De las colusiones y omisiones a la investigación seria y transparente

Las medidas anunciadas por Claudia Sheinbaum para tratar de solucionar la crisis de personas desaparecidas marcan un tajante e irreversible rompimiento con la política de “abrazos, no balazos”.

Mar 21, 2025 - 12:55
 0
De las colusiones y omisiones a la investigación seria y transparente

Por si aún había quienes afirmaban que la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum sería una extensión de la estrategia de la administración anterior, las medidas anunciadas por la mandataria para tratar de solucionar la grave crisis humanitaria de personas desaparecidas y no localizadas marcan un tajante e irreversible rompimiento con los “abrazos, no balazos”.

Como mencionamos en este espacio, la crisis de desapariciones no es nueva y se ha venido gestando por más de una década hasta sumar la friolera de 124 mil 963 personas, cuyo paradero se desconoce, y más de 55 mil cuerpos sin identificar en morgues, fosas comunes, fiscalías y cementerios a lo largo y ancho del país.

Para este problema social existen diagnósticos nacionales e internacionales, experiencias como la de Colombia, que han servido para tratar de hallar una salida de este triste laberinto de dolor e impunidad. Para tratar de hallar un atisbo de luz sobre este delito se creó la Comisión Nacional de Búsqueda en noviembre de 2017, pero la realidad es que, a pesar de los esfuerzos de la administración anterior por sistematizar la búsqueda y localización de personas, esta tarea no prosperó y terminó generando incluso más dudas, como el supuesto rasurado del padrón del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana y la destitución de la titular de la Comisión, Karla Quintana.

Por eso es destacable que, ante el hallazgo de más de mil artículos personales y las incógnitas que levanta el caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco –que según testimonios de sobrevivientes funcionaba como un campo de reclusión y entrenamiento del crimen organizado–, Sheinbaum haya respondido a la crisis con una verdadera política de Estado, es decir, una aproximación tanto legal como instrumental que busca atajar este problema.

Para ello, la mandataria electa más popular del mundo –con un 85% de aprobación– lanzó seis decretos e iniciativas de ley que buscan organizar el desastre en la sistematización de información, empezando por los datos que recolectan las fiscalías estatales y los servicios forenses, que no están ni de cerca homologados, el reconocimiento de fallas en la plataforma del registro de personas desaparecidas y otras medidas de gran calado como el reforzamiento del Centro Nacional de Identificación Humana; equiparar la desaparición de personas con el secuestro; agilizar la búsqueda inmediata de personas y el fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Según organizaciones de padres y madres buscadoras, que viven de primera mano este flagelo, el andamiaje jurídico ya existe; sin embargo, la corrupción y la impunidad impiden el cumplimiento de las leyes.

Y es que el hallazgo y los horrores descritos en Teuchitlán, si dejan una cosa clara entre tanta incertidumbre, es la falta de coordinación entre autoridades y gobiernos estatales y municipales, que ya sea por negligencia o complicidad han dejado avanzar este problema hasta alcanzar las dimensiones actuales.

Al menos así queda de manifiesto con la atinada intervención del fiscal general de la República, quien señaló la cantidad de pifias y omisiones en las que incurrió la Fiscalía de Jalisco al investigar el caso del Rancho Izaguirre el año pasado, cuando la Guardia Nacional detuvo a 10 presuntos delincuentes en ese lugar.

Es claro que con las acciones correctas, el imperio de las leyes y el compromiso de las autoridades federales se busca esclarecer este caso y en el muy corto plazo.

Sotto Voce

A pesar de los esfuerzos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para investigar casinos y evitar extorsiones, en Naucalpan parece que la ley que manda es la de la opacidad. En 2022, la exalcaldesa de ese municipio mexiquense, Angélica Moya Marín, a pesar de no estar facultada, otorgó un permiso para la operación del casino Jubilee a la empresa regiomontana Logrand Entertainment Group. Ahora los vecinos de Santa Cruz Acatlán recuerdan la ilegalidad que tendió el camino para este negocio sin que hasta el momento haya una solución…

Estupenda intervención del senador Ricardo Anaya, quien en un foro de estudiantes internacionales, y en perfecto inglés, reviró a Donald Trump sobre el supuesto “robo” de México hacia EU y dio una clase de Historia a los jóvenes al indicarles que ese país se hizo de más de la mitad del territorio nacional en el siglo XIX.