar el móvil sin indicios o de entrar a su despacho sean las dos que más controversia generan. Tanto es así que incluso la Fiscalía sostiene que este registro -y otro que se realizó en el despacho de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez- es nulo. "No contienen razonamiento alguno que justifique la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas". "No hay proporcionalidad" ElPlural.com se ha puesto en contacto con el magistrado Joaquim Bosch para conocer de primera mano y desde un punto de vista puramente judicial si cabría la posibilidad de que Hurtado terminara querellándose contra el juez por la forma en la que está llevando la causa. "Con los datos de los que disponemos hasta ahora es difícil que pueda ejercer acciones penales", explica; si bien califica algunas de las decisiones de Hurtado como "discutibles jurídicamente" porque "no se cumplen por con los requisitos de proporcionalidad" y "tampoco hay una motivación suficiente sobre indicios". Bosch explica a este periódico que el procedimiento cuando hay disconformidad con una resolución "es el recurso". "Y en este caso el fiscal general sí ha presentado un recurso de apelación contra la resolución en materia de injerencias de derechos fundamentales", expone en primera instancia. Y respecto del punto de filtración de datos, el magistrado indica que "tampoco parece haber materia para que se puedan ejercer acciones penales, sin perjuicio de que sí es posible que García Ortiz pueda pedir actuaciones al Consejo General del Poder Judicial por la difusión de esa información y a la Agencia de Protección de Datos por la misma cuestión". Todas ellas, respalda el magistrado, son acciones que puede ejercer el fiscal general del Estado, pero no son propiamente del tipo penal. Se dirige al CGPJ Para poner pie en pared frente a este modus operandi, el fiscal general se dirigía esta semana por escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para denunciar, en el caso concreto de la documentación de la Guardia Civil enviada por el Supremo a todas las partes, que los datos aportados son "absolutamente innecesarios". De forma más detallada, García Ortiz afirma que la Unidad Central Operativa (UCO) informaba de llamadas...
