Estas son las principales demandas contra Trump y Musk: un juez ordena al HHS, los CDC y la FDA que restauren los sitios web antiguos

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Estas son las principales demandas contra Trump y Musk: un juez ordena al HHS, los CDC y la FDA que restauren los sitios web antiguos

Un juez federal se puso del lado de Doctors for America y ordenó al Departamento de Salud y Servicios Humanos y a otras dos agencias de salud que restablecieran sus sitios web a como estaban antes del 30 de enero, la última de una serie de acciones legales mientras los demócratas y otros luchan contra el presidente Donald Trump y el zar de la reducción de costos Elon Musk en los tribunales.

Cronología

11 de febrero

El juez de distrito John D. Bates ordenó al HHS, a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y a la Administración de Alimentos y Medicamentos que restablecieran sus sitios web y conjuntos de datos a los que estaban el 30 de enero (antes de que se eliminaran los datos) antes del final del día en respuesta a una demanda de Doctors for America que alegaba que la administración Trump eliminó “una amplia gama de datos relacionados con la salud y otra información utilizada por profesionales de la salud e investigadores de sitios web gubernamentales de acceso público”.

11 de febrero

Veintisiete grupos cristianos y judíos que representan a millones de episcopales, presbiterianos, unitarios universalistas, seguidores del judaísmo reformista y otros demandantes dijeron que la nueva política de Trump está reduciendo la asistencia a los programas de la iglesia, ya que los migrantes temen redadas dentro de las casas de culto, lo que afecta la capacidad de los grupos para ministrar a los migrantes.

10 de febrero

Un grupo de sindicatos liderados por la Federación Estadounidense de Maestros presentó una demanda para impedir que el Departamento de Eficiencia Gubernamental dirigido por Elon Musk acceda a su información privada del Departamento de Educación, el Departamento del Tesoro y la OPM, argumentando que esto “viola la ley federal”.

En una presentación ante el tribunal federal de Estados Unidos en Maryland, los sindicatos acusan a DOGE de “invadir sistemas de registros gubernamentales sensibles” y dicen que esto “amenaza con alterar el modo en que se mantienen estos sistemas críticos y compromete la seguridad de la información de identificación personal de los estadounidenses en todo el país”.

10 de febrero

El juez George O’Toole, con sede en Boston, dijo que mantendrá vigente una orden que bloquea la fecha límite de Trump para que más de 2 millones de empleados federales acepten ofertas de compra , mientras el juez evalúa si detener las compras a largo plazo, como lo solicitaron los sindicatos de trabajadores federales que demandaron por el plan (la fecha límite de compra se estableció inicialmente para el 6 de febrero, pero O’Toole ahora la ha extendido dos veces).

10 de febrero

El juez John McConnell Jr. ordenó a la administración Trump “restaurar inmediatamente los fondos congelados” a los fondos federales, incluidos aquellos vinculados a los Institutos Nacionales de Salud, dando la orden después de encontrar que los estados que demandaron a Trump mostraron evidencia de que su administración ha congelado “indebidamente” los fondos federales y ha detenido el desembolso de los fondos federales asignados.

Veintidós estados demandaron a los Institutos Nacionales de Salud, impugnando su decisión de imponer un límite del 15% a la financiación indirecta para proyectos de investigación, calificando el cambio de tasa de “arbitrario y caprichoso”.

10 de febrero

El juez de distrito Joseph LaPlante dijo durante una audiencia el lunes que está deteniendo la orden de Trump que sólo permite a los hijos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes convertirse en ciudadanos al nacer, según informan varios medios , en respuesta a una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, lo que marca la tercera vez que un juez federal bloquea la orden de Trump desde que se emitió el 20 de enero.

9 de febrero

El Departamento del Tesoro solicitó al juez de distrito estadounidense Paul Engelmayer que disuelva “inmediatamente” su orden que prohíbe a los designados políticos acceder al sistema del Departamento del Tesoro, después de que Trump, Musk y sus aliados criticaran el fallo del juez y afirmaran que no debería ser posible que el juez restringiera el acceso a DOGE.

8 de febrero

Musk y sus asociados de DOGE pueden seguir accediendo a la información del Departamento de Trabajo, ya que el juez de distrito estadounidense Bates se negó a pausar su acceso en respuesta a una demanda de los sindicatos, diciendo que los demandantes no habían establecido legitimidad para demandar, incluso cuando el juez expresó su preocupación sobre el acceso de DOGE a los sistemas del Departamento de Trabajo.

