El Ejército del Aire condecoró a un coronel cuando tenía tres causas judiciales abiertas
Cruz del Mérito Aeronáutico “Si estuviera sujeto a procedimiento judicial...” El interventor general ordenó una investigación “Preocupante situación de personal” Un...
- Cruz del Mérito Aeronáutico
- “Si estuviera sujeto a procedimiento judicial...”
- El interventor general ordenó una investigación
- “Preocupante situación de personal”
- Un general propuso informar al ministerio
- El director de Personal lo mandó a la Fiscalía
- El asesor jurídico de la Defensa vio delitos
- Tres asuntos distintos
- La fiscal pidió tres diligencias previas
- El juez incoó diligencias
- Acaba de archivar las “presiones laborales”
- Investigado durante la tramitación de la medalla
- Cuatro puntos en la evaluación para el ascenso
El Ministerio de Defensa aprobó antes de la Pascua Militar del 6 de enero una amplia lista de concesión de condecoraciones a miembros de las Fuerzas Armadas. Entre ellos se encontraba un coronel del Cuerpo Militar de Intervención, que en el momento de aprobarse la medalla tenía la condición de investigado en tres diligencias previas en curso en la justicia militar.
La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas asigna al Cuerpo Militar de Intervención los siguientes cometidos en el ámbito del Ministerio de Defensa: el control interno de la gestión económico-financiera, mediante el ejercicio de la función interventora, el control financiero y auditoría; ejercer la Notaría Militar y el asesoramiento económico-fiscal; y funciones de administración y logísticas, de apoyo al mando, técnico-facultativas y docentes relacionadas con dichos cometidos.
Es uno de los Cuerpos Comunes, junto al Cuerpo Jurídico Militar, el Cuerpo Militar de Sanidad y el Cuerpo de Músicas Militares.
Sus miembros, que son oficiales u oficiales generales, se encuentran destinados por unidades del órgano central del Ministerio de Defensa, en la estructura conjunta del Estado Mayor de la Defensa, y también en las estructuras del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.
Cruz del Mérito Aeronáutico
El coronel interventor protagonista de este caso se encuentra destinado en el Cuartel General del Aire (en Madrid) desde la segunda mitad de 2024. Antes había estado al frente de la Jefatura Territorial de Intervención número 6, ubicada en Rota (Cádiz).
El Jefe de Estado Mayor del Aire (JEMA), general del Aire Francisco Braco, firmó el 18 de diciembre una orden por la que se concedió la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco a una larga lista, de diez páginas, de militares y también funcionarios civiles.
Entre ellos se encontraba este coronel del Cuerpo Militar de Intervención.
La Cruz del Mérito Aeronáutico (como las del Mérito Militar y el Mérito Naval) tienen por objeto “recompensar y distinguir individualmente a los miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil, por la realización de acciones y hechos o la prestación de servicios de destacado mérito o importancia, así como al personal civil por sus actividades meritorias relacionadas con la Defensa Nacional”.
El distintivo blanco es el más bajo de los cuatro posibles (tras rojo, azul y amarillo). Con este tipo de cruz se premian “méritos, trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos, que se efectúen durante la prestación de las misiones o servicios que ordinaria o extraordinariamente sean encomendados a las Fuerzas Armadas o que estén relacionados con la Defensa”, y que no alcancen los méritos exigidos para los distintivos superiores, según el Reglamento de recompensas militares.
“Si estuviera sujeto a procedimiento judicial...”
Ese reglamento tiene como complemento la Orden DEF/3594/2003, de 10 de diciembre, por la que se aprueban las normas para la tramitación y concesión ordinaria de las Cruces del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico, con distintivo blanco, y de las menciones honoríficas, la delegación de competencias en esta materia, y el uso de las condecoraciones representativas de las recompensas.
La norma Tercera de la orden ministerial establece unos “límites en la concesión de recompensas”. Uno de esos límites es el siguiente:
-- “Si el personal a proponer para la concesión de una Cruz del Mérito Militar, Naval o Aeronáutico, con distintivo blanco, o de una Mención honorífica, estuviera sujeto a procedimiento judicial o expediente disciplinario, que pueda dar lugar a pena o sanción, se tramitará la propuesta acompañada de un informe sobre los hechos que lo originaron, con expresión de su naturaleza y estado en el que se encuentra”.
La norma no prohíbe conceder una medalla a un militar que se encuentre inmerso en un procedimiento judicial que le pueda acarrear una pena. Pero sí establece una salvaguarda, y es que obliga a que la propuesta de condecoración que eleve la autoridad que plantee el nombre de esa persona vaya acompañada de un informe sobre ese procedimiento judicial.
El interventor general ordenó una investigación
Confidencial Digital ha podido confirmar que cuando la condecoración a ese coronel del Cuerpo Militar de Intervención se propuso, cuando se firmó y cuando se publicó en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, dicho oficial tenía abiertas tres causas judiciales: todas ellas relacionadas con su paso por la Jefatura Territorial de Intervención número 6, de Rota.
En la cúspide del Cuerpo Militar de Intervención se encuentra el interventor general de la Defensa. En enero de 2024 ocupaba ese puesto el general de división interventor José Luis Gómez Corral.
Al interventor general le llegaron por varias vías, en ese mes de enero de 2024, informaciones sobre las “intensas presiones” que estaba sufriendo una comandante interventor destinada en la Jefatura Territorial de Intervención número 6 de Rota.
Esa comandante se encontraba de baja médica desde octubre de 2023. Como autor de esas “presiones” se señalaba al coronel jefe de la Jefatura Territorial de Intervención número 6, quien por cierto estaba realizando en Madrid el Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General, que se imparte en el CESEDEN y que es requisito para que los coroneles puedan ser ascendidos a general de brigada.
Ante esas informaciones, desde la Intervención General hicieron algunas averiguaciones preliminares.
El coronel interventor señalado supo de estas denuncias informales, porque el 15 de febrero de 2024 se presentó ante el interventor general para responder a los “rumores” que circulaban. Le entregó un escrito con su versión de los hechos, y le solicitó que abriera una investigación para aclarar los hechos.
Básicamente, aseguró que la comandante empezó a sufrir ansiedad y a ausentarse del trabajo. Cuando se dio de baja médica, y al extenderse esa baja, se reunió con los médicos para conocer la posible duración. Afirmó que su conducta hacia ella siempre fue adecuada y que para proteger su salud le permitió cierto grado de absentismo.
“Preocupante situación de personal”
En días posteriores, se tuvo noticia de otras dos bajas médicas en esa misma Jefatura Territorial de Intervención: primero, de un capitán interventor, y segundo, de un subteniente. Este segundo señaló que la baja era consecuencia de las presiones laborales intensas que había sufrido por parte del coronel, y también del capitán que se había dado de baja.
La jefatura estaba formada, además de por el coronel, por seis personas: cinco militares y un funcionario civil. El balance en febrero de 2024 era de tres de los seis efectivos de baja médica.
Ante lo que definió como “preocupante situación actual de personal existente en esa Jefatura Territorial de Intervención nº 6 de Rota”, el interventor general de la Defensa ordenó el 19 de febrero de 2024 llevar a cabo “de forma inmediata, un expediente informativo con objeto de conocer las circunstancias del caso concreto, esclarecer lo acontecido y, en su caso, establecer las medidas que se considerasen necesarias en esa Jefatura Territorial de Intervención”.
Para llevar a cabo ese expediente designó al general de división interventor Carlos Castejón, jefe de la División de Control Financiero y Auditorías, de la Intervención General de la Defensa.
Un general propuso informar al ministerio
El asunto no se dilató. Ese mismo 19 de febrero, por la noche, el general llegó a Rota. Al día siguiente, el general Castejón pudo hablar con varios miembros de la Jefatura Territorial de Intervención nº 6 de Rota.
La comandante que había causado la alerta le relató su versión de lo sucedido. Acusó al coronel jefe de haber llevado a cabo una serie de acciones para presionarla durante una baja médica: por ejemplo, con llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp “de forma reiterada, a cualquier hora del día y de la tarde”.
El general Castejón pudo ver todos los mensajes y escuchar los audios que había mandado el coronel a la comandante durante esos meses de baja.
Aparte de la comandante, un subteniente del Ejército de Tierra destinado en la misma jefatura también relató llamadas del coronel constantes y fuera de horario laboral, órdenes para realizar funciones impropias de su puesto como llevar el coche oficial a lavar o a repostar... hasta que él fue al médico y le dieron de baja.
Preguntó a otros oficiales de Intervención, y a una teniente coronel médico, que declararon no haber sido testigos de presiones del coronel a la comandante.
Con todos esos testimonios, el general enviado desde Madrid concluyó que no podía determinar de forma clara e inequívoca que la actitud del coronel hacia la comandante y el subteniente se debiera considerar como acoso profesional.
Su decisión final fue proponer que su informe, del 28 de febrero, se enviara a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, de acuerdo con el Protocolo de actuación del Ministerio de Defensa frente al acoso profesional en las Fuerzas Armadas.
El director de Personal lo mandó a la Fiscalía
El interventor general de la Defensa, el general Gómez Corral, envió el informe al director general de Personal, advirtiéndole de que el comandante y el subteniente podrían haber sido objeto por parte del coronel de posibles conductas presuntamente constitutivas de acoso profesional.
El director general de Personal, el general de división del Cuerpo de Intendencia de la Armada José Ramón Velón Ororbia, solicitó entonces tres informes: del Gabinete de Psicología del Servicio Sanitario de la Base Naval de Rota; del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales; y del Equipo de Valoración de Acoso Profesional de la División de Igualdad y Apoyo Social al Personal, del ministerio.
Esos tres informes concluyeron que los hechos “no serían constitutivos de acoso profesional a los efectos del protocolo”. El motivo es que concurrían varias, pero no todas las condiciones: por ejemplo, la presencia de conductas de violencia psicológica intensa y la reiteración y prolongación en el tiempo de dichas conductas por un período superior a seis meses.
Pero el director general de Personal señaló que eso, que la situación no encajara exactamente en el protocolo frente al acoso, no impedía que las conductas presuntamente protagonizadas por el coronel interventor respecto de la ya teniente coronel (había ascendido desde comandante) “pudieran incardinarse en algunas de las faltas disciplinarias, o incluso en alguno de los delitos militares” contemplados en la legislación.
Citó varios puntos del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas que castigan como falta muy grave actos de acoso profesional, y artículos del Código Penal Militar que tipifican como delito también los actos de acoso.
En vista de todo ello, la decisión final del director general de Personal del Ministerio de Defensa fue dar cuenta a la Fiscalía Togada, “por estimar que los hechos pudieran ser constitutivos de delito militar”. Así lo firmó en un informe de 25 de abril de 2024.
El asesor jurídico de la Defensa vio delitos
Pero en ese mismo mes de abril hubo antes otros movimientos. El Juzgado Togado Militar Central número 2 inició actuaciones el 24 de abril de 2024, teniendo por denunciante a la teniente coronel interventor.
Por razón de empleo, a un coronel no le puede juzgar un Tribunal Militar Territorial, sino el Tribunal Militar Central, que tiene dos juzgados instructores. Uno de ellos, el segundo, fue el que inició esas actuaciones por la denuncia de la teniente coronel.
Hubo más actuaciones. La Fiscalía Jurídico Militar del Tribunal Militar Central recibió el 15 de abril documentación enviada por la Intervención General de la Defensa, sobre lo sucedido en la Jefatura Territorial de Intervención número 6, de Rota.
No sólo eso, sino que también le llegó a la Fiscalía un informe del asesor jurídico general de la Defensa, general consejero togado Ángel Turienzo Veiga. Al asesor jurídico le había llegado la documentación de la Intervención General de la Defensa, y entendió que los hechos relatados podrían revestir carácter delictivo.
Así que decidió, el 11 de abril, remitir el caso a la Fiscalía Jurídico Militar del Tribunal Militar Central
Tres asuntos distintos
Los hechos referidos al coronel interventor que, a juicio de la Fiscalía, pudieran ser constitutivos de delito, se agrupaban en tres puntos.
El primero sí se refería a las “intensas presiones” ejercidas sobre el personal y las bajas médicas registradas.
Pero los otros dos eran asuntos distintos, si bien también tenían como protagonista al coronel.
Por un lado, se apuntaba que podría haber “ausencia de constancia documental (reconocimiento médico) en certificado de superación de pruebas físicas”. Resulta que el coronel interventor presentó en diciembre de 2023 un certificado de superación de pruebas físicas, y en el apartado de reconocimiento médico figuraba como “Apto”.
Sin embargo, en la Junta de Educación Física y Deportes de la Base Naval de Rota no había constancia documental de ese reconocimiento médico, que es obligado para superar las pruebas físicas que periódicamente deben pasar los militares.
Otro asunto sobre el que la Fiscalía proponía investigar se refería a “irregularidades en comisiones de servicio”, en las que el coronel interventor, teniendo autorizado el uso de vehículo particular y kilometraje, solicitó vehículo oficial para su traslado o bien adquirió billetes de Renfe con la Tarjeta de Identificación Militar, aplicando el descuento que existe para los militares.
La fiscal pidió tres diligencias previas
La coronel fiscal jefe del Tribunal Militar Central, María de Lluch Pérez-Lucerga, solicitó incoar tres procedimientos distintos de diligencias previas sobre el coronel interventor.
En primer lugar, consideró necesario aclarar los hechos sobre las “intensas presiones” a la teniente coronel y al subteniente y sobre las bajas médicas en la unidad.
Sobre el reconocimiento médico para las pruebas físicas, consideró que los hechos presuntamente imputables eran aparentemente constitutivos de un delito de deslealtad del artículo 55 del Código Penal Militar.
Ese artículo castiga con la pena de seis meses a cuatro años de prisión al militar “que sobre asuntos del servicio diere a sabiendas información falsa o expidiere certificado en sentido distinto al que le constare”.
Así que solicitó incoar unas segundas diligencias previas, centradas en este asunto.
Por último, propuso otra pieza separada, terceras diligencias previas, sobre las comisiones de servicio que se habían autorizado al coronel. En este caso, contaba con información de la Dirección General de Asuntos Económicos de la Armada sobre posibles irregularidades cometidas en Rota por el coronel.
Se trataba de dinero que el coronel habría cobrado por viajes de trabajo. En el informe de la Fiscalía se citaba, por ejemplo, un traslado a Madrid para asistir a la imposición de la faja de general de brigada interventor a María Teresa Gordillo, a principios de octubre de 2023. Gordillo es la actual interventora general de la Defensa, sucedió en el cargo a Gómez del Corral.
“Las irregularidades denunciadas pueden constituir un presunto delito contra el patrimonio en el ámbito militar del Título V del Libro II del Código Penal Militar”, consideró la Fiscalía, y por eso solicitó la incoación de diligencias previas.
En total, pidió a los jueces militares abrir tres procedimientos de diligencias previas, y citar como investigado en ellos al coronel interventor.
El juez incoó diligencias
El coronel sustituto del Juzgado Togado Militar Central número 2 ordenó el 30 de abril incoar diligencias previas acerca de las “presiones laborales” al personal de la Jefatura Territorial de Intervención número 6, de Rota.
El coronel interventor designó abogados en su defensa.
La teniente coronel interventor se personó como acusación particular, también con su abogado.
El juez citó a declarar entre el 28 y el 29 de mayo a nueve personas: la teniente coronel interventor; el subteniente que también acusaba al coronel de presiones laborales; dos capitanes, una teniente y un funcionario civil de la misma Jefatura Territorial de Intervención de Rota; un teniente de la Intervención General de la Defensa; un general de brigada interventor retirado, que en enero de 2024 trasladó al interventor general el caso de la entonces comandante de baja médica; y otra coronel interventor.
Acaba de archivar las “presiones laborales”
Fuentes conocedoras del caso consultadas por Confidencial Digital aseguran que también se incoaron diligencias previas por los otros dos asuntos, como había solicitado el fiscal togado: por las comisiones de servicio y por el reconocimiento médico para las pruebas físicas.
Por este último caso, declararon varios coroneles, uno médico y otro de la junta de educación física y deportes de Rota, así como un sargento 1º, todos ellos con algún papel en ese procedimiento por el que se evalúa el estado físico de los militares.
En cuanto a las comisiones de servicio, el propio coronel investigado tuvo que declarar ante el juez a finales de 2024.
Confidencial Digital pudo confirmar por varias fuentes que este 19 de febrero el juez togado instructor archivó las diligencias previas sobre las presuntas presiones laborales a personal bajo mando del coronel.
Las otras dos diligencias previas se siguen instruyendo, según las mismas fuentes.
Investigado durante la tramitación de la medalla
En cualquier caso, las tres diligencias previas estaban en marcha en todo el proceso de propuesta y aprobación de la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco.
Hay que señalar que el coronel cesó en el puesto en la Jefatura Territorial de Intervención número 6, en Rota, en verano. Fue entonces destinado al Cuartel General del Aire, en Madrid, a la intervención de dicho cuartel general, que dirige la general de brigada interventor María Luisa Manzanera.
Causó cierta sorpresa que con sólo unos pocos meses destinado en el Cuartel General del Aire, ya fue propuesto para recibir la Cruz del Mérito Aeronáutico.
Las propuestas de condecoraciones que se aprueban en torno a la Pascua Militar se suelen elevar en torno al mes de octubre. La resolución por la que fue condecorado este coronel la firmó el JEMA el 18 de diciembre.
Fuentes consultadas por ECD apuntan que la propuesta de conceder esa medalla a este coronel interventor partió de la jefa de la Intervención del Cuartel General del Aire, la general Manzanera.
Hay que insistir en que en todas esas fechas, el coronel ya tenía la condición de investigado en varias diligencias previas en los juzgados togados militares centrales. De ahí que, según la norma citada más arriba, la propuesta de condecoración tenía que llevar añadido un informe sobre esas causas judiciales abiertas.
Las fuentes consultadas no confirman que ese informe se adjuntara a la propuesta de medalla.
Confidencial Digital se puso en contacto con el Cuartel General del Aire el lunes 17 de febrero, para recabar una versión oficial sobre todo este asunto.
Planteó las siguientes preguntas:
1) En la concesión de la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco al coronel interventor, ¿se informó al JEMA de esas tres causas judiciales abiertas?
2) ¿La Asesoría Jurídica del Ejército del Aire aprobó la concesión de la cruz al coronel interventor pese a esas tres diligencias previas en las que está siendo investigado? ¿Con qué argumentos?
3) Las cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, se conceden “por méritos, trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos, que se efectúen durante la prestación de las misiones o servicios que ordinaria o extraordinariamente sean encomendados a las Fuerzas Armadas o que estén relacionados con la Defensa”. ¿Por qué méritos, trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos fue condecorado el coronel interventor?
4) ¿Quién propuso al coronel interventor para ser condecorado? ¿Fue la general de brigada interventor María Luis Manzanera?
4) ¿Qué puesto ocupa el coronel interventor en el Cuartel General del Aire?
Una consulta similar, con preguntas enfocadas tanto a la concesión de la medalla como a la situación judicial, envió Confidencial Digital al despacho de abogados que defiende al coronel interventor.
Tanto el Cuartel General del Aire como los abogados que representan a este coronel optaron por no responder a las preguntas planteadas, y no hacer ninguna otra declaración sobre este asunto.
Cuatro puntos en la evaluación para el ascenso
Ya se ha indicado que la norma sobre condecoraciones militares no prohíbe conceder una medalla a un militar que esté incurso en una investigación judicial, pero sí obliga a informar sobre esas causas, cabe entender que para que la autoridad superior que aprueba la concesión tenga en cuenta esa circunstancia.
La concesión de la condecoración a este coronel tiene su importancia. Como se ha señalado, realizó el Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General, y de acuerdo con fuentes conocedoras del caso, ya fue evaluado en 2024 para el ascenso a general de brigada.
No ascendió, pero aún le quedan más evaluaciones, incluida la de este 2025, que se prevé que comience en marzo.
La Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco que le concedió el Jefe de Estado Mayor del Aire le supondrá más puntos en la evaluación.
La Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional, establece que una cruz del Mérito Militar, Naval o Aeronáutico con distintivo blanco suma 4 puntos en las evaluaciones.
