El decreto que autoriza el acuerdo con el FMI ya es oficial: los detalles y plazos
Se publicó pasada la medianoche en el Boletín Oficial. Según el texto, el acuerdo con el FMI tendrá un plazo de amortización de diez años, con un período de gracia de cuatro años y seis meses, y estará destinado exclusivamente a la cancelación de deudas preexistentes.
El presidente Javier Milei puso su firma en el DNU que autoriza al Gobierno a celebrar un acuerdo con el FMI en el marco de un Programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés). La norma fue publicada este martes en el Boletín Oficial.
Según señala el Decreto 179/2025 en sus considerandos, la aprobación del acuerdo se justifica en la urgencia de solucionar el deterioro del balance del BCRA y despejar la carga de vencimientos del Tesoro Nacional en los próximos años. Además, también destaca la necesidad de avanzar en la flexibilización del mercado cambiario -cuya explicitación es el cepo- para mejorar la eficiencia económica y facilitar la inversión a largo plazo.
El Ministerio de Economía tendrá a su cargo la firma de los instrumentos necesarios para implementar el acuerdo. Por otra parte, el decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación para su tratamiento legislativo.
Acuerdo con el FMI: cómo será el programa
El acuerdo con el FMI tendrá un plazo de amortización de 10 años, con un período de gracia de cuatro años y seis meses, y estará destinado exclusivamente a la cancelación de deudas preexistentes.
El texto, sin embargo, no hace mención al monto. Se barajaba, hasta este momento, que sería de 20.000 millones, pero no hay precisiones al respecto.
Puntualmente, el programa permitirá cancelar:
- Letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del BCRA, priorizando aquellas con vencimiento más próximo.
- Obligaciones derivadas del Programa de Facilidades Extendidas firmado en 2022, cuyos vencimientos operen dentro de los próximos cuatro años.
Según señala el Decreto 179/2025 en sus considerandos, la aprobación del acuerdo se justifica en la urgencia de solucionar el deterioro del balance del BCRA y despejar la carga de vencimientos del Tesoro Nacional. 
Un contexto crítico
El decreto detalla que, al asumir la actual administración en diciembre de 2023, la economía argentina se encontraba en una situación crítica.
Las reservas internacionales netas del BCRA mostraban un saldo negativo de u$s 11.200 millones, la inflación interanual alcanzaba el 211,4 %, y los índices de pobreza e indigencia se ubicaban en el 54,8 % y el 18,1 %, respectivamente. Además, la brecha cambiaria superaba el 180 %, un récord histórico que reflejaba la profunda distorsión de los precios relativos.
Frente a este escenario, el Gobierno implementó un plan de estabilización que incluyó un fuerte ajuste fiscal, la corrección del tipo de cambio oficial y la eliminación progresiva de los controles de capitales. Estas medidas permitieron reducir la inflación mensual al 2,7 % en diciembre de 2024 y acumular un incremento de u$s 7.034 millones en las reservas internacionales netas al 6 de marzo de 2025.
Sin embargo, el decreto advierte que "la reconstrucción de la República Argentina exige adoptar, de manera sostenida, medidas que permitan consolidar la estabilización de la macroeconomía".
El decreto completo
Fundamentos legales y urgencia económica
El decreto realiza una extensa fundamentación legal contra la Ley Guzmán (27.612), que exige la aprobación del Congreso para operaciones de crédito público con el FMI, y la 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia.
No obstante, el Gobierno argumenta que la gravedad de la situación económica justifica la emisión del DNU sin esperar el trámite legislativo ordinario.
"La volatilidad de las variables económicas generada por la incertidumbre que provoca la baja calidad del activo del Banco Central de la República Argentina impide seguir el trámite ordinario de las leyes sin que pueda verse afectado el éxito del programa de estabilización económica", señala el decreto. Además, se cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avala la emisión de DNU en casos de "grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico". Según señala el Decreto 179/2025 en sus considerandos, la aprobación del acuerdo se justifica en la urgencia de solucionar el deterioro del balance del BCRA y despejar la carga de vencimientos del Tesoro Nacional. 
Reacciones y expectativas
El anuncio del decreto, la semana pasada, generó reacciones inmediatas en el ámbito político y económico. Sectores oficialistas celebraron la medida como un paso necesario para garantizar la estabilidad macroeconómica y recuperar el acceso a los mercados internacionales de capitales. "Este acuerdo es fundamental para consolidar la reducción de la inflación y la pobreza, dos de los principales objetivos de nuestra gestión", afirmó un alto funcionario del Ministerio de Economía.
Por su parte, algunos legisladores opositores cuestionaron la decisión de recurrir a un DNU en lugar de someter el acuerdo al debate parlamentario. "El Congreso tiene la facultad de aprobar operaciones de crédito público, y es importante que se respete ese mecanismo", señaló un diputado de la oposición. Sin embargo, el decreto recuerda que, según la interpretación del propio Congreso en 2022, "la competencia que corresponde al H. Congreso de la Nación no es la de aprobar los términos y las condiciones de un acuerdo celebrado con el Fondo Monetario Internacional, sino la de aprobar la operación de crédito público mediante la sanción de una ley".