8 de febrero

Engelmayer dictaminó que los designados políticos y los “empleados especiales del gobierno” —como los miembros del equipo de Musk— deben quedar excluidos del acceso a los sistemas del Tesoro hasta que otro juez con sede en Nueva York pueda decidir sobre el tema la próxima semana.

El fallo de Engelmeyer se produjo después de que un grupo de 19 fiscales generales estatales demócratas demandaran a Trump por el acceso de DOGE al Tesoro, argumentando que la medida ponía en riesgo la información personal, excedía la autoridad legal del Tesoro y podría llevar a que DOGE bloqueara inconstitucionalmente el gasto que ya ha sido aprobado por el Congreso (una orden judicial en una demanda separada dijo que solo dos miembros del personal de DOGE pueden tener acceso de solo lectura).

7 de febrero

Un grupo de estados que demandó a Trump por la congelación generalizada de subvenciones federales de la semana pasada afirmó en una presentación que “se les sigue negando el acceso a los fondos federales” a pesar de que un juez suspendió la congelación, alegando que “cortes dispersos” les han impedido acceder a varios programas de subvenciones de la era Biden.

7 de febrero

El juez Carl Nichols, designado por Trump, bloqueó un plan para poner a 2.200 empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en licencia paga a partir del viernes, parte de la táctica de Trump para cerrar la agencia de ayuda exterior, informaron varios medios de comunicación , un indulto temporal luego de una demanda presentada por un sindicato de empleados federales que calificó los esfuerzos de Trump para desmantelar USAID sin el permiso del Congreso como “inconstitucionales e ilegales”.

7 de febrero

El Departamento de Justicia acordó no nombrar a los agentes del FBI involucrados en la investigación del 6 de enero antes de que un juez se pronuncie sobre dos demandas de agentes del FBI que argumentaron que la difusión de los nombres de los agentes podría amenazar su empleo, reputación y bienestar.

7 de febrero

La Asociación de Estudiantes de la Universidad de California demandó al Departamento de Educación acusando al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk de acceder ilegalmente a “información personal y financiera confidencial” de aproximadamente 42 millones de prestatarios de préstamos estudiantiles federales.

6 de febrero

El juez John Coughenour en Seattle extendió su pausa en la orden ejecutiva del primer día de Trump que rescindía la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados o temporales, en respuesta a una demanda presentada por estados liderados por demócratas, escribiendo: “El presidente no puede cambiar, limitar o calificar este derecho constitucional a través de una orden ejecutiva”.

6 de febrero

La jueza Colleen Kollar-Kotelly, con sede en Washington, dijo que solo dos empleados afiliados a Musk pueden acceder al sistema de pagos del Departamento del Tesoro en forma de “solo lectura”, después de que los sindicatos de trabajadores demandaran al Tesoro en medio de informes de que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk accedió a registros confidenciales. (Según se informa, uno de los empleados a los que se les dio acceso renunció después de publicar tuits racistas).

5 de febrero

Una segunda jueza —Deborah L. Boardman de Maryland— bloqueó la política de Trump de rescindir la ciudadanía por derecho de nacimiento, en respuesta a una demanda presentada por organizaciones sin fines de lucro que representan a mujeres embarazadas indocumentadas.

4 de febrero

El juez Royce C. Lamberth en DC suspendió las restricciones de Trump sobre el encarcelamiento de mujeres transgénero en prisiones de mujeres y prisiones federales que brindan tratamiento médico de afirmación de género, después de que varias reclusas presentaron una demanda para bloquear la política.

4 de febrero

Médicos por América demandó a la OPM, los CDC, la FDA y el HHS por la eliminación de datos relacionados con la salud de los sitios web del gobierno utilizados por profesionales de la salud (incluidos datos sobre salud mental de los jóvenes, impactos en la salud ambiental y PrEP y VIH), alegando que la eliminación de páginas web y conjuntos de datos “crea una brecha peligrosa en los datos científicos disponibles para monitorear y responder a los brotes de enfermedades, priva a los médicos de recursos que guían la práctica clínica y quita recursos clave para comunicarse e interactuar con los pacientes”.

