En qué consisten las prácticas abusivas por las que Consumo ha abierto un expediente sancionador a Alquiler Seguro

El Ministerio de Consumo, encabezado por Pablo Bustinduy, ha abierto un expediente sancionador contra una gran inmobiliaria por “posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler”. Según el Sindicato de Inquilinas de Madrid y la asociación en defensa de los derechos de los consumidores Facua, esta empresa sería Alquiler Seguro. 

La apertura de expediente. El Sindicato de Inquilinas y Facua aseguran que Consumo ha incoado el procedimiento tras haber presentado sendas denuncias ante la Dirección General de Consumo por haber llevado a cabo, presuntamente, prácticas ilegales contra inquilinos que derivan en un “perjuicio económico considerable y un menoscabo en los derechos de la parte más débil de la relación contractual”.

Las prácticas abusivas. El ministerio señala que en las denuncias destacan infracciones como pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino. 

• El Inquilinato, en su denuncia, detalla que en los contratos por arrendamiento, esta empresa habría incluido presuntamente cláusulas contrarias a la ley, como el otorgamiento automático de Protección de Datos o el Índice de referencia actualizador de Rentas de Contratos de Alquiler (ARCA), una herramienta creada por Alquiler Seguro que valora los precios de las rentas netas para actualizar el precio de los alquileres.

• También denuncian penalizaciones por no entregar una factura de suministros o por la no contratación del seguro de hogar, entre otras “condiciones particulares” por las que cobran ilegalmente a los inquilinos. 

Qué dice la ley. Desde Consumo señalan que la Ley por el derecho a la vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

Además, este tipo de prácticas estarían tipificadas como infracciones por la Ley de Defensa de los Consumidores en base a la introducción de cláusulas abusivas. Aunque a iniciación de este expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación, se podrían aplicar sanciones que dependerían del alcance de las infracciones. 

Las sanciones pueden ser: 

• Graves, y ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa.

• Muy graves, y ser sancionadas con multas de hasta un millón de euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

Investigación a otras empresas relacionadas con la vivienda. El Ministerio señala que está investigando, además, a otras agencias inmobiliarias por el cobro de comisiones ilegales a inquilinos y obligarles a contratar servicios no solicitados.