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El juez que investiga los contratos del SAS rechaza informes y declaraciones de interventores que solicitó el PSOE
El juez de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga el presunto abuso en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha rechazado una serie de diligencias que solicitó el PSOE para extender las pesquisas en esta causa que afecta al Gobierno de Juanma Moreno (PP). A través de una providencia dictada el pasado 9 de abril, a la que ha accedido ABC, el magistrado José Antonio Gómez Díez descarta llamar a declarar como testigos a cargos relevantes del SAS y los interventores que firmaron los informes de fiscalización de las adjudicaciones a clínicas privadas, tal y como había pedido el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz a través de su letrado Alfonso Martínez del Hoyo, del bufete Constitución 23 . En su resolución tampoco accede a requerir un informe policial sobre blanqueo de capitales y anticorrupción, como había reclamado el grupo querellante. « No ha lugar a recibir las declaraciones testificales interesadas de modo genérico , sin perjuicio de las que, en su momento oportuno, se estime pertinente acordar, como podría ser específicamente la declaración testifical-pericial de doña María Victoria López Gutiérrez, interventora central del SAS», contesta el juez instructor en su escrito a la petición de testificales formulada por el PSOE. De la misma manera, el magistrado señala que «no ha lugar a recabar informe policial de blanqueo de capitales y anticorrupción al no apreciarse su utilidad, ni las diligencias genéricas por la parte querellante en orden a recabar la totalidad de los expedientes de contratación, en atención al objeto ya definido del presente procedimiento». El Grupo Socialista también había solicitado un informe de la Intervención de la Administración General del Estado (IGAE) sobre los contratos realizados por el SAS. El juez también lo ve precipitado y responde a su peticición que en lo que se refiere al análisis pericial de la IGAE o al que elabore la Intervención General de la Junta de Andalucía (no está decidido que sea uno u otro organismo) «se acuerda estar a la espera de la recepción de la documentación indicada en esta resolución». En esta causa penal, iniciada tras una denuncia presentada por los 30 parlamentarios socialistas, están siendo investigados los exdirectores del SAS entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas , y la actual responsable, Valle García Sánchez . El Juzgado sí atiende las diligencias que pidió la Fiscalía el pasado 24 de marzo. Así, solicita el acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020, el oficio del interventor Miguel Ángel Figueroa de 20 de enero de 2025 y a la Intervención General de la Junta de Andalucía le requiere el expediente -o en su caso, petición, propuesta, consulta o cualquier otro documento relacionado- que dio lugar a la emisión de la Memoria sobre el proyecto de acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se sustituye el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente, y se actualiza la relación de gastos, órganos y servicios sometidos a dicho régimen de control en virtud de acuerdos anteriores del 29 de septiembre de 2020, firmado por la interventora general de la Junta actual, Amelia Martínez Sánchez . Atendiendo la petición de la Fiscalía, el instructor solicita también a la Intervención General de la Junta los expedientes completos relacionados con el informe de disconformidad de la Intervención Central del SAS del 11 de agosto de 2020, así como «cualquier otro informe de disconformidad en expedientes de contratos seguidos por el trámite de emergencia en el periodo en el cual estaban sujetos a fiscalización previa».
El juez de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga el presunto abuso en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha rechazado una serie de diligencias que solicitó el PSOE para extender las pesquisas en esta causa que afecta al Gobierno de Juanma Moreno (PP). A través de una providencia dictada el pasado 9 de abril, a la que ha accedido ABC, el magistrado José Antonio Gómez Díez descarta llamar a declarar como testigos a cargos relevantes del SAS y los interventores que firmaron los informes de fiscalización de las adjudicaciones a clínicas privadas, tal y como había pedido el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz a través de su letrado Alfonso Martínez del Hoyo, del bufete Constitución 23 . En su resolución tampoco accede a requerir un informe policial sobre blanqueo de capitales y anticorrupción, como había reclamado el grupo querellante. « No ha lugar a recibir las declaraciones testificales interesadas de modo genérico , sin perjuicio de las que, en su momento oportuno, se estime pertinente acordar, como podría ser específicamente la declaración testifical-pericial de doña María Victoria López Gutiérrez, interventora central del SAS», contesta el juez instructor en su escrito a la petición de testificales formulada por el PSOE. De la misma manera, el magistrado señala que «no ha lugar a recabar informe policial de blanqueo de capitales y anticorrupción al no apreciarse su utilidad, ni las diligencias genéricas por la parte querellante en orden a recabar la totalidad de los expedientes de contratación, en atención al objeto ya definido del presente procedimiento». El Grupo Socialista también había solicitado un informe de la Intervención de la Administración General del Estado (IGAE) sobre los contratos realizados por el SAS. El juez también lo ve precipitado y responde a su peticición que en lo que se refiere al análisis pericial de la IGAE o al que elabore la Intervención General de la Junta de Andalucía (no está decidido que sea uno u otro organismo) «se acuerda estar a la espera de la recepción de la documentación indicada en esta resolución». En esta causa penal, iniciada tras una denuncia presentada por los 30 parlamentarios socialistas, están siendo investigados los exdirectores del SAS entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas , y la actual responsable, Valle García Sánchez . El Juzgado sí atiende las diligencias que pidió la Fiscalía el pasado 24 de marzo. Así, solicita el acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020, el oficio del interventor Miguel Ángel Figueroa de 20 de enero de 2025 y a la Intervención General de la Junta de Andalucía le requiere el expediente -o en su caso, petición, propuesta, consulta o cualquier otro documento relacionado- que dio lugar a la emisión de la Memoria sobre el proyecto de acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se sustituye el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente, y se actualiza la relación de gastos, órganos y servicios sometidos a dicho régimen de control en virtud de acuerdos anteriores del 29 de septiembre de 2020, firmado por la interventora general de la Junta actual, Amelia Martínez Sánchez . Atendiendo la petición de la Fiscalía, el instructor solicita también a la Intervención General de la Junta los expedientes completos relacionados con el informe de disconformidad de la Intervención Central del SAS del 11 de agosto de 2020, así como «cualquier otro informe de disconformidad en expedientes de contratos seguidos por el trámite de emergencia en el periodo en el cual estaban sujetos a fiscalización previa».