3 de febrero

El juez de distrito Loren L. Alikhan bloqueó ampliamente el memorando de la administración Trump que suspendía casi toda la asistencia federal, incluso después de que la Casa Blanca afirmó que había sido rescindida, mientras avanza el litigio presentado por grupos sin fines de lucro que reciben fondos del gobierno.

31 de enero

El memorando de la administración Trump que pausaba la mayor parte de la asistencia federal fue bloqueado parcialmente, ya que McConnell dictaminó que la administración Trump no puede retener el financiamiento a los estados liderados por demócratas que demandaron para bloquear el congelamiento de fondos.

27 de enero

Un grupo de congregaciones cuáqueras presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional por rescindir una política que impedía a los agentes del ICE realizar arrestos o redadas en “lugares sensibles” como iglesias, escuelas y hospitales sin la aprobación de los supervisores.

26 de enero

O’Toole prohibió a las fuerzas del orden transferir a una mujer transgénero encarcelada a una prisión masculina (al menos mientras avanza el litigio presentado por la reclusa) después de que Trump despojara a los estadounidenses transgénero de sus protecciones legales, incluido el encarcelamiento en prisiones alineadas con sus identidades de género.

23 de enero

Coughenour suspendió la orden de Trump de rescindir la ciudadanía por derecho de nacimiento , el primer fallo importante contra la segunda administración de Trump.

20 de enero

La primera demanda contra la administración de Trump fue presentada minutos después de que asumiera el cargo, mientras el grupo de derecho de interés público National Security Counselors argumentó que DOGE debería clasificarse como una junta asesora federal que tiene una membresía “bastante equilibrada” y sigue las reglas de transparencia pública.

¿Quién más está demandando a Trump?

Se han presentado demandas contra varias otras directivas de la administración Trump en casos que aún no han dado lugar a ningún fallo, incluidos casos pendientes sobre las políticas de inmigración de Trump como restricciones de asilo, redadas en ciudades santuario, oficiales de inmigración que ingresan a lugares de culto y restricción de subvenciones a grupos relacionados con la inmigración. Hay pendientes muchos otros casos centrados en los derechos de las personas transgénero, incluido el litigio contra la prohibición militar de Trump para las personas transgénero y los menores que reciben atención de afirmación de género, así como una demanda que impugna las restricciones más amplias de Trump sobre las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Otras demandas que aún están pendientes incluyen litigios contra el Departamento de Justicia que apuntan a agentes que trabajaron en casos relacionados con el 6 de enero, el “Anexo F” de Trump que facilita el despido de funcionarios públicos de carrera, el despido por parte de Trump de la miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales Gwynne A. Wilcox, la OPM supuestamente almacenando correos electrónicos en un servidor no seguro y el gobierno eliminando datos de salud de sitios web federales. El domingo por la noche también se presentaron nuevas quejas por parte del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, tanto contra el supuesto desmantelamiento de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor como contra el acceso de Musk y DOGE a la información privada de los empleados de la CFPB.

¿Quién más está demandando a Elon Musk y Doge?

Varias demandas también sostienen que Trump no debería haber podido crear el “Departamento de Eficiencia Gubernamental” de Musk al cambiar el nombre del Servicio Digital de EE. UU. A medida que Musk y DOGE obtienen acceso a la información del Departamento de Educación, los estudiantes universitarios de las escuelas de la Universidad de California con préstamos estudiantiles federales también han presentado una demanda , alegando que compartir su información financiera personal viola la ley federal de privacidad.

¿Está Trump siguiendo las órdenes de la Corte?

Los expertos legales dieron la voz de alarma el domingo después de que el vicepresidente JD Vance sugiriera que los jueces “no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo” y compartiera una publicación que sugería que la orden judicial que impedía a Musk acceder a los datos del Tesoro violaba la separación de poderes. Sin embargo, hasta ahora no hay indicios de que la administración Trump haya incumplido intencionalmente los fallos en su contra. Si bien la administración protestó en una presentación judicial que la decisión que limita el acceso a los datos del Tesoro era “anticonstitucional”, aún enfatizó que la administración la estaba cumpliendo, y los funcionarios escribieron: “Para ser claros, a pesar de los defectos de la Orden, los Demandados la están cumpliendo”. Algunos beneficiarios de subvenciones federales se han quejado de que todavía no podían acceder a los fondos federales incluso después de que una orden judicial prohibiera a la administración congelar la asistencia federal, pero la administración Trump ha afirmado que eso no fue intencional.

¿Se pondrá del lado de Trump la Corte Suprema?

Ninguna de las demandas contra la segunda administración Trump ha llegado aún a la Corte Suprema, aunque al menos algunas lo harán inevitablemente. El alto riesgo de las demandas interpuestas contra las políticas de Trump, más el hecho de que presentar múltiples demandas contra una sola política puede dar lugar a fallos contradictorios, hace que sea casi seguro que la Corte Suprema finalmente se pronuncie sobre algunos de los desafíos legales que ahora se están abriendo camino a través de los tribunales. No está claro cómo la corte conservadora de 6-3, repleta de tres designados por Trump, decidirá en última instancia sobre los desafíos, aunque los expertos legales han sugerido que algunas de las medidas de la administración pueden ser demasiado para que incluso la corte de tendencia conservadora las apoye. El profesor de la Facultad de Derecho de Georgetown Stephen Vladeck escribió que era escéptico de que la Corte Suprema respaldara el memorando de la administración que detiene la financiación federal, por ejemplo. Señaló que si bien la corte estaba dispuesta a darle a Trump más poder en su reciente decisión de darle cierta inmunidad ante cargos penales, sería “muy diferente” que le dieran “el derecho a negarse a gastar todo el dinero que el Congreso asigne”. Los expertos legales también se han mostrado muy escépticos sobre la justificación legal que ha utilizado la administración Trump para justificar la orden que anula la ciudadanía por derecho de nacimiento , que afirma que la 14ª Enmienda, que garantiza la ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción”, siempre ha eximido a los hijos de inmigrantes indocumentados o no ciudadanos. Mark Krikorian, que dirige el Centro de Estudios de Inmigración y apoya la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento, reconoció a NBC News en julio que el argumento de Trump es “algo contra lo que la Corte Suprema bien podría decidir”, y los expertos legales han criticado anteriormente la teoría legal detrás de la orden de Trump como un “argumento marginal lunático”, y la profesora de la Universidad de Massachusetts, Amherst, Rebecca Hamlin, le dijo a NPR en 2018 que cualquier abogado que lo crea es “como un unicornio”.

¿Qué acciones controvertidas de Trump y Elon Musk no han resultado aún en demandas?

Trump ya ha emitido una serie de importantes medidas ejecutivas, y muchas de ellas aún no han sido impugnadas en los tribunales, como su retirada de la Organización Mundial de la Salud, la retención de fondos federales a las escuelas que permiten a las mujeres transgénero participar en deportes femeninos, la imposición de aranceles a China, la eliminación de las salvaguardas en torno a la inteligencia artificial y la rescisión de las iniciativas de cambio climático de la era Biden, incluida la orden a las agencias federales de no desembolsar algunos fondos que fueron aprobados por el Congreso. Musk y DOGE también han tomado una serie de medidas controvertidas que aún no han dado lugar a una acción judicial, incluido el acceso de empleados de DOGE a información de Medicare y Medicaid y, según se informa, el uso de inteligencia artificial para buscar en datos internos confidenciales para el Departamento de Educación.

Antecedentes clave

Trump ha emitido una serie de órdenes ejecutivas en las menos de tres semanas que lleva en la Casa Blanca, emitiendo órdenes generales sobre temas como el cambio climático, los derechos de las personas transgénero, las iniciativas DEI, la educación, la inmigración, el ejército estadounidense, el aborto, la pena de muerte federal y más. Musk, a quien Trump nombró para dirigir DOGE y se ha convertido en uno de sus principales asesores, también ha generado una amplia controversia a medida que DOGE se ha infiltrado en el gobierno federal y ha obtenido acceso a información gubernamental al tiempo que propone recortes generalizados al gasto. Con los republicanos en posesión de la Casa Blanca y el control del Congreso, los tribunales se han convertido en la principal forma de los demócratas de emitir cualquier tipo de control sobre las acciones de la administración Trump, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, DN.Y., ha señalado el litigio como un pilar clave de la respuesta de los demócratas a la segunda presidencia de Trump. “Hemos visto una inundación y una avalancha de acciones ejecutivas escandalosas que han sido tomadas por la administración y por el presidente actual, pero eso también ha provocado una respuesta de litigio justo”, dijo Jeffries a MSNBC cuando se le preguntó cómo los demócratas se opondrían a las políticas de Trump, diciendo que la estrategia de litigio “continuará a medida que avancemos”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

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Alison Durkee