El juez reprocha a García Ortiz su "inexistente" colaboración y achaca a ella la prórroga de la investigación seis meses

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha prorrogado la investigación al fiscal general del Estado durante otros seis meses. En el auto en el que toma esta medida, el instructor reprocha a Álvaro García Ortiz su "inexistente colaboración en orden al esclarecimiento de los hechos" y sostiene que no le queda más remedio de ampliar el plazo de la causa para completar las diligencias pendientes.

En un escrito de apenas cinco folios, Ángel Hurtado recuerda una vez más que el fiscal general "ha hecho desaparecer la información que pudiera encontrarse en sus distintos dispositivos". Ha causado así un agujero en la instrucción que debe ser "suplido mediante una investigación tecnológica de no poca complejidad". El juez Hurtado ha señalado en su escrito que "incluso" ha sido necesario "estar a la espera del resultado de unas comisiones rogatorias remitidas a Irlanda, cuya respuesta es previsible que no llegue con anterioridad al próximo 24 de marzo de 2025", cuando empezará a computar la prórroga de la investigación.

El instructor de la causa alude así a una diligencia que ordenó en enero para tratar de recuperar los mensajes de teléfono y la cuenta de Google que García Ortiz borró exactamente el mismo día en que lo imputaron por un presunto delito de revelación de secretos. En esos mensajes podría estar la clave para confirmar o descartar que el fiscal general del Estado sea responsable por la filtración de datos sensibles de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Concretamente, acceder a los mensajes podría ser útil para dilucidar si Álvaro García Ortiz está tras la filtración de un mail que envió el abogado de González Amador a la Fiscalía, en el que reconocía que su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal. Hurtado ha ordenado diversas diligencias de investigación para tratar de recuperar los mensajes eliminados, pero a día de hoy solo quedan dos por resolver: las comisiones rogatorias.

El 20 de enero, el juez envió estas comisiones a las autoridades judiciales de Irlanda para que estas, a su vez, solicitasen a Google y Whatsapp la entrega de "cuantos datos obren en su poder respecto del usuario Álvaro García Ortiz". Con aquel auto, el instructor estaba aceptando una diligencia solicitada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por considerarla "razonable y coherente".

Pese a que el instructor Ángel Hurtado ha optado por acceder a la solicitud de las acusaciones populares y ha prorrogado la causa, sus últimos autos dan muestra de que "indiciariamente" tiene bastante clara la responsabilidad de Álvaro García Ortiz. La semana pasada, el magistrado destacó en un auto que la información investigada se publicó en un medio de comunicación "cinco minutos después" de que el fiscal general la obtuviera íntegramente. El escrito concluía que García Ortiz "pudo ser, al nivel indiciario propio del momento en que se encuentra la causa", el responsable de la revelación de secretos que se investiga.

Sin embargo, el instructor aún pretende investigar si Álvaro García Ortiz, además de estar presuntamente implicado en la filtración a medios de comunicación, pudo estar tras la remisión de los mails "litigiosos" al equipo de La Moncloa, que a su vez los remitió al líder del PSOE Madrileño, Juan Lobato, e instó a este a utilizarlos como un arma arrojadiza contra Ayuso en la Asamblea de Madrid.

Para determinar si esto es así, el juez ha citado como testigos a dos ex altos cargos de Presidencia que acudirán a declarar en el Supremo el próximo 12 de marzo: Pilar Sánchez Acera y Francesc Vallés.