España cumple 24 de las 30 recomendaciones del GRECO para prevenir la corrupción

El Gobierno de Pedro Sánchez continúa dando pasos decididos en su política de regeneración democrática y refuerzo institucional. Este martes, el Ejecutivo ha trasladado al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), organismo dependiente del Consejo de Europa, un balance actualizado de las medidas adoptadas por España en materia de integridad pública, transparencia y lucha contra la corrupción. En dicho informe, España comunica que ya ha cumplido total o parcialmente 24 de las 30 recomendaciones formuladas por el GRECO en el marco de las rondas IV y V de evaluación, y que se encuentra trabajando activamente en la aplicación del resto. Se trata de un resultado notable que refleja una voluntad política clara por parte del Ejecutivo de alinearse con los estándares europeos más exigentes en buen gobierno, precisan fuentes de Moncloa. Del Congreso a los altos cargos La IV ronda de evaluación, ya finalizada, se centraba en la prevención de la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales. De las once recomendaciones planteadas, diez fueron consideradas ya implementadas, al menos parcialmente, por el propio GRECO. La única pendiente —la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)— ha sido abordada recientemente por el Ejecutivo, cumpliendo así uno de los compromisos más señalados por el organismo internacional. Por su parte, la V ronda, aún en curso, se enfoca en altos cargos del Gobierno central y en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En este terreno, España ha logrado aplicar parcialmente 13 de las 19 recomendaciones, lo que supone un avance considerable. En particular, el GRECO ha valorado de forma positiva la implantación del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado, que incluye medidas como códigos éticos, formación sobre conflictos de interés, canales internos de denuncia y evaluación de riesgos. Compromisocon la transparencia Más allá del cumplimiento técnico de las recomendaciones, el Gobierno ha querido reforzar el mensaje político y ético con nuevas medidas estructurales. La más destacada es la reciente aprobación del Plan de Acción por la Democracia, una ambiciosa hoja de ruta que persigue modernizar el funcionamiento de las instituciones públicas, proteger a los denunciantes de corrupción y empoderar a la ciudadanía en la fiscalización del poder. Este plan ya ha dado lugar a iniciativas concretas, como la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que será liderada por el reconocido catedrático Manuel Villoria. Este nuevo organismo se perfila como una pieza clave en la lucha contra el fraude, con capacidad para garantizar la seguridad jurídica de quienes denuncian irregularidades. Asimismo, el Gobierno ha aprobado en enero el proyecto de Ley de transparencia e integridad de los grupos de interés, una norma pionera que regulará, por primera vez en España, la actividad de los lobbies y su relación con los responsables públicos. Esta medida se suma al refuerzo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que desde julio cuenta con un nuevo estatuto que fortalece su autonomía y capacidad de actuación. Democracia más abierta y participativa Las políticas de apertura institucional no se detienen...