El asesinato de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, a manos de los tres menores a los que tutelaba en un piso de cumplimiento de medidas judiciales en la ciudad de Badajoz, ha causado consternación en la región. El juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ya acordado el ingreso de los tres jóvenes de 14,15 y 17 años en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales de Menores Marcelo Nessi, como presuntos autores de homicidio, robo con violencia y delito contra la seguridad. Serán investigados por un juzgado de menores.

El brutal crimen ha puesto en el foco dos reivindicaciones de los educadores sociales que, como hacía Belén Cortés, trabajan en la reinserción de menores delincuentes: por un lado, denuncian la precariedad e inseguridad a las que se ven expuestos. Y, en segundo lugar, reclaman una actualización de la ley del menor, que data del año 2000, en la que se establece la responsabilidad penal que afrontan los jóvenes de entre 14 y 18 años.

Sheila Gómez, una de las compañeras de la educadora social asesinada, sacó a relucir ambas cuestiones durante una concentración del gremio en Badajoz este lunes. "Consternada" por una tragedia que, según dijo, se veía venir, la trabajadora social explicó a los medios de comunicación que sus compañeros llevan "meses reivindicando" la inseguridad a la que se ven sometidos "con manifestaciones desde el centro".

"Los menores son cada vez más agresivos, y pedimos estar más protegidos, que haya más personal para el centro y más medidas de seguridad, porque así no podemos trabajar", dijo Gómez en primer lugar, visiblemente afectada por el asesinato de su compañera.

La inseguridad a la que se ven expuestos en el Centro Marcelo Nessi se acentúa aún más para los trabajadores que, como Belén Cortes, conviven con menores en pisos de internamiento. "Ellos sí que están totalmente desamparados y desprotegidos: no tienen vigilantes ni cámaras de seguridad, y al final ha pasado lo que tanto estábamos temiendo todos", sentenció Sheila Gómez, en representación del grupo de trabajadores que se manifestaron este lunes en la ciudad extremeña.

A las reivindicaciones de estos compañeros se han unido esta semana diversos sindicatos y asociaciones de trabajadores sociales. Entre ellas está la sección de Comisiones Obreras de Extremadura, que este viernes convocó una concentración en Mérida para protestar por "la indefensión" de los trabajadores sociales. A ojos de CCOO, el suceso acontecido en Badajoz "revela un patrón de desatención sistemática" y es "el resultado de años de externalizar servicios sociales a empresas que ganan concursos públicos prometiendo gastar menos, aunque eso signifique recortar en seguridad, formación y personal".

La reivindicación de los trabajadores sociales ya ha obtenido una primera respuesta del Gobierno. Este jueves, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se comprometió a "defender una mejora generalizada de las condiciones laborales en el sector del trabajo social y de los cuidados". "En todas las profesiones vinculadas a los servicios sociales hay un problema estructural de precarización y de infravaloración social", reconoció el ministro.

El Gobierno está preparando desde hace tiempo un decreto para reforzar la atención a menores tutelados en centros y pisos de acogida, una iniciativa del Ministerio de Juventud e Infancia que se ha acelerado tras el asesinato de Cortés. Uno de los objetivos de la norma, según fuentes de la cartera, es "blindar el marco de derechos laborales de los trabajadores" y buscar "que no haya educadores solos". Fuentes del ministerio de Sira Rego aseguran que el primer borrador estará listo la semana que viene.

No obstante, los trabajadores sociales abanderan reivindicaciones más allá de la precariedad de su sector. La segunda cuestión que abordó Gómez en sus declaraciones es la necesidad de actualizar la ley del menor para reforzar la responsabilidad penal a la que se enfrentan los menores más cercanos a la mayoría de edad. "Necesitamos un cambio en la ley del menor, se tiene que revisar la edad. Menores con 16 años son más que conscientes, ellos tienen otra mentalidad, tienen más conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Es muy barato matar, les sale muy barato y no hay consecuencias", zanjó el lunes entre lágrimas la trabajadora social.

Una reforma de la ley del menor

Luis Carlos Nieto trabaja en un juzgado de menores de Ávila y es una referencia en este campo jurídico. El juez, en conversación con 20minutos, admite que la conversación sobre la ley del menor es un debate "delicado" que, según lamenta, se trata solo cuando ocurre un hecho gravísimo como el que ha sucedido en Badajoz. Por eso mismo, Nieto llama a la prudencia y señala que "está demostrado" que con medidas como las que recoge la ley del menor "se reinserta más que con penas desproporcionadas".

El juez explica que, "a diferencia del derecho penal de adultos, la ley del menor no introduce penas, sino medidas sancionadoras reeducadoras y reinsertadoras". "No es una ley que obvie a la víctima", pero se centra en "la reinserción del menor". Para ello contempla una lista de 20 medidas que van desde el internamiento en régimen cerrado, la más restrictiva, hasta la mera amonestación.

De cara a casos "tan extraordinarios y graves como este", apunta Luis Carlos Nieto, la ley del menor diferencia entre dos grupos: los menores de 14 y 15 años, y los de 16 y 17. Para el primer grupo, cuando se trata de delitos graves, se establece un internamiento en régimen cerrado que va de uno a cinco años, al que le pueden seguir medidas de libertad vigilada. Para los de 16 y 17 años, las medidas de internamiento van de uno a ocho años. En cuanto a los menores de 14 años, "son inimputables desde el punto de vista de la responsabilidad del menor".

"Cuando un menor de 14 años comete un delito, se le deriva al sistema de protección de menores", explica Nieto. "No es que no haya que intervenir, es que hay que hacerlo, pero no desde el derecho penal", zanja el togado. Cuando se le pregunta por la posibilidad de modificar la ley del menor, el juez señala que "el nivel de reinserción en menores es muy alto", y pone el foco en otro punto: "Lo que vemos claro es que cuando se produce una reducción o desmantelamiento de los centros de protección y los servicios sociales, aumenta la delincuencia. Pero un buen control social evita el control penal posterior".

"Una trabajadora social no puede estar sola en un sitio con estos chicos, eso es evidente"

Y, más concretamente, sobre el crimen del que ha sido víctima Belén Cortés, Nieto denuncia que "la indigencia de medios" en los servicios sociales es "impresionante" y apunta que "una trabajadora social no puede estar sola en un sitio con estos chicos, eso es evidente". "Los sistemas de reinserción cuestan dinero, pero reinsertan", concluye el juez.

Hay quien, a diferencia del juez de menores de Ávila, tiene clara la necesidad de reformar la ley del menor. Es el caso del sindicato policial Jupol, que tras el asesinato de la educadora social ha denunciado que esta norma está "totalmente desactualizada". Jupol pone el foco en "la alarmante tendencia de aumento de delitos graves cometidos por menores", a la que, según defienden, se debe responder con una modificación de la ley que regula la responsabilidad penal de quienes los perpetúan.

Si bien es cierto que el número de menores condenados por homicidio en España ha aumentado sensiblemente en los últimos años (en 2023 se alcanzó el récord con 114 homicidios, mientras que antes de 2021 nunca se habían traspasado los 52), el número de condenas totales se ha mantenido relativamente estable. Según datos del INE, esta cifra ha oscilado desde 2013 entre las 11.238 condenas de 2020 y las 15.048 que se sentenciaron en 2014.