En un giro que refuerza la estrategia de desandar el camino trazado durante el período kirchnerista, el Gobierno reconoció que el Estado argentino violó los derechos humanos al negarse a reabrir la investigación judicial sobre el atentado al capitán Humberto Antonio Viola, perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 1 de diciembre de 1974, durante la vigencia de un gobierno democrático.

En ese crimen cometido en Tucumán murió también una de las hijas del militar, María Cristina Viola, de apenas tres años. El caso fue juzgado y en 1979 se dictaron condenas a prisión perpetua, pero el caso fue alcanzado por los indultos de Carlos Saúl Menem. Ahora lleva cuatro años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante ese organismo, el gobierno de Javier Milei presentará un acuerdo de solución amistosa firmado con María Fernanda Viola, la otra hija del capitán asesinado, que resultó herida en el ataque y lleca adelante la demanda contra el Estado argentino.

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La posición del Poder Ejecutivo, que sostiene que en ese momento el país enfrentaba una guerra revolucionaria, marca un contraste total con la postura que mantuvo la Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. La demanda ante la CIDH fue presentada por la viuda del militar, María Cristina Picón de Viola en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri. La mujer falleció en junio de 2021 y ocho meses después el organismo admitió el caso, que continuó impulsado por María Fernanda Viola, la hija que sobrevivió al atentado.

En sus presentaciones ante la CIDH, con el patrocinio del doctor Javier Vigo Leguizamón, la familia Viola acusó a la República Argentina de haber violado las Convenciones de Ginebra y la Convención Americana de Derechos Humanos en el acto perpetrado contra su padre e insistió en que el atentado debía ser considerado un crimen de lesa humanidad.

Según explicó el doctor Vigo Leguizamón a LA NACION, en el acuerdo de solución amistosa, el Estado argentino “reconoce su responsabilidad internacional por no haber garantizado una investigación penal plena que respetara los derechos a la vida, a la justicia, a la verdad y a la reparación consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

El acuerdo se formalizó en la Cancillería y lo firmaron los secretarios de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, y de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, en representación del Estado argentino, y por María Fernanda Viola. “El paso siguiente es impulsar la homologación por parte de la CIDH”, explicó el abogado Vigo Leguizamón. Luego, el presidente Milei lo ratificó por decreto y lo informó a la CIDH.

Viola reveló que el gobierno de Milei se comprometió a enviar al Congreso un proyecto de ley para declarar la imprescriptibilidad de los crímenes de las organizaciones terroristas.

Argumentos

El giro del caso Viola podría tener un impacto en las causas judiciales por la violación de los derechos humanos en los años 70 que siguen abiertas en el país, como el del ataque de Montoneros al comedor de una dependencia de la Policía Federal en julio de 1976, en la que la Cámara Federal ordenó la declaración indagatoria de Mario Firmenich.

Uno de los fundamentos que sustentan el acuerdo y el reconocimiento de que el Estado argentino violó los derechos humanos es que “los crímenes cometidos en perjuicio de la familia Viola son de lesa humanidad, por haberse cometido en el marco de una guerra revolucionaria”, indicó Vigo Leguizamón. A raíz de ello, dijo, resulta aplicable el criterio fijado por la CIDH en el Informe 55/97, emitido en relación con el ataque del Movimiento Todos por la Patria (MTP) al Regimiento de La Tablada, en enero de 1989.

“En ese informe el organismo internacional concluyó que ese ataque, que duró solo 36 horas, configuró un conflicto armado interno que tornó aplicable, tanto para los guerrilleros como para los militares, el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra que impide torturar y asesinar a civiles inocentes y/o a prisioneros de guerra, en caso de cualquier conflicto armado, nacional o internacional”, explicó el abogado de la familia Viola.

“Manto de impunidad”

Tras la firma del acuerdo, la hija de Viola consideró que la posición que defendía el gobierno de Alberto Fernández respondía a una visión sesgada e ideologizada que no se corresponde con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto niega el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas”.

“Han pasado 50 años desde que oí los gritos desesperados de mi madre, al ver, embarazada de cinco meses, cómo eran vilmente asesinados a traición mi padre, el capitán Humberto Viola, mi hermana María Cristina, con solo tres años, y yo, con mis cinco años, quedaba gravemente herida salvando mi vida luego de ocho operaciones. Cincuenta años en que, sin dejarnos invadir por el odio, reclamamos vanamente justicia, siendo convertidos en los desaparecidos de la memoria pública”, relató la hija del militar asesinado por el ERP.

Agregó que el sufrimiento se extendió “al ver como los distintos poderes del Estado blindaban con un manto de impunidad a los miembros de la guerrilla, ocultando la existencia de normas internacionales que consideraban sus crímenes de lesa humanidad”.

María Fernanda Viola explicó que a lo largo de ese tiempo su familia sufrió “cuando se hacía la abierta apología de los crímenes; cuando se sustituía la historia por el maniqueo y parcial relato de la memoria; cuando éramos convertidos en meros objetos a asesinar o herir por la espalda; cuando se ocultaba la responsabilidad de jueces, políticos, intelectuales, educadores y religiosos, en la tragedia, y ellos negaban, sin arrepentirse de nada, la existencia de una guerra revolucionaria”.