Denuncian a sindicalistas por desviar $ 304 millones de una obra social intervenida
Los extitulares hicieron transferencias con fondos una vez que el Presidente la intervino. El caso fue presentado en la Justicia. En los recibos de transferencia consta que $ 250 millones fueron orientados a un mismo destinatario
A través del Ministerio de Salud de la Nación, la administración libertaria de Javier Milei continúa con la premisa de reordenamiento del sistema de salud, que en el plano de las obras sociales sindicales se aplicaron dos medidas centrales: el recorte y redirección de subsidios a entidades más pequeñas -que han servido de caja para diversos gremios- y la intervención de aquellas que, lisa y llanamente, se verificó que acarreaban amplias irregularidades.
Una de las entidades intervenidas por la Casa Rosada fue la Obra Social de Fotógrafos (OSF). La medida se publicó en el Boletín Oficial el último 26 de febrero y responde, según la versión de los inspectores de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a detecciones de "graves incumplimientos y serias irregularidades" en las auditorías realizadas.
Según consta en el mismo Decreto 129/2025 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones; se notificaron deficiencias en las auditorías que la misma obra social debía hacerle a los prestamistas, así como faltantes de informes y las rendiciones de cuentas financieras. Entre los puntos más enfatizados por los auditores se destacan las "importantes fallas en el control interno" que había en la OSF.
Una vez intervenida, la obra social quedó en manos del licenciado Salvador Macedonio, a quien le fueron transferidas las facultades administrativas y de ejecución de dinero. Esto, sin embargo, no fue suficiente para que detrás suyo se hicieran movimientos pergeñados por los exconductores de la entidad.
Las transferencias millonarias que complican a los sindicalistas
Ese mismo 26 de febrero, el equipo de Macedonio concurrió a la sucursal "Plaza de Mayo" del Banco Nación a tramitar la cancelación de cualquier operación financiera que pudieran hacer el entonces titular de la OSF, Víctor Manuel Lamas, y la tesorera, Marta Silvia Grasso. Ese trámite no pudo terminar de efectuarse esa jornada, teniendo 48 horas de duración para poder aplicarse.
Durante esas horas, y según registros a los que tuvo acceso El Cronista, la exconducción de la obra social logró desviar de la cuenta bancaria oficial un total de $250 millones destinados a una empresa cordobesa denominada Bienestar Salud SA, una empresa de medicina prepaga que está regulada por la SSS y sobre la que, por el momento, no se posa la lupa por presuntas irregularidades. El recibo con la primera de las transferencias millonarias hechas por los exconductores de la OSF
"El escándalo es que liberaron $ 250 millones sin estar autorizados para hacerlo", afirmó una fuente al tanto del caso. Y es que los responsables de la intervención se enteraron el mismo 27 de febrero al consultar el estado bancario con agentes del Banco Nación.
Ese monto de $ 250 millones fue transferido en dos partes: una de $ 196 millones el 26 de febrero (el mismo día que se publicó el decreto) a las 19:34 horas; y otro
de $ 54 millones
al día siguiente a las 07:55 horas. Las autorizaciones fueron hechas tanto por Lamas como por Grasso. El decreto firmado por Javier Milei y publicado el 26 de febrero en el Boletín Oficial
Además, los registros bancarios a los que accedió este medio consignan otras seis transferencias hechas a diferentes cuentas: cuatro a personas jurídicas particulares y dos a destinatarios sobre los que no se tiene información. El total de las operaciones fue de $ 23,7 millones.
El foco de las presentaciones judiciales -que ya hizo la Superintendencia de Servicios de Salud- está puesto en que fueron maniobras que no estaban autorizados a realizar, puesto que la OSF ya estaba en manos de Macedonio. "Esto agrava la situación de los sindicalistas, por cuya mala praxis ya habían sido corridos de la gestión", afirmaron.
Una versión que acerca una fuente cercana a este caso es que los $ 250 millones estaban plasmados en una adenda firmada previamente: "Era un adelanto que estaba fijado por servicios que habían comenzado a prestar desde el 1 de febrero y que recién se iban a cubrir el mes de abril. Es monto era simplemente un adelanto. La cuestión no es la transferencia en sí, sino que los sindicalistas manejaron plata después de la publicación del decreto presidencial".
