El Supremo cerca a García Ortiz: asume que filtró "indiciariamente" a los medios pero debe investigar si envió el correo a Moncloa

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que investiga si el fiscal general del Estado filtró información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en marzo de 2024, tiene claro "dónde hay que poner el acento". En un auto que estrecha irremediablemente el cerco en torno a Álvaro García Ortiz, el instructor incide en que la información investigada se publicó en un medio de comunicación "cinco minutos después" de que el fiscal general la obtuviera íntegramente. Con lo que concluye que el fiscal general "pudo ser, al nivel indiciario propio del momento en que se encuentra la causa", el responsable de la revelación de secretos que se investiga.

Lo que aún debe confirmar o descartar Ángel Hurtado es si hay indicios de que Álvaro García Ortiz, además de estar presuntamente implicado en la filtración a medios de comunicación, pudo estar tras la remisión de los mails "litigiosos" al equipo de La Moncloa, que a su vez los remitió al líder del PSOE Madrileño, Juan Lobato, e instó a este a utilizarlos como un arma arrojadiza contra Ayuso en la Asamblea de Madrid.

Las pesquisas de Ángel Hurtado se centran en varios acontecimientos sucedidos a mediados del último mes de marzo. En primer lugar, Eldiario.es tuvo acceso a una denuncia de la Fiscalía contra el novio de Ayuso, Alberto González Amador, por dos presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. El día 12, ese medio publicó que la pareja de la presidenta madrileña había defraudado "más de 350.000 euros" a la Hacienda Pública.

Al día siguiente se sucedieron nuevas filtraciones, todas ellas relativas a la cadena de correos electrónicos que intercambiaron el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto y el abogado Carlos Neira, representante de González Amador. A las 21.29 horas del 13 de marzo, El Mundo publicó una pieza basada en uno de esos mails, y concluyó que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad a la pareja de Ayuso para eximirla de una eventual pena de cárcel.

La información, por incompleta, era falsa: había sido el abogado Carlos Neira quien, en un correo previo al que no accedió El Mundo, ofreció un acuerdo. En aquel mail, el abogado reconocía que su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal, tal y como recogían las informaciones publicadas esa misma noche, más tarde que la de El Mundo. La filtración de este mail, el del 2 de febrero, es la que centra las investigaciones del juez, por la afectación que tiene en el derecho de defensa de González Amador el hecho de que se publicara que su abogado reconoció la comisión de dos delitos por parte del cliente.

Entre la filtración de El Mundo y la que publicó La Ser a las 23.51 horas, en la que pone el acento el juez, pasaron varias horas de frenesí en la Fiscalía. El fiscal general, nada más leer la primera noticia, ordenó que se le hiciera llegar la cadena íntegra de correos electrónicos entre Salto y Neira. García Ortiz mostró un notable "interés" en acceder a los mails que luego se filtraron, tal y como subraya el instructor.

Desde que, el pasado 16 de octubre, recibió el designio de investigar a Álvaro García Ortiz, el juez ha llevado a cabo diversas diligencias: ha registrado los despachos del fiscal general y de la fiscal Pilar Rodríguez, también imputada; ha volcado sus teléfonos móviles y concluido que García Ortiz hizo "desaparecer pruebas" al borrar sus mensajes y su cuenta de Google; y ha tomado declaración a imputados y testigos para dilucidar cómo se produjo la filtración de aquella noche.

En el auto de este 26 de febrero, el juez pone de relieve "el interés que mostró" García Ortiz por hacerse con los correos tras la publicación de la noticia de El Mundo. Y subraya que "cinco minutos después" de que García Ortiz lograra "cerrar el círculo", el contenido del mail clave para la investigación apareció filtrado. Todo apunta, pues, a que el magistrado Ángel Hurtado está listo para dictar un auto de procesamiento que podría dar pie a la apertura de un juicio oral que se dirija contra García Ortiz y la fiscal Pilar Rodríguez, que tuvo una "relevante participación" a la hora de hacer llegar "el correo litigioso" al fiscal general del Estado.

Con todo, aún queda un cabo suelto que el instructor tiene intención de atar antes de dar por acabadas sus pesquisas. Hurtado tiene claro que ("indiciariamente") García Ortiz filtró el mail a medios de comunicación, pero aún debe ahondar en la sospecha de que también pudo habérselo filtrado a La Moncloa, que a la mañana siguiente se lo envió a su vez al entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato. Para confirmar este extremo, o descartarlo, el instructor citó a dos altos cargos de Moncloa, Pilar Sánchez Acera y Francesc Vallés, que declararán como testigos el día 12 de marzo.

El propio Juan Lobato declaró como testigo a finales de noviembre, y aportó un acta notarial que confirma que Moncloa le envió los mails antes de que la imagen de los mismos se publicara por primera vez en los medios de comunicación. Los envió precisamente Pilar Sánchez Acera, que ocupaba un cargo de nombre enrevesado: jefa de gabinete del jefe de gabinete del Presidente, que en aquel momento era Óscar López.

Sánchez Acera envió la imagen del correo clave, el del 2 de febrero, el 14 de marzo a las 08.29 horas. Faltaban 37 minutos para que la foto del mail se publicase, por primera vez, en la página web de El Plural. Por tanto, la pregunta que el juez busca responder antes de proponer procesar a Álvaro García Ortiz y la fiscal Pilar Rodríguez es: ¿Cómo llegó ese correo electrónico a Sánchez Acera?