El juez cree que hay una "particular potencia incriminatoria" en Ábalos y no descarta rotundamente que se pueda fugar

El juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo, Leopoldo Puente, ha descartado retirar las medidas cautelares impuestas al exministro José Luis Ábalos —retirada de pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado— porque, por un lado, considera que existe una "particular potencia incriminatoria" en los indicios recabados contra él y, por otro, cree que en este momento de la instrucción no se puede descartar "de forma rotunda" que no pueda eludir la acción de la justicia.

En un auto, el magistrado ve "importante tener en cuenta" que "el conjunto de los inmuebles" que los investigadores señalan como posible comisión ilegal a Ábalos "presenta una particular potencia incriminatoria, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de este momento procesal".

Sobre el riesgo de fuga, el exministro recurrió ante el juez alegando que no existe porque la primera vez que compareció en el Supremo lo hizo voluntariamente y porque además es diputado en el Congreso. Es por eso mismo que Puente considera que "no ha sido preciso ninguna medida coercitiva", si bien esto "no permite concluir que pueda ser descartada de forma rotunda la eventualidad" de que Ábalos, "como cualquiera de los otros investigados, pudiera resolver en el curso de esta investigación, y ante la gravedad de las penas que eventualmente pudieran resultarle impuestas, conducirse de otro modo". "Y este riesgo no se disipa por la circunstancia de que el señor Ábalos tenga la condición de diputado", añade.

Así, el magistrado rechaza el argumento de Ábalos de que por su condición de diputado o por su rostro "fácilmente identificable" no existe riesgo de fuga. Puente defiende que las medidas cautelares acordadas son "necesarias" y "plenamente proporcionadas" porque "solo de forma muy ligera, y en todo caso justificada, limitan la libertad ambulatoria del investigado".

El exministro había incidido en su recurso en que ninguno de los inmuebles con los que aparece vinculado hubieran comportado para él beneficio o aprovechamiento alguno. Se había desmarcado también del piso de Plaza España al decir que él nunca vivió allí y que las rentas las pagó en mayor parte el empresario Luis Alberto Escolano, socio del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

En su auto, el magistrado contesta ahora que "siendo ello cierto, lo es también, evidentemente, que el referido apartamento era ocupado en el período ya tantas veces referido por la persona que, según el propio Ábalos sostuvo en su declaración como investigado, era en ese momento su pareja sentimental", Jésica Rodríguez.

El exministro también se había desmarcado del chalet en la localidad andaluza de La Alcaidesa al asegurar que no obtuvo beneficio económico alguno como consecuencia de ese alquiler y que incluso fue desahuciado el inmueble tras dejar de pagar rentas y previo acuerdo amistoso.

Pero el juez sigue manteniendo los inmuebles citados como indicios de que podrían ser las mordidas en especie de las que se habría beneficiado el exministro. "Es importante tener en cuenta que es el conjunto de los inmuebles referidos el que, a juicio de este instructor, presenta una particular potencia incriminatoria".

Para Puente, "resulta irrelevante que las competencias" de Ábalos "no se extendieran a la concesión de licencias en materia de operadores de hidrocarburos", en referencia a la trama que se investiga de forma paralela en la Audiencia Nacional sobre un fraude de IVA de fuel que también indaga en una presunta mediación para que Aldama y otros implicados consiguieran la licencia del Ministerio de Transición Ecológica para operar en el sector de los hidrocarburos.

En opinión del juez del Supremo, la "dádiva o premio" al exministro "bien pudiera estar orientada", como dicen los investigados, "a que desplegara la indebida influencia que los actores perseguían ante quien procediese".