El Gobierno adjudicó 46 contratos a empresas militares israelíes desde el ataque de Hamás

El Gobierno ha adjudicado 46 contratos a industrias militares israelíes por valor de 1.044 millones de euros desde el 7 de octubre de 2023, fecha del ataque de Hamás a Israel, de los que hasta la última consulta en la Plataforma de Contratación del Estado, realizada el 24 de abril de 2025, diez aún no han sido formalizados.

Así figura en un informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz -del que publica este viernes un adelanto- sobre las relaciones militares de España e Israel desde el 7 de octubre de 2023, con un listado de todos los contratos adjudicados por el Gobierno español a empresas israelíes, con el detalle de su valor, la fecha de adjudicación y de formalización.

Los diez contratos no formalizados de adquisición de material militar israelí por parte del Gobierno incluyen los lanzacohetes SILAM (576,4 millones) y los misiles Spike (237,5 millones), así como otros contratos con las empresas de defensa israelíes IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd y Guardian Homeland Security S.A.

El informe del Centre Delàs señala que el Gobierno "ha mantenido la contratación de productos militares a empresas israelíes a pesar de haber reiterado que esto no ocurría en diversas ocasiones tanto en medios de comunicación como en sede parlamentaria".

"Mientras que algunas de las adjudicaciones corresponden a servicios de mantenimiento y/o modernización de productos adquiridos en el pasado, otras suponen nuevos acuerdos que podrían aumentar la dependencia en cuanto a ese mantenimiento y modernización", resalta el Centre Delàs.

"La estrategia de que la mayor parte de los contratos adjudicados a la industria israelí también implique y beneficie a la industria española facilita a la industria israelí ser adjudicataria de esos contratos y genera una preocupante complicidad entre las empresas de armas españolas y las israelíes", añade la entidad.

En este sentido, el Centre Delàs considera necesario "cancelar de inmediato todos los contratos formalizados o en ejecución que contribuyan a mantener, legitimar o impulsar el genocidio y los crímenes de guerra de las acciones militares de Israel sobre la población civil palestina de Gaza y Cisjordania".

"Los hechos han demostrado -agrega- que el anuncio del Ministerio del Interior de que iba a revocar la adjudicación de un contrato de compra de munición israelí para la Guardia Civil no se correspondía con la realidad. No se había iniciado ningún procedimiento administrativo para llevar a cabo la revocación sino que se habían limitado a analizar si la revocación era posible".

Para el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, si el Gobierno hubiera acordado un embargo integral de armas a Israel que incluyera, entre otras medidas, importaciones y prohibiciones de contratar a empresas israelíes de defensa o a sus filiales "ninguno de estos contratos administrativos se hubiera celebrado".

En la misma línea, alega que si el Gobierno "tuviera voluntad política podría imponer ese embargo a través de un decreto ley en la próxima reunión del Consejo de Ministros".