El plan de Madrid para el reparto de menores migrantes incluye obras en La Cantueña

La reforma de la Ley de Extranjería para cambiar el modelo de reparto de menores migrantes entre regiones empuja a la Comunidad de Madrid a buscar alternativas para habilitar nuevas plazas de acogida por toda la región. Asimismo, se planea licitar obras en el centro de La Cantueña, en el municipio de Fuenlabrada, para aumentar la capacidad de acogida. Todo ello estará condicionado al número de menores que el Gobierno central asigne a Madrid y los plazos en los que se produzcan estos traslados. Junto a todo ello, el Ejecutivo autonómico estudia el texto para valorar sus opciones judiciales para frenar este reparto o modificar los criterios de distribución.

"Para planificar los recursos tenemos que conocer cuántos menores van a venir y cuándo", han explicado desde la Comunidad de Madrid. La habilitación de los recursos autonómicos estará condicionada por el número de traslados, pero también influirá si se producen en el mismo momento o se distribuyen en el tiempo. El Gobierno central ya ha solicitado los datos sobre capacidad a Madrid para proceder a calcular el número de menores que le corresponde acoger. La Comunidad tendrá hasta el 31 de marzo para detallar esta información, aunque hay dudas sobre si se tiene que presentar el dato sobre las plazas que integran la red de menores o las que corresponden a los centros de primera acogida.

Mientras se concreta el número de menores que llegarán, Madrid estudia opciones para aumentar su capacidad de acogida. Una de las opciones, aunque no la única, es ampliar el centro de primera acogida de Fuenlabrada, La Cantueña. "Habrá que hacer obras para tener más espacio", indican fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Así, se deberá licitar un nuevo contrato para redimensionar la capacidad, que en la actualidad es de 96 que se encuentra ocupadas casi en su totalidad.

"No todos los menores irán a La Cantueña, se estudian nuevos recursos para atenderlos en otros municipios", explican las mismas fuentes. En esta línea se podrían adoptar dos opciones, crear nuevos centros en otra localidad o contratar por vía de urgencia plazas de residencia temporales. Estos espacios serán necesarios ante la previsión de acoger a centenares de niños y al estar los recursos disponibles. saturados, superando el 150% de su capacidad, según datos de la Consejería, tras atender a 2.442 menores en 2024 y haber recibido a 937 a lo largo de este año.

Aunque no se ha se detallado el número total de plazas disponibles, un informe técnico de la Consejería fechado a 24 de abril de 2024 sobre la adjudicación del contrato de gestión de La Cantueña enumera los espacios disponibles. En él se reflejan 75 plazas en el Centro de Primera Acogida de Casa de Campo, 209 distribuidas en 20 pisos tutelados, 44 repartidas en el centro de Hortaleza y Vista Alegre, 26 en un centro para menores con dificultades de adaptación sociocultural y cinco en un centro para víctimas de trata.

Junto a estas se mencionan 187 en pisos de inserción sociolaboral, resultado del Acuerdo Marco para el acogimiento residencial de adolescentes migrantes no acompañados. Además a estas se añaden 116 en centros de primera acogida, resultado de la renovación del contrato de gestión de Casa Campo y repartidas en seis centros, a fecha del informe mencionado este contrato aún estaba pendiente de tramitación. Sin embargo, desde la Consejería se indica que el documento no incluye la totalidad de plazas habilitadas, ya que se han ido realizando nuevos contratos para atender las nuevas acogidas.

Además de esta planificación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya indicó que "este lamentable acuerdo se llevará a tribunales", tras aprobarse el decreto acordado entre el Gobierno de España y Junts para reubicar a los 4.400 menores llegados a Canarias y Ceuta. Por el momento no se ha concretado si se elevará un recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias, como han anunciado otras regiones, o se contemplan otras opciones. "Los servicios jurídicos están todavía estudiando el texto", aclaran desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

De presentarse finalmente este recurso, se plantean dos escenarios: aprobar la suspensión del decreto durante el tiempo que dure la resolución, lo que paralizaría el proceso de reubicación hasta que el tribunal emita su fallo o que se produzca el reparto igualmente hasta la publicación de la sentencia. Con independencia de los procesos judiciales, fuentes del Ejecutivo central apuntan que la distribución no se producirá hasta que el Congreso de los Diputados convalide el texto.

La votación en la Cámara Baja aún no se ha fijado. Sin embargo, el Ejecutivo central, si se cumplen los plazos, espera comenzar con el reparto de menores en la primera quincena de abril. Esto daría un margen de tres semanas a la Comunidad de Madrid para buscar alternativas , tanto de espacio como del personal requerido para atender a los niños.