Dos 'riders' de la CGT podrán acusar al fundador de Glovo en la causa penal que investiga sus falsos autónomos
La Audiencia de Barcelona rebaja la fianza que la magistrada del caso había impuesto a los repartidores, que ejercerán la acusación popularEl jefe de Glovo admite a la jueza que la regularización de los 'riders' busca evitar “discusiones” con Inspección de Trabajo Dos 'riders' del sindicato CGT podrán acusar al fundador de Glovo, Oscar Pierre, en la causa penal que investiga por un delito contra los derechos de los trabajadores la operativa de falsos autónomos con la que funcionó la compañía durante años. Así lo ha decidido la Audiencia de Barcelona, que ha rebajado la fianza que la jueza del caso había impuesto a los repartidores para poder personarse. Con la decisión judicial, la investigación abierta en Barcelona, en una causa pionera en España por el modelo de falsos autónomos de Glovo, suma a los dos repartidores como acusación popular. La jueza les había inicialmente impuesto una fianza de 20.000 euros para poder acusar a Pierre, pero la Audiencia de Barcelona atiende el recurso de los repartidores y les rebaja a 1.000 la cantidad a depositar para poder personarse como acusación popular. Los repartidores reclamaban poder personarse como acusación particular, esto es, como perjudicados directos de la operativa laboral de Glovo. Tanto la jueza instructora como la Audiencia de Barcelona, sin embargo, han decidido que los 'riders' sean acusación popular ya que, aunque son trabajadores de la empresa, no los consideran directamente “perjudicados” por el delito investigado. Según argumenta el tribunal, ambos trabajadores de Glovo no constan en ninguna de las actas de las Inspecciones de Trabajo de Barcelona ni han sido parte actora en los procedimientos judiciales cuya condición de falsos autónomos han venido declarando los juzgados sociales. Tampoco constan en la denuncia presentad apor la Fiscalía y en la documentación aportada a la causa, por lo que, según concluyen los magistrados, deben ejercer la acusación popular en vez de la particular. En su declaración como investigado, el fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, alegó ante la jueza que la regularización de las condiciones laborales de miles de 'riders' anunciada por la empresa el pasado mes de diciembre busca la paz social y evitar nuevas “discusiones” con la Inspección de Trabajo, aunque la desligó de su causa penal. La defensa de Pierre, que ejerce el abogado Cristóbal Martell, aduce que Glovo jamás ha desatendido a requerimientos y resoluciones judiciales referidas a su modelo de relación con los repartidores, y que ha ido modificando su operativa para cumplirlos. La clave para que la jueza decida si envía o no el caso a juicio será la existencia de suficientes indicios que constaten que Glovo mantuvo su modelo laboral de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal en 2020. Así lo cree la Fiscalía, que acusa al directivo de “suprimir” los derechos de los repartidores. Por el contrario, la defensa de Pierre sostiene que sí cambió su modelo de relaciones laborales con los riders, adecuándolo a las condiciones fijadas por el Supremo para mantener como autónomos a los repartidores. Están pendientes de testificar los inspectores de trabajo que levantaron las actas sobre los falsos autónomos. Además de esta causa penal contra su fundador, la compañía tiene un horizonte de litigios derivados de su operativa laboral: la empresa Just Eat, que sí tiene a los repartidores contratados como empleados reclama a Glovo 295 millones de euros por competencia desleal, mientras que el importe en cotizaciones impagadas y multas de la Inspección de Trabajo asciende a 200 millones.
La Audiencia de Barcelona rebaja la fianza que la magistrada del caso había impuesto a los repartidores, que ejercerán la acusación popular
El jefe de Glovo admite a la jueza que la regularización de los 'riders' busca evitar “discusiones” con Inspección de Trabajo
Dos 'riders' del sindicato CGT podrán acusar al fundador de Glovo, Oscar Pierre, en la causa penal que investiga por un delito contra los derechos de los trabajadores la operativa de falsos autónomos con la que funcionó la compañía durante años. Así lo ha decidido la Audiencia de Barcelona, que ha rebajado la fianza que la jueza del caso había impuesto a los repartidores para poder personarse.
Con la decisión judicial, la investigación abierta en Barcelona, en una causa pionera en España por el modelo de falsos autónomos de Glovo, suma a los dos repartidores como acusación popular. La jueza les había inicialmente impuesto una fianza de 20.000 euros para poder acusar a Pierre, pero la Audiencia de Barcelona atiende el recurso de los repartidores y les rebaja a 1.000 la cantidad a depositar para poder personarse como acusación popular.
Los repartidores reclamaban poder personarse como acusación particular, esto es, como perjudicados directos de la operativa laboral de Glovo. Tanto la jueza instructora como la Audiencia de Barcelona, sin embargo, han decidido que los 'riders' sean acusación popular ya que, aunque son trabajadores de la empresa, no los consideran directamente “perjudicados” por el delito investigado.
Según argumenta el tribunal, ambos trabajadores de Glovo no constan en ninguna de las actas de las Inspecciones de Trabajo de Barcelona ni han sido parte actora en los procedimientos judiciales cuya condición de falsos autónomos han venido declarando los juzgados sociales. Tampoco constan en la denuncia presentad apor la Fiscalía y en la documentación aportada a la causa, por lo que, según concluyen los magistrados, deben ejercer la acusación popular en vez de la particular.
En su declaración como investigado, el fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, alegó ante la jueza que la regularización de las condiciones laborales de miles de 'riders' anunciada por la empresa el pasado mes de diciembre busca la paz social y evitar nuevas “discusiones” con la Inspección de Trabajo, aunque la desligó de su causa penal.
La defensa de Pierre, que ejerce el abogado Cristóbal Martell, aduce que Glovo jamás ha desatendido a requerimientos y resoluciones judiciales referidas a su modelo de relación con los repartidores, y que ha ido modificando su operativa para cumplirlos.
La clave para que la jueza decida si envía o no el caso a juicio será la existencia de suficientes indicios que constaten que Glovo mantuvo su modelo laboral de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal en 2020. Así lo cree la Fiscalía, que acusa al directivo de “suprimir” los derechos de los repartidores. Por el contrario, la defensa de Pierre sostiene que sí cambió su modelo de relaciones laborales con los riders, adecuándolo a las condiciones fijadas por el Supremo para mantener como autónomos a los repartidores. Están pendientes de testificar los inspectores de trabajo que levantaron las actas sobre los falsos autónomos.
Además de esta causa penal contra su fundador, la compañía tiene un horizonte de litigios derivados de su operativa laboral: la empresa Just Eat, que sí tiene a los repartidores contratados como empleados reclama a Glovo 295 millones de euros por competencia desleal, mientras que el importe en cotizaciones impagadas y multas de la Inspección de Trabajo asciende a 200 millones.
