En medio de la polémica por la fuga de presos, un juez reclama el traslado de condenados a cárceles federales

La polémica que sostienen funcionarios porteños y nacionales por la responsabilidad del alojamiento y la custodia de los presos en comisaría y alcaidías de la ciudad sumó un nuevo eje, ya que un juez porteño avaló el habeas corpus colectivo presentado por la Defensoría del Pueblo y dictaminó que los detenidos con condena deben ser transferidos de esos calabozos a dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Según fuentes del gobierno porteño, de los 2440 presos alojados en la actualidad en las distintas comisarías y alcaldías de la Policía de la Ciudad, 387 internos tienen actualmente condena.

En la resolución adoptada por el magistrado Norberto Luis Circo, a cargo del juzgado de primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas N° 23 de la ciudad de Buenos Aires, figura que están alojados en comisaría y alcaidías porteñas 411 detenidos que ya tienen dictado de condena, y se agregó que “específicamente a la fecha 181 personas de esas 411 tienen sentencia firme, dos de ellos a perpetua”. Y se agregó que “de esos 411 condenados/as solo 57 están a disposición de la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cinco a cargo de la Justicia Federal y dos, alojados a pedido de la provincia de Buenos Aires, encontrándose el resto a disposición de la Justicia nacional, evidenciando la falta de cupos adecuados en el sistema penitenciario”. En definitiva, la medida alcanzaría a 347 detenidos.

Esa cifra de presos tiene diferencias con relación a los 387 que eran el número de condenados que para las autoridades porteñas aún estaban bajo vigilancia de la Policía de la Ciudad un día antes de conocerse el fallo. Esa discrepancia de datos tiene que ver con el flujo semanal de presos que reciben penas, especialmente por las condenas por flagrancia que llegan, en promedio, apenas un mes después del inicio de la causa. También los datos se actualizan por el traslado de comisarías a presidios federales mediante un sistema de cupos. Por ahí pasa también la disputa central entre las autoridades de la ciudad y los funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, que tienen bajo su órbita al SPF.

Actualmente, en el SPF reciben por semana 60 presos derivados de las dependencias porteñas. Aunque el acuerdo inicial, fijado en la resolución de otro habeas corpus, era que 120 presos serían trasladados a las cárceles federales, se llegó a que, en la práctica sean 90 presos, en una proporción de 70 hombres y 20 mujeres, los que se derivaban semanalmente a las cárceles federales.

Según fuentes del gobierno porteño, hace una semana, la cantidad de presos derivados desde las comisarías porteñas a unidades del SPF pasó de 90 a 60 por semana. Funcionarios nacionales afirmaron al respecto que esos 90 lugares están divididos no solo entre varones y mujeres, sino también por diferentes delitos, ya que los pabellones son distintos y que eso genera a veces que no se complete el cupo.

La disputa empezó en tiempo de pandemia, por una resolución que prohibía el ingreso de nuevos detenidos a las cárceles federales con la excusa de evitar potenciales contagios del Covid-19. Pasada la emergencia sanitaria, la situación, lejos de normalizarse, empeoró y se abarrotaron los calabozos porteños por falta de cupo en las cárceles federales.

Con el regreso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se iniciaron conversaciones para definir la situación de esos presos, que si bien cometen delitos en territorio porteño quedan bajo jurisdicción de magistrados nacionales, ya que no fue transferido a la órbita de la ciudad el tratamiento de delitos comunes, como robos, hurtos o asesinatos. Y la tensión aumentó con las fugas de detenidos alojados en comisarías y alcaidías.

En el pedido de habeas corpus colectivo para el traslado de condenados a cárceles federales se dejó constancia que “durante el año 2024, se registraron al menos ocho fugas, con un total de 51 personas fugadas, y en lo que va del 2025 se registraron 3 hechos, involucrando 13 personas fugadas”.

Avances y retrocesos

El martes pasado, tras una nueva evasión de presos de una comisaría de la Policía de la Ciudad, la ministra Bullrich y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ya habían acordado el traslado a unidades del Servicio Penitenciario Federal, “lo más rápido posible”, de los detenidos con condena. Fuentes de ambos lados de esa mesa de negociación no tenían en claro ayer si esta nueva resolución judicial acelerará el proceso que había sido acordado al más alto nivel político o, por el contrario, significará un detonante de nuevas tensiones.

La forma en que se resolverá la transferencia de una parte del SPF a la ciudad, tal como ocurrió años atrás con la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina, formaba de esos acuerdos.

El habeas corpus menciona la necesidad de un traspaso “inmediato” de lugar de detención, pero en la resolución que avala la propuesta de la Defensoría del Pueblo aparece también una clave en este tema: el traslado debe tener acuerdo por parte del juzgado donde se tramita la causa.

Esa situación implica que no puede usarse cualquier plaza disponible en dependencias del SPF, como por ejemplo la nueva cárcel en Coronda, Santa Fe, ya que si bien los presos podrían bajo sistemas remotos de comunicación estar a disposición del juzgado que lleva su expediente, esos magistrados deberían autorizar traslados a otras provincias que implica en la práctica restricciones a las visitas familiares. Por eso los movimientos se limitan al penal de Villa Devoto y las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz.

Dentro de ese último complejo penitenciario federal se avanza ahora en la construcción de una prisión exclusiva para presos porteños. Esa obra, que es desarrollada por el gobierno de la ciudad, sería la solución definitiva para la controversia sobre presos en calabozos de comisarías, ya que tendrá capacidad para albergar a 2200 reclusos. Está prevista su inauguración para fin de este año o comienzos de 2026. Hasta entonces, la polémica continuará.

En ese aspecto, la resolución del juez Circo en favor del habeas corpus para el traslado de presos a cárceles federales se destaca: “Respecto de las 411 personas condenadas que se encuentran en la actualidad alojadas en las alcaidías y comisarías de la CABA, considero que ello rompe con el régimen progresivo y la finalidad resocializadora de la pena, previstos por la ley de ejecución penal 24.660. La finalidad de la ley es el tránsito de la privación total a la restricción de la libertad que comprende cuatro etapas sucesivas, observación, tratamiento, prueba y libertad condicional -artículo 12 ley 24.660-, esa debe ser la razón para imprimir a las disposiciones de la ley 24.660, en orden a respetar la característica inherente de progresividad del régimen penitenciario, lo que no se cumple respecto de las personas condenadas por la Justicia nacional, pues, como ha quedado demostrado, 411 personas se encuentran actualmente detenidas en el ámbito equivocado”.

Apunta el magistrado a la falta de posibilidades de resocialización que tienen los presos en comisarías. Por ejemplo, no pueden iniciar estudios ni formarse en algún oficio. El juez agregó que “es obvia y conocida su sobrepoblación (de los calabozos de comisarías), lo que a mi entender agrava la calidad de detención de cada uno de los internos allí alojados”.

De todas maneras, en comisarías y alcaidías porteñas la ventaja para el detenido pasa por las facilidades de vinculación con familiares y allegados, ya que en las prisiones federales el momento de visita es más restringido que en los calabozos porteños. Una nueva directiva habría prohibido esos movimientos durante los fines de semana y los feriados, pero se mantiene abierta la opción de visita de lunes a viernes, de 9 a 17.

Por lo pronto, el gobierno porteño calcula que cada preso demanda un gasto diario a las arcas públicas de $ 83.576 por día, alrededor de $200.000.000 cada 24 horas.