El fracaso de la improvisación

Una nueva iniciativa aprobada por la supermayoría de Morena en el Congreso impactará directamente a los trabajadores del país, y no se puede hacer nada para impedirlo.

Las reformas a la Ley del Infonavit —que el Senado avaló sin siquiera cambiar una sola coma— modificarán no solamente la toma de decisiones al interior del instituto creado en la década de los setenta por el presidente Luis Echeverría Álvarez, sino que también ponen en riesgo y en la más absoluta de las opacidades y discrecionalidad la administración de la nada despreciable suma de 2.4 billones de pesos que están en las arcas de ese organismo.

Hoy más que nunca antes, el ahorro de trabajadores para la vivienda ha crecido. Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en 2024 estos fondos aumentaron 12% con respecto al año anterior.

En un país donde existe un déficit de alrededor de 7 millones de viviendas, el objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum de construir un millón de casas y departamentos de interés social durante su sexenio es aplaudible y deseable; sin embargo, la manera en la que esto se busca conseguir no es, a decir de expertos, la más adecuada.

Sin mediación de por medio, sin escuchar a empresarios y trabajadores y haciendo uso de su supermayoría, Morena en el Congreso de la Unión hizo cambios profundos. Por principio de cuentas, bajo las modificaciones realizadas al Infonavit, no se le aplicará la Ley General de Contabilidad y, en cambio, será vigilado por la Auditoría Superior de la Federación, por lo que la administración de los fondos de más de 50 millones de trabajadores del país está en la opacidad.

Otro elemento que se incorpora con la nueva ley es que el Instituto operará como una empresa constructora y podrá construir directamente o, a través de alguna empresa filial, adquirir, edificar y mantener vivienda. Y es aquí donde las cosas se vuelven, por decir lo menos, complicadas.

La experiencia inmediata anterior nos dice que el Estado no es el mejor administrador y que cada vez que ha intentado actuar como empresario, las compañías creadas y operadas bajo su tutela terminan en un rotundo fracaso. El ejemplo más reciente es Mexicana de Aviación. Luego de un año de operaciones y una inversión de 3 mil 558 millones de pesos con cargo al bolsillo de los mexicanos y mexicanas, la compañía anunció el recorte de ocho de sus rutas hace apenas un mes.

En contraste, según un análisis de EL FINANCIERO, Mexicana apenas consiguió ingresos por 243 millones de pesos, lo que significa que la aerolínea terminó siendo subsidiada por el Estado.

El propio titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, ha denunciado una serie de arbitrariedades, irregularidades y dispendio de recursos públicos durante la administración del nefasto hijo de Papi, Alejandro Murat, a quien deben investigar a fondo.

Porque a final de cuentas, la gran lección es que el Estado como empresario juega al riesgo, pero con dinero que ni siquiera es suyo, con dinero de los trabajadores y los contribuyentes, que tristemente no tienen ni voz ni voto en la toma de decisiones.

Cuando se quiere fortalecer la rectoría del Estado, lamentablemente se hace a través de hombres y mujeres que llegan a puestos clave producto del compadrazgo, nepotismo, amiguismo y compromisos adquiridos. La mayoría de las veces imponen en las direcciones de las empresas de la nación a personajes sin experiencia, irresponsables, ignorantes, impreparados, improvisados, deshonestos y corruptos.

Irónicamente, el Infonavit durante los tiempos de Echeverría es un claro ejemplo del enorme riesgo que representa crear una empresa estatal con base en una ocurrencia. En su primer año, el Instituto otorgó 88 mil créditos e igual número de viviendas, pero algunas estaban tan mal construidas y planeadas que en el largo plazo resultaron inhabitables.

Una mala administración combinada con corrupción, prepotencia y falta de cooperación de la iniciativa privada conducen irremediablemente al fracaso.

Sotto voce

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